Jorge Omar, "el Negro", Miranda (66) ingresó a los tribunales federales de Mendoza en 1989. Luego tuvo idas y vueltas, pero seguramente el extitular de la Defensoría Pública Oficial jamás anticipó que su carrera se iba a interrumpir a raíz de una destitución por "mal desempeño" en relación al caso Walter Bento.
Echaron al Negro Miranda
Destituyeron a un defensor oficial de la Justicia Federal de Mendoza por vínculos con el caso Bento
El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa destituyó esta semana "por mal desempeño" a Jorge Omar Miranda (66), quien estaba a cargo de la Defensoría Pública Oficial en los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza
Jorge Omar Miranda es una persona muy conocida en Tribunales.
Fue, de hecho, lo que ocurrió el lunes, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa resolvió removerlo por la forma en que actuó Miranda en la megacausa por presunta corrupción que también involucra al juez federal Walter Bento y a más de dos decenas de imputados.
Y es imposible no comparar la celeridad del Ministerio Público de la Defensa con la lentitud del Consejo de la Magistratura, que entre conflictos políticos y demoras varias lleva meses sin resolver la situación del juez Bento.
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Jorge Omar Miranda, apartado por "mal desempeño"
El proceso que apartó a Miranda fue convocado por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y contó con la participación de diversos referentes jurídicos.
"El tribunal entiende que el doctor Jorge Omar Miranda tuvo una actuación indebida en la causa caratulada 'Imputado: Ortego, Luciano Edgardo y otros s/asociación ilícita, cohecho con conductas art. 256 bis, segundo párrafo, y 257, cohecho activo y falso testimonio (...) Este magistrado utilizó su condición de defensor público oficial y su carácter de titular de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mendoza para entrometerse en una causa en la cual se encuentra procesado en la actualidad", reza la resolución que destituyó al magistrado.
De acuerdo con ese análisis, Miranda utilizó diversas triquiñuelas para participar de audiencias testimoniales que se estaban llevando a cabo en la causa Bento, sabiendo que él estaba involucrado y con el posible fin de obtener información útil para sus intereses.
Además, cuando finalmente intentó excusarse, no aludió a los verdaderos motivos, sino que -según la acusación- ocultó que él figuraba en la megacausa y esgrimió otros argumentos.
"Su participación en estas declaraciones testimoniales existiendo un manifiesto interés personal (...) comprometió la integridad de su desempeño profesional al usar la representación general de los imputados en beneficio propio", continúa la resolución.
El detalle de los fundamentos del tribunal se dará a conocer el próximo 10 de febrero.
Miranda fue abogado en una de las causas incluidas en el "expediente Bento"
La investigación de la causa Bento está a cargo del fiscal Dante Vega e involucra el análisis de numerosos expedientes en los que habría actuado una presunta asociación ilícita cuyo líder habría sido justamente el juez federal Walter Bento, aún en funciones.
La tesis de la fiscalía es que existía una serie de punteros que recolectaba coimas millonarias a cambio de beneficios procesales. Se detenía, por ejemplo, a un narcotraficante y se le ofrecía salir de la cárcel a cambio de miles de dólares.
Esa trama habría estado integrada por operadores como el "empresario" Diego Aliaga -asesinado en 2020-, policías o expolicías y algunos abogados.
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En efecto, uno de los profesionales imputados es Miranda, quien defendió a la señora Rosa Isabel Fernández en el marco de un caso relacionado con el contrabando.
Llamó la atención que en aquel momento Fernández fue la única imputada en recuperar su libertad -con la firma de Bento- mientras el resto de los detenidos permanecía con prisión preventiva. Una hipótesis posible es que la mujer pagó para salir de la cárcel y que Miranda puede haber fungido como "puente" entre el juez y la acusada.
La resolución que apartó a Miranda sigue así: "A partir de la declaración de (varios testigos) el 11 de diciembre de 2020, surgió ya un deber evidente de apartarse en esta causa. Se tiene la plena convicción de que el doctor Jorge Omar Miranda sabía que (los declarantes) hacían referencia al pago de sobornos al juez Walter Bento en la causa caratulada 'Iñiguez Fazio, Juan Carlos y otros s/infracción ley 22.415' (...), en la cual el propio doctor Miranda había actuado como abogado particular, entre otros, de Rosa Isabel Fernández, quien había recuperado su libertad cuando el resto de los coimputados mantenían su prisión preventiva".
Una carrera larga, un retorno breve
Jorge Miranda asumió en 2019 como defensor público oficial. Había rendido una década antes para ocupar ese cargo, pero ya entonces las turbulencias que atravesó la Justicia Federal de Mendoza postergaron la designación.
Al juramento de Miranda estuvieron invitadas autoridades políticas y judiciales de Mendoza, San Juan y San Luis. Desde el gobernador Alfredo Cornejo hasta el intendente y a la sazón candidato Rodolfo Suarez, pasando por magistrados de la Suprema Corte y representantes del Colegio de Abogados.
Su nombramiento como defensor público oficial consta en el decreto 577 del Poder Ejecutivo Nacional que llevó las firmas del entonces presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Miranda se ocupaba de defender a imputados por delitos federales que no podían o no querían pagar abogado particular y que estaban acusados de comerciar drogas, lavar dinero, realizar secuestros extorsivos, falsificación de moneda y otros ilícitos.
En realidad, el "Negro" había ingresado a los tribunales federales de Mendoza en 1989, un año después de graduarse como abogado. Trabajó como secretario en el Juzgado Federal 3 pero renunció pronto: en 1992.
Volvió a ejecer la abogacía en forma particular y se dedicó a la docencia en Derecho de la UNCuyo. Uno de los tantos defendidos por "el Negro" fue Alejandro Amitrano, condenado en 2014 por el asesinato de su hijita, Rosarito Amitrano.
En 2005 comenzó a integrar la nómina de conjueces de la Justicia Federal, un grupo de abogados listos para remplazar a jueces ausentes para resolver algunos casos. Hasta que rindió para cubrir la defensoría pública oficial y, tras una larga espera, ocupó el cargo del que ahora fue destituído.
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