En un principio quedó alojado en una casa del barrio Bianchi, aunque en marzo de este año, cuando la prisión domiciliaria quedó firme, Daniel Martínez Pinto quedó asentado en un departamento ubicado en unas torres de barrio Palmares bajo el argumento de que ahora debía cuidar a su madre.
Lo cierto es que en los últimos días de octubre, una llamada anónima advirtió que el hombre salía del departamento a los espacios comunes del barrio e incluso que había salido del complejo para asistirá al centro comercial homónimo. Claro, Martínez Pinto no tenía una pulsera de GPS que detallara todos sus movimientos al Servicio Penitenciario.
El 29 de octubre, autoridades policiales fueron hasta el coqueto barrio privado. Allí se encontraron con Daniel Martínez Pinto a 80 metros de su departamento, en un espacio común, reunido con otro sujeto. Al advertir la presencia policial intentó escapar corriendo hacia su departamento pero fue reducido por los efectivos.
Tras esta situación, se revocó transitoriamente el beneficio domiciliario y quedó alojado en la Unidad Federal 32, ubicada en los Tribunales de calle España. Este miércoles, quedó definitivamente suspendido el arresto en su departamento y fue trasladado a la cárcel federal de Cacheuta.
El abogado defensor de Diego Martínez, Eduardo De Oro, explicó que en la propiedad que estaba el hombre no tenía patio, por eso salía a los espacios comunes. Agregó que las cámaras de seguridad jamás lo captaron saliendo del barrio Palmares y pidió que continúe con domiciliaria agregando la tobillera electrónica.
Pero el Tribunal Oral Federal 1 –que en los próximos días pondrá fecha de debate por la megacausa de contrabando- tuvo en cuenta otro aspecto importante: el caso Aliaga. En la investigación por el crimen del empresario dos testigos declararon que se juntaban todos los jueves a jugar al truco en la propiedad de Diego Aliaga, también ubicada en Palmares, y que en esas reuniones estaba presente Daniel Martínez Pinto.
En el expediente por el caso Aliaga manifestaron que solían variar los presentes en las juntadas, pero que generalmente estaban Diego Aliaga, su hijo y Daniel Martínez Pinto, entre otras personas. Para los jueces esto terminó de comprobar que no cumplía el arresto domiciliario.
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Diego Aliaga. El caso que investiga su muerte ahora lo tiene la Justicia Provincial.
Megacausa
El 30 de julio de 2018 se efectuó una serie de allanamientos en barrios privados del Gran Mendoza y el Este provincial. Cuatro empresarios mendocinos quedaron detenidos. La investigación había nacido en 2016 y llegaba a su punto clave. En los 15 procedimientos se secuestraron 5 millones de pesos en efectivo, 12 vehículos de alta gama, documentación y una gran cantidad de mercadería como pirotecnia, juguetes, cigarrillos, termos, pelotas de fútbol.
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Parte del secuestro en los operativos.
La banda ya venía operando desde hace tiempo pero los sabuesos judiciales y policiales también. El 9 de marzo de 2016 habían hallado tres remolques de camiones abandonados con mercadería en Uspallata, el 16 de noviembre siguiente incautaron otro rodado cargado en la misma localidad y el 23 de mayo de este año ocurrió lo mismo en arco Desaguadero.
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El dinero secuestrado en los operativos.
La investigación sostiene que la banda traía mercadería desde China, la cual ingresaba por Chile hacia Mendoza y luego era distribuida en distintos puntos de venta como la misma provincia, Córdoba, Salta y Buenos Aires. Se creen que con esta operatoria movieron 60 millones de pesos en artículos. Está liderada por el chino Zheng Esteban Cheng -prófugo-, Daniel Martínez Pinto (42) y José Gordo Rodríguez Núñez. También están sindicados Park Nam Ho -prófugo, destinatario de la mercadería-, Adrián Gato Fourcade (42), Jorge Coque Rojas -carga de transportes en Chile-, Jorge Carreño -consiguió los camiones y choferes