La ola de calor agravó la crisis hídrica que atraviesa la provincia por falta de inversiones en el sector. El Gobierno salió con varios anuncios de obras esta semana.
Una camioneta de ANSES fue fotografiada este domingo en una estación de servicio de YPF en Potrerillos, Luján de Cuyo. La particularidad de la foto estuvo marcada por las cervezas y la heladerita que se ven en el utilitario, lo cual sirvió como eje para la crítica desplegada por cientos de mendocinos en las redes sociales.
Desde la agencia regional de Cuyo de la Administración Nacional de Seguridad Social señalaron que se trata de una de las camionetas de la Dirección Territorial que a partir de este lunes 10 de enero está brindando información y realizando trámites en distintos puntos de Mendoza, como parte del operativo ANSES Verano.
ANSES, por su parte, informó que están tomando todas las medidas del caso e iniciando la investigación correspondiente.
A través de la Agencia Territorial en Mendoza del ministerio de Trabajo de la Nación, se puso en marcha en cinco municipios el programa Buena Cosecha que implica un financiamiento de $24 millones para contener 3.080 niños, hijos de trabajadores rurales.
En el inicio de la temporada fuerte del sector agrícola-vitivinícola se puso en operatividad el programa que busca fortalecer jardines maternales y centros de contención para niños y adolescentes en zonas rurales para evitar el trabajo infantil en las fincas.
Los municipios beneficiados por Nación fueron Maipú y Tunuyán, los dos comandados por intendentes peronistas, y San Martín, Tupungato y Luján de Cuyo, de Cambia Mendoza.
La histórica disputa entre Mendoza y La Pampa por la obra de Portezuelo del Viento, que de hecho mantiene frenado el proyecto a la espera del laudo presidencial, no se agota sólo allí. La vecina provincia ha cuestionado también el desarrollo de la mina de Potasio Río Colorado, y la intención de Mendoza de realizar, como plan B a Portezuelo, el dique El Baqueano, en el río Diamante de San Rafael.
Todas esas continuas trabas enfurecieron al titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, quien aseguró que "los pampeanos claramente, y con cierto apoyo de la Nación, pretenden comanejar todo el sistema hídrico de Mendoza. Quieren sentarse en la mesa para que acordemos como se maneja esto", se quejó el funcionario en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.
Según el funcionario, el Gobierno pampeano pretende frenar ahora la obra de El Baqueano sin fundamento alguno, "incluso a costa de la producción, no les importa nada", remarcó y argumentó que este dique que se ubicaría entre otros dos diques, el de Agua del Toro y el de Los Reyunos, "no va a variar la oferta hídrica aguas a bajo, que de hecho no la hay, porque es tanta la escasez que hay que aún cuando le pusieramos cuatro diques no variaría".
La crisis de la industria del vidrio, que en Mendoza se agigantó con el incendio de hornos de la fábrica Verallia generando un faltante de botellas, se fue mitigando con distintas operaciones de compra que encararon la Nación, a través del Instituto Nacional del Vino, y la provincia con las gestiones que hizo con la fábrica de Catorinni, y la importación que se pactó con una empresa de Túnez. Esa compra que se promocionó allá por octubre finalmente se concretará esta semana con la llegada del primer cargamento de 524.000 botellas.
Por la época en que arriban, según aporta el sector bodeguero, tanto estas botellas como las del segundo cargamento de 800.000 que ya salieron de aquel país africano, vendrán a saldar la demanda para la vendimia 2022 y a cubrir lo que no se fraccionó de la vendimia anterior.
"Son 14 contenedores que vienen en barco y el viaje demanda entre 35 y 45 días", apuntaron desde el Ministerio de Economía para justificar la demora del cargamento que se pactó a fines de octubre, y luego de varias dilaciones de importaciones se concretó a principios de diciembre.
Lo concreto, según confirmó el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolov, es que ese cargamento llegue a Mendoza esta semana.
Con varios proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo, el 2022 promete mantenerse caliente en el seno de la Legislatura provincial. Rodolfo Suarez irá a la carga una vez más por la reforma institucional; mientras que desde la Subsecretaría de Justicia se buscará avanzar en la aprobación del Código Procesal Penal Unificado, la ampliación del juicio por jurado a otros delitos y la oficina de mediación para causas civiles.
