Fuentes judiciales detallaron que no es obligatoria la presencia de los imputados -sí de sus abogados-, por lo que se especula con que Walter Bento y su familia no se presentarán. Las audiencias preliminares se extenderán durante varias jornadas y al finalizar restará fijar fecha para que se realice el megajuicio.
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El fiscal federal, Dante Vega, lidera la investigación contra Walter Bento.
Los detalles del expediente
Son 30 las personas que llegaron procesadas a esta instancia final de la investigación federal. Los imputados pueden ser separados en distintos grupos acordes a los delitos que le endilgan: los organizadores e integrantes de la presunta banda que gestionaba las coimas, los supuestos pagadores de los sobornos y la familia del juez Walter Bento que habría aprovechado el dinero ilegal. El expediente está dividido en 15 casos de cohecho en los cuales los imputados han tenido algún grado de participación.
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En el siguiente listado figuran todos los procesados en la causa, los delitos que les endilgan y la pena que arriesgan si son encontrados culpables:
- Walter Ricardo Bento (60). De 5 a 50 años de prisión como jefe de asociación ilícita, 15 cohechos pasivos, prevaricato, 10 hechos de abuso de autoridad, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica y 2 hechos de desobediencia a una orden judicial.
- Marta Isabel Boiza (57), esposa del juez y empleada judicial. De 4 a 33 años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y 2 hechos de falsedad ideológica.
- Nahuel Agustín Bento (31), hijo del juez y funcionario judicial. De 4 a 15 años por lavado de activos agravado.
- Luciano Ezequiel Bento (28), hijo del juez y empleado judicial. De 4 a 15 años por lavado de activos agravado.
- Luciano Edgardo Ortego (44), abogado. De 5 a 50 años como organizador de asociación ilícita y 7 cohechos activos agravados.
- Jaime Andrés Alba (50), abogado. De 5 a 42 años como organizador de asociación ilícita, 4 cohecho activos agravados y 4 hechos de abuso de autoridad.
- Leopoldo Martín Ríos (62), abogado. De 3 a 34 años como integrante de asociación ilícita y 4 cohechos activos agravados.
- Alejandro Matías Aramayo (45), abogado. De 3 a 28 años como integrante de asociación ilícita y 3 cohechos activos agravados.
- Luis Chato Álvarez (45), abogado. De 3 a 30 años como integrante de asociación ilícita, 3 cohechos activos agravados y un abuso de autoridad.
- Javier Leónidas Angeletti (56), abogado. De 3 a 40 años como integrante de asociación ilícita y 5 cohechos activos agravados.
- Walter Bardinella Donoso (43), narcotraficante. De 3 a 34 años como integrante de asociación ilícita y 4 cohechos activos agravados.
- José Moncho Moschetti (47), comisario de la Policía de Mendoza. De 3 a 38 años como integrante de asociación ilícita, 4 cohechos activos agravados, violación de secreto y violación de los deberes de funcionario público.
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- Jorge Omar Miranda (67), defensor oficial federal. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Eugenio Gordo Nasi (46), transportista. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Omar Armando Rodríguez (58), chofer. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Javier Santos Ortega (50), agricultor. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Juan Carlos Molina (31), verdulero. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Marcos Adrián Calderón (47), vendedor. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Walter Aníbal Costa (60), chofer. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Alfredo Rodolfo Aliaga (77), padre de Diego Aliaga. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Martín Rodolfo Bazán (42), oficial de la Policía de Mendoza. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- José María Sanguedolce (70), comerciante. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Enrique De la Cruz (78), comerciante. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Daniel Martínez Pinto (46), comerciante. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Carlos Barón Knoll (47), agente aduanero. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Cristian Oscar Oliva (38), chofer. De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Jéssica Melisa Miere (43). De 2 a 6 años por cohecho activo agravado.
- Mariano Enrique Castro (42), sargento del Ejército. De a 1 a 3 años como partícipe secundario de cohecho activo agravado.
- Leandro Emanuel Cirot (37), gestor judicial. De a 1 a 3 años como partícipe secundario de cohecho activo agravado.
- Juan Ignacio Aliaga (30), hijo de Diego Aliaga. De 1 mes a 4 años por falso testimonio.
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El juez federal Walter Bento cuando se defendió en el Consejo de la Magistratura durante la investigación administrativa que pone en juego su cargo.
La génesis de la causa por las coimas en Mendoza
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.
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En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.
El fiscal Dante Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ellos, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió.
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