Ya en la Cámara de Senadores se encuentra, desde febrero del año pasado, el proyecto de reforma de la Constitución que no llegó a tratarse en el período legislativo pasado. En este 2022, el radicalismo buscará darle curso nuevamente aunque sabe, de ante mano, que no será una tarea sencilla dado que se necesita el consenso no solo de otros espacios políticos sino también del propio, para dar con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros totales de cada cámara.
La imagen positiva del gobernador Rodolfo Suarez cayó en enero según el ránking de gobernadores que elabora mensualmente la encuestadora cordobesa CB Consultora. El mandatario mendocino, que en diciembre ocupaba el cuarto lugar, cayó ahora al séptimo en este mes y sorpresivamente quien lidera el podio es su par de Jujuy, Gerardo Morales.
Según esa consultora, que desde el inicio de la pandemia fue midiendo la imagen positiva de todos los mandatarios provinciales, en diciembre pasado Suarez contaba con una aprobación del 70,2%, mientras que en el informe de enero consiguió 67%.
Pero la imagen del gobernador mendocino tuvo otros picos que hicieron que en junio del 2021 liderara ese ránking cuando CB midió que había alcanzado la mayor aceptación del país, con el 70,5%.
En cuanto a Morales, en diciembre había obtenido una imagen positiva de 71,8%, quedando entonces en segundo lugar, detrás del sanjuanino Sergio Uñac. Sin embargo, el jujeño subió este mes a 72,4%, quedando primero en el ránking de gobernadores más reciente.
El resultado de esta medición resonó puertas adentro del radicalismo, en donde su mismo presidente Gerardo Morales recibió días atrás furiosas críticas cuando se debatía si los gobernadores de Juntos por el Cambio acudían o no a la reunión que convocaba el ministro de Economía, Martín Guzman, por el acuerdo con el FMI.
La ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, informó este martes que aquellas personas que se consideran contacto estrecho de pacientes con Covid positivo, pero que hayan completado su esquema de vacunación y no presenten síntomas, no tendrán que cumplir ningún aislamiento. El anuncio se dio luego de la reunión que esta mañana se realizó entre todos los ministros de salud del país en el Congreso Federal de Salud (Confesa).
En cambio, los que tengan un contacto cercano con Covid y no tengan el esquema completo o hayan decidido no vacunarse, sí tendrán que cumplir un aislamiento obligatorio de 10 días.
Luego de que el presidente del EMETUR (Ente Provincial de Turismo) de la provincia, Marcelo Montenegro, explicara a Radio Nihuil que el Gobierno evalúa pedir el pase sanitario en la Vía Blanca y el Carrusel, el Gobierno de la provincia salió a aclarar que no se está pensando en este control, aunque sí está abierta la posibilidad de que cada municipio evalúe aplicarlo en los eventos que realice en su departamento.
Entrevistado en el programa Primeras Voces, de Radio Nihuil, sobre eventuales controles que podrían realizarse en los dos actos más populares de la Vendimia, Montenegro expresó textualmente "Seguramente se deberá controlar en esta situación el pase sanitario" y agregó “Desde Cultura tendrán alguna reunión también con los municipios, ya que que tanto Vía Blanca como Carrusel se nutren de la participación municipal por el armado de carros. Por todo lo que significan ambos eventos que forman parte del cronograma vendimial. Seguramente habrá que evaluar a la brevedad qué se hace con esos dos eventos”
Horas después, desde la Gobernación aseguraron que no se tomará tal medida.
"El problema es de todos. A todos nos debería desvelar que no se pierda ni un día de clases por problemas de infraestructura escolar" repiten una y otra vez en Casa de Gobierno. Esa frase es el argumento principal con el que el Gobierno pretende ahora involucrar y convencer a los intendentes para que sean ellos quienes arreglen las escuelas de sus comunas, algo que históricamente debió solucionar la subsecretaría de Infraestructura escolar, que depende del ministerio de Planificación e Infraestructura.
Para eso el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas ya mantuvo charlas informales con varios jefes comunales contándoles del plan por el cual el Gobierno les pedirá que destinen el 30% de los fondos de coparticipación que reciben por la ley nacional de Financiamiento Educativo en los arreglos que necesiten los edificios escolares de sus comunas. De hecho, algo se les adelantó a principios de diciembre en una reunión que mantuvo el titular de la DGE con el ex ministro de Hacienda Lisandro Nieri y su par de Gobierno, Víctor Ibáñez y los jefes comunales.
El intendente de Lavalle, Roberto Righi, informó este miércoles que firmó un convenio con el Sindicato de Trabajadores Municipales para acordar un aumento salarial del 51% durante este año para las y los empleados municipales de todas las categorías de planta.
Durante una reunión en la Municipalidad de Lavalle se acordó que el incremento de los suelos será escalonado de la siguiente manera: en enero el 15%, en abril será del 12%, para setiembre del 15% y en noviembre del 9%.
Righi afirmó en su cuenta de Twitter: "Quiero comunicar una importante noticia para nuestro personal de planta de la Municipalidad, cerramos un acuerdo paritario que implicará el aumento del 51% para todas las categorías de planta. Me genera mucha satisfacción poder brindarles este aumento a nuestros trabajadores".
El intendente Emir Félix llevaba varios temas en carpeta a la reunión que tuvo este miércoles con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero hizo foco en uno que le preocupa bastante y es que necesita el respaldo de la Nación para continuar con uno de los proyectos más ambicioso del sureño: el paso a Chile por Las Leñas, obra que era anunciada por el Gobierno para arrancar en julio del 2021.
Para darle continuidad a los estudios geológicos que requiere ese paso, Félix necesita que Manzur coordine con Cancillería las reuniones con las autoridades chilenas y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, las tareas que requiere, pero también le urgen definiciones de las partidas presupuestarias que eran para esa obra y que estaban previstas en el Presupuesto nacional 2022, pero que ahora vuelven a ser una incógnita.
"Con Manzur hablamos de la situación de ese proyecto del paso Las Leñas, que se trata con un ente binacional. Chile ya pagó los estudios geológicos de superficie y el compromiso era que nosotros pagábamos los estudios de profundidad para determinar la calidad geológica del tramo en que se hará el túnel. En el Presupuesto 2021 ya estaban contempladas partidas cercanas a los $50 millones y se establecía las partidas estimativas para los años siguientes, pero ahora que no tenemos Presupuesto nacional hay que ver cómo se reconduce aquel presupuesto y cómo se aseguran esas partidas", planteó Félix a la salida de la reunión con Manzur.
Luego de acordar conveniencias y pretensiones, el próximo martes 18 se haría la pospuesta reunión del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán y los gobernadores de Juntos por el Cambio por el acuerdo con el FMI. Sin embargo, en la foto de los asistentes faltará el gobernador Rodolfo Suarez, quien para ese día ya estará de vacaciones con su familia en la Costa Atlántica. En su lugar, y en representación de Mendoza, acudirá el senador nacional Alfredo Cornejo.
Desde la negativa de los cuatro gobernadores de la oposición a ir a la reunión en la que el presidente Alberto Fernández y Guzmán habían convocado a los 23 gobernadores el 5 de enero para mostrar el respaldo a las negociaciones del Gobierno con el FMI, hubo reproches y furiosos pases de facturas. Los radicales y el jefe de Gobierno porteño cuestionaron que al Gobierno sólo le interesaba la foto del "respaldo político" al acuerdo, y que Guzmán no había dado las precisiones necesarias sobre el acuerdo que lleva adelante por la refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares.
En el Gobierno, por su lado, se quejaron de las exigencias de los opositores que pretendían que la reunión fuese en el Congreso y pidieron números.
El reclamo de Malargüe por la ejecución de la obra Portezuelo del Viento llegó acompañado del de la pavimentación definitiva de la Ruta 40, en el tramo de 80 km de tierra que une Bardas Blancas con el río Barrancas. El jefe del 4° Distrito de Vialidad Nacional Regional Cuyo, el mendocino Guillermo Amstutz, señaló en diálogo con Diario UNO que desde el organismo nacional "se hace -en el camino- el máximo de lo judicialmente permitido". Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio malargüina, reclamó que se avance con "la decisión de una jueza que tiene la carpeta archivada".
Es que la obra, que comenzó allá por 2015, está paralizada desde fines de 2018 cuando el plano judicial fue tomando cada vez más protagonismo. Después de caer en quiebra, la empresa OPS cedió el contrato de obra pública adjudicada a la firma puntana Chediack pero la síndico Ana María Chiappari invalidó esa cesión y confiscó todos los certificados de obra.
"El trámite administrativo fue autorizado por Vialidad Nacional en su momento pero, en enero de 2019, la Justicia entendió que hubo errores en la metodología de transferencia del contrato", explicó Amstutz sobre la paralización de la obra.
Desde entonces, dice el funcionario y ex senador provincial, "se fueron deteriorando los trabajos aunque desde Vialidad hacemos un mantenimiento diario del camino". "Entendemos que para quienes tienen que transitar por la ruta, esos 80 km de tierra son incómodos" pero "hacemos el máximo de lo judicialmente permitido".
La pelota está en manos de la Justicia, que aparentemente, según señala Amstutz, "no entendió de la importancia de la obra para Mendoza y no permitió, mientras resuelve la cesión de contrato, que los trabajos pudieran continuar". Coincide en esta visión Miras, a quien le "llama la atención la demora".
Los productores vitivinícolas representados por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) expresaron su preocupación por la "megasequía" en Mendoza y brindaron un comunicado en el que manifiestan al gobernador Rodolfo Suarez su apoyo para la "revisión del destino de los fondos excepcionales de la obra Portezuelo del Viento" para destinalos a la concreción de "otras obras prioritarias".
Puntualmente, reflejan que la situación de megasequía que atraviesa Mendoza "será más extrema con el paso del tiempo" y que lo que se advierte en San Juan es la "antesala a lo que viviremos si no tomamos medidas urgentes".
Señala Acovi la necesidad de "contar con un plan de acción que se transforme en Política de Estado para los próximos 20 o 30 años" y que busque el mayor uso eficiente del recurso hídrico de Mendoza.
"La realización de la obra Portezuelo del Viento de la forma en la que está planteada no aporta nada al combate contra la megasequía que vivimos", aportan los productores con firmeza.
Entre las inversiones que "Mendoza necesita", los asociados a Fecovita proponen el Trasvase de aguas del río Grande al Atuel. Esta obra "aliviaría la crítica situación del Sur y reforzaría el desarrollo y ampliación de la matriz agroindustrial, que tanto tiene por dar a la Provincia, muy emparentada a su vez, a la eficientización de la distribución y uso de agua por los usuarios".
a ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, advirtió que ante la falta de insumos por la escalada de la tercera ola de Covid, es necesario aplicar una "estrategia racional del uso del test" para el diagnóstico de la enfermedad.
"A los asintomáticos no hay que testearlos. Hay que reservar los test para los mayores de 60 años y quienes tienen factores de riesgo", aseguró la ministra en diálogo con Radio Nihuil respecto de cómo se encararán las próximas semanas en los centros de testeo de coronavirus en la provincia.
Incluso aseguró que esta estrategia debería ser "independiente de la cantidad de test que haya" y que tiene que ver más con la "lógica y la eficiencia".
Así, reiteró, "a los que están haciendo la fila, tienen síntomas compatibles con Covid y no están con dificultad respiratoria y son contactos estrechos, los confirmamos positivos por nexo".
El plan por el cual el Gobierno pretende que los intendentes se involucren en el arreglo de escuelas, y destinen a ello al menos el 30% de fondos nacionales de la Ley de Financiamiento Educativo, ya despertó polémica. Hay varios jefes comunales que juran desconocerlo y aseguran que quien lo milita, el titular de la DGE José Thomas, nunca les habló de él. Otros oficialistas lo avalan y hay varios que coinciden en que ya gastan en arreglos y asistencia a las escuelas más de lo que reciben por coparticipación.
A un mes y medio del inicio del ciclo lectivo 2022, fijado para el 21 de febrero, son varios los jefes comunales que dicen desconocer por completo el plan del Gobierno para coparticipar la infraestructura escolar. Llamativamente en ese grupo hay tanto mandatarios oficialistas como de la oposición.
"A nosotros nadie nos ha contado nada", fue la primer respuesta que dieron los intendentes de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), de Lavalle, Roberto Righi (PJ) y Rolando Scanio (Frente Renovador, integrante de Cambia Mendoza) de San Carlos, aunque anoticiados por los medios sobre los detalles de este plan, ya tiene posturas distintas.
"Nosotros ya destinamos parte de nuestro presupuesto comunal al arreglo de escuelas. Hay 3 licitaciones, una de $10 millones, la segunda de $15 millones y otra de $20 millones para eso y constantemente estamos asistiendo y ayudando en lo que nos piden las directoras, por eso esperamos que Thomas nos cuente como es el plan para sumarnos. Estamos dispuestos, pero nos urge tener detalles del convenio que vamos a firmar", marcó el radical Daniel Orozco, resaltando la urgencia de tener información sobre cómo se implementará, algo que podría tener al regreso del ministro Thomas de su licencia.
En Mendoza estaban evaluando la presencia del gobernador Rodolfo Suarez en un encuentro del que también participaría el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuatro mandatarios peronistas y al que estaba invitado también el presidente Alberto Fernández, este viernes en San Juan. Sin embargo, desde aquella provincia informaron que la convocatoria fue pospuesta ya que hay “funcionarios aislados por coronavirus en las distintas comitivas”.
Aún no se decidió una nueva fecha para la reunión, pero a última hora del lunes llegó a Casa de Gobierno la información de que sería cancelada (aunque no se sabían concretamente los motivos, según averiguó Diario UNO). De esta manera, una vez más, no habrá cara a cara entre el gobernador mendocino y Guzmán, algo que se espera especialmente, dada la suspensión de la cumbre entre oficialistas y líderes opositores para hablar de la negociación con el FMI, que iba a hacerse esta semana y también se canceló.
De cualquier forma, los últimos detalles que había brindado el entorno de Suarez a este diario señalaron que aún no confirmaba si asistiría y que “no habían recibido una invitación formal a la ceremonia, pensada inicialmente para este 14 de enero a las 17 en la planta de la firma estatal Energía Provincial Sociedad del Estado, enclavada en la capital sanjuanina.
Tras la confirmación de que el martes 18 de enero será el dilatado encuentro entre Martín Guzmán y los gobernadores de la oposición por el acuerdo con el FMI, desde el Gobierno de Mendoza dieron algunas pistas de lo que se planteará en la reunión, a la que asistirá como único representante mendocino el senador Alfredo Cornejo.
Uno de los grandes interrogantes que quedó después de la exposición a la que acudió el ministro de Economía, Enrique Vaquié, la semana pasada, fue cuál será la reacción del Gobierno nacional si el Fondo Monetario Internacional no acepta el plan propuesto por Guzmán.
Tras aquella cita del miércoles pasado, Vaquié se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez para ponerlo al tanto de sus sensaciones. Según dijeron desde Casa de Gobierno, si bien no se dio a conocer un solo número y la "reunión fue más política que técnica", a grandes rasgos el Gobierno de Mendoza coincide conceptualmente con el planteo que Martín Guzmán quiere hacerle a las autoridades del FMI para llegar a un acuerdo por el pago de la deuda de 44 millones de dólares y que tiene como premisa no ajustar.
Pero las dudas afloran cuando desde el propio ministerio de Economía de la Nación no se arrojan precisiones acerca de un posible "no" por parte del equipo de Kristalina Gueorguieva.
La oposición quiere saber concretamente si es posible que el Gobierno decida ponerse firme e ir al default, si quedaría la negociación abierta para reevaluar diferentes puntos o si cedería finalmente ante los pedidos del Fondo; y por supuesto, cuáles serían las consecuencias para el país ante cada uno de los escenarios.
El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, respondió este jueves sin titubeos sobre el pedido de suspensión de la tradicional Fiesta Nacional del Chivo luego que el abogado Alfredo Mellado, y defensor de los derechos animales, le reclamara que no se realice el festival porque se trata de una "atrocidad en la que se masacran miles de seres inocentes", lo que constituye un "biocidio".
La contestación de Ojeda fue clara y directa: "Que ni se vaya a ilusionar o imaginar que vamos a tomar una medida contraria al Festival Nacional del Chivo. Simplemente para que lo tenga en agenda. Que haga lo que él quiera y le parezca coherente. Insisto, ¿qué quiere? ¿que festejemos el festival de la lechuga?".
"Cada ciudadano tiene las herramientas y vías legales que crea oportunas, con lo que esta persona puede hacer lo que quiera. Podrá ir a la Justicia, la Justicia definirá. Siempre somos respetuosos de la ley", sostuvo el intendente de Malargüe a Diario UNO.
El jefe comunal agregó que Mellado "desconoce fuertemente la realidad, la historia, la cultura. Desconoce el sistema biológico. Que le pregunte al zorro o al puma a ver si no se comen al chivo. No me parece lo más coherente lo que está planteando. Lo digo con respeto".
El gobernador Rodolfo Suarez reconoció vía Twitter que "hace más de 10 años que Mendoza no cubre sus picos de demanda en verano". En este contexto anunció que se está "poniendo en marcha el proceso licitatorio para construir el transporte Eléctrico Cruz de Piedra - Gran Mendoza".
Según señaló el mandatario, se trata de "la obra de mayor importancia para el sistema eléctrico de Mendoza".
De concretarse, la obra incorporará 1.000 megavatios más del sistema argentino, lo que brindará mayor seguridad al sistema sobre todo durante los consumos picos de invierno y verano: "Nos dará seguridad eléctrica frente a fallas del sistema de generación y fenómenos climáticos y resolverá problemas actuales", expresó Suarez.
En una gacetilla de prensa lanzada con anterioridad, el Gobierno explicó que actualmente el sistema eléctrico provincial tiene instalados 1.500 megavatios de potencia total y que esta línea de alta tensión casi duplicará la capacidad.
El avance del proceso licitatorio estuvo dado por la visita que realizaron empresarios a la zona del proyecto, previos al cierre de la recepción de ofertas que está previsto para el 4 de febrero.
Como una muestra más de que la sociedad malargüina está dispuesta a dar todas las peleas necesarias para que se construya Portezuelo del Viento, este jueves el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Miras, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Palma y la edil Daiana Varas (Cambia Mendoza), llegaron hasta Casa de Gobierno y se reunieron con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, para pedir que el gobernador Rodolfo Suarez los visite y dé detalles de la pelea que está dando por la megapresa.
Conscientes como nadie de que la próxima semana podría ser definitoria para el futuro del mega proyecto hidroeléctrico, ya que el 21 de enero vence el pronto despacho que presentó Suarez en Casa Rosada, pidiendo que el presidente Alberto Fernández emita el laudo para adjudicar la obra, empresarios y ediles no quisieron perder tiempo en fijar su postura en Casa de Gobierno. Tal y como lo habían adelantado este lunes anunciando una movilización en defensa de Portezuelo.
"El ministro nos habló con mucha franqueza sobre el esfuerzo del Gobierno para que finalmente el presidente avance con el laudo y nosotros planteamos que no hacer Portezuelo del Viento es vulnerar los derechos de los malargüinos. Tememos que no se haga el laudo o que salga negativo y eso requerirá de una acción conjunta del Gobierno y de los distintos sectores sociales para que Malargüe no siga perdiendo oportunidades", marcó Miras, a la salida de la reunión.
Empresarios y concejales pretendían que Suarez los visitara y contase en territorio malargüino los detalles de cómo avanza su pelea por la megapresa.
Sin embargo, Ibañez les aclaró que quien tiene en sus manos la definición sobre el futuro de la obra es el presidente Alberto Fernández.
Un inesperado cruce y pase de facturas protagonizaron el intendente de Las Heras, el radical Daniel Orozco, y el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, por la falta de agua potable para los vecinos del piedemonte lasherino. El jefe comunal hizo pública una nota en la que le pide al funcionario provincial que tome las medidas necesarias para incrementar la provisión de agua en esa zona, y desde esa secretaría le respondieron que a la crisis hídrica, "se la atiende entre todos".
El detonante se dio este martes, cuando un nutrido grupo de vecinos cortaron la calle Regalado Olguín de Las Heras y mostraron las penurias que les genera no tener agua potable en estos días en los que Mendoza atraviesa una de las mayores olas de calor.
Ante el reclamo, el intendente lasherino quiso mostrarse activo en la respuesta, trasladó el pedido a la Secretaría de Servicios Públicos y mostró el escrito en su perfil de Twitter, bajo la acotación de que está comprometido con brindar soluciones a los vecinos.
El gobernador Rodolfo Suarez aprobó por decreto un aumento del 30% en los valores tarfifarios y previos de los servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento prestados por la Empresa Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria AYSAM. El incremento total será del 40% por el extra previsto para obras.
Según reza la letra de la norma que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, el aumento del 30% rige a partir de hoy; en tanto que también está previsto un nuevo aumento, del 15%, a partir del 1 de mayo, sobre los valores que estén vigentes a esa fecha.
El gobernador, y el ministro de Infraestructura y Obras Públicas, MarioIsgró, que también firma el decreto, autorizan además a AYSAM a cobrar un cargo especial del 10% sobre la factura de cada uno de los servicios destinado al fondo fiduciario para la renovación de redes distribuidoras y colectoras de los servicios de Agua Potable y Cloacas de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 9219. Ese porcentaje, que hasta ahora era del 5% fue duplicado con esta norma.
El Gobierno de Mendoza aprobó este jueves 13 de enero un aumento en el boleto de colectivo. A partir de las 0 del sábado 15, el pasaje pasará a costar $35. El aumento de $10 implica una suba del 40% respecto del precio anterior que estaba fijado en $25.
A pesar de que el incremento fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, el director de Transporte de la provincia, Luis Borrego, señaló en radio Nihuil que los usuarios verán reflejado el incremento recién el sábado, una vez que las empresas adecúen las máquinas de la SUBE a los nuevos valores.
Esta es la tarifa general para viajes de corta distancia, sin embargo, los usuarios frecuentes de colectivos, tendrán un descuento luego de los primeros 20 viajes por el uso de la tarjeta SUBE. Desde el viaje N° 21, el costo del boleto se reduce a $21. Mientras que desde el N° 41 al N°80 el precio baja a $17,50. En cambio, desde el viaje N°81 en adelante, el valor sube a $28.
Como en un reloj de arena, cada segundo que pasa va inclinando la situación hacia una nueva etapa. Dentro de una semana, el 21 de enero, el presidente Alberto Fernández debería responder a la solicitud de pronto despacho que presentó Mendoza acerca de la represa Portezuelo del Viento ¿Habrá laudo? El radicalismo local está expectante, y el titular del partido en la provincia, Tadeo García Zalazar -que es también intendente de Godoy Cruz- no lo oculta.
"Es importante terminar el capítulo Portezuelo por sí o por no. Técnicamente todavía hay una licitación en proceso y ya se metió por mesa de entradas ese pronto despacho para que el laudo defina. Habrá que ver qué panorama surge", anticipa el entrevistado.
Habla con cautela porque conoce el tablero por el que se mueve; una cuadrícula que a estas alturas tiene varias piezas a considerar. Por un lado, está Portezuelo. Pero por otro hay una serie de 12 proyectos que está evaluando la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS), que él mismo preside. El runrún es que si la megapresa no sale, se hará foco en el plan alternativo del CEAS.
-¿Qué ocurre si Fernández no contesta y no hay laudo?
-Se podría insistir con el pronto despacho. Si el presidente sigue sin responder, habrá que ver cuál es la opinión jurídica. Yo creo que al no haber un sí expreso, ese silencio se tomaría como un no. Y si presidencia no contesta, la licitación de Portezuelo se va a caer, porque no se puede adjudicar algo que abra la puerta a cuestionamientos legales. Igual, con o sin Portezuelo, vamos a necesitar un master plan que prevea las obras de los próximos 20 años en la provincia.
Mario Isgro, ministro de Planificación e Infraestructura aseguró este viernes que durante 2022 se destinarán en total unos 40 millones de pesos por municipio para el mantenimiento y mejora de la traza vial, la remodelación de plazas, la ampliación de conexiones de servicios básicos como desagües cloacales; la construcción de ciclovías; cordón, cuneta y banquina y la modernización de la infraestructura peatonal, entre otras obras.
“Uno de los principales objetivos es generar mano de obra local e impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, siempre favoreciendo la equidad en la distribución de financiamiento para estas obras municipalesy contribuir a la equidad territorial. Buscamos descentralizar y agilizar los procesos de ejecución de las obras para dar respuesta a las necesidades concretas de los vecinos”, explicó el ministro.
El grupo Olascoaga, que integran Martín Lafalla, Marcos López y Valeria Caroglio, volvieron a la carga con el tema de cambiar el destino de los fondos que la Nación debe enviar a la Provincia y que se utilizarían para construir la megapresa Portezuelo del Viento. A través de un documento, tal y como se lo plantearon primero al gobernador, ahora apuntaron a los senadores nacionales, Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti.
En el documento emitido este viernes, le piden a los tres representantes por Mendoza en la Cámara Alta Nacional, que dejen el tema Portezuelo fuera de la grieta que divide políticamente a los argentinos, y que piensen en la acuciante sequía que afecta a la provincia. Esto requiere la realización de obras urgentes, dejando a Portezuelo de lado, aunque su construcción haya sido una promesa de las últimas dos gestiones radicales.
"No sería bueno para la provincia que nuestros representantes metan este tema en la eterna grieta que tan mal nos hace, ya que la inconveniencia de la realización de la obra mencionada, esta dada por los gravísimos problemas que tenemos con la escasez de agua, que como dicen los que saben, en el futuro será peor", dicen.
El consumo responsable del agua es uno de los puntos centrales a los que apunta AYSAM, en medio de la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. Alejandro Gallego, titular del organismo, señaló a Diario UNO que solicitó la confirmación de las partidas para adjudicar la licitación de medidores con sistema de telemedición automática: "Es inminente. Está a la firma del gobernador", decía. Finalmente, este viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 2.259/2022 por el que se aportan a la empresa estatal $735.805.802,03.
Con este paso que dio Rodolfo Suarez, la secretaría de Servicios Públicos quedó autorizada a firmar un convenio con AYSAM para efectivizar el pago del aporte irrevocable, conforme la disponibilidad financiera. Una vez salteado este escalón, la empresa estatal podrá avanzar con la instalación de 500 medidores de alta tecnología, que tienen un sistema de medición de lectura automática, es decir que permitirá conocer, sin necesidad de ir hasta el lugar para leer el medidor, cuál es el volumen de consumo que realiza el usuario en cuestión.
En total serán 20.000 los medidores a instalar pero en los primeros seis meses posteriores a la adjudicación se estudiará el funcionamiento del software en esos 500 aparatos.
"En la medida que funcione bien, pasaremos a la instalación del resto de los medidores", indicó Gallego.
El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, celebró que 11 familias del barrio Razquin Alto puedan tener una vivienda de emergencia para ser relocalizadas y fue duramente criticado por la oposición. La senadora provincial Andrea Blandini, ex candidata para comandar el departamento, fue la primera en saltar con los tapones de punta.
"El gobierno provincial, Rodolfo Suarez junto a Tadeo García Zalazar le llaman soluciones habitacionales a cuchas de perros Gran Danés", posteó en Twitter con dureza la senadora peronista en referencia a los módulos que construyeron la municipalidad de Godoy Cruz y la ONG Techo.
E inmediatamente se inició un cruce de palabras tuitero al que se sumaron los legisladores radicales Marcela Fernández y Diego Costarelli.
La secretaria de Desarrollo Humano de Godoy Cruz, Florencia Santoni, explicó a Diario UNO sobre las viviendas en discusión que se tratan de una "solución habitacional progresiva". Los vecinos "ahora tienen tenencia y conexión a servicios y luego se construirá otro módulo", agregó.
"Se les ofrecieron distintas opciones y algunas familias eligieron la vivienda de emergencia. Ser poseedor de un lote con servicios en un país donde la pobreza estructural aumenta sustancialmente no es una solución menor", replicó la funcionaria, que a su vez fue dura con el Gobierno nacional: "Es lo que podemos hacer ante la ausencia del Estado Nacional".
La economía Argentina se derrumbó un 9,9% en 2020. Luego, en un rebote que rompió todas las previsiones, subió un 10% en 2021. Eso de ninguna manera significa que se haya salido del pozo, y en el mundo de la vitivinicultura lo saben. En ese contexto se entiende la confirmación del Gobierno Nacional de una línea de créditos destinada especialmente a Mendoza y a las pymes que participarán de la Vendimia 2022.
Los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, informaron que ya está todo listo para implementar créditos con una importante bonificación sobre las tasas vigentes. Esa plata se destinará al financiamiento de gastos de cosecha, acarreo de uva y/o a la elaboración de productos vitivinícolas.
La medida está destinada a asistir a productores, bodegueros y cooperativas: se evaluarán los montos y tasas de interés de acuerdo a la condición de cada solicitante. De esa tasa, los agentes provinciales que administran el fondo otorgarán una bonificación de 7 puntos, y otro tanto será aportando por Nación, lo cual redundará en un beneficio total de 14 puntos. Es decir que se trata de una baja importante de los intereses que se suelen pagar en el mercado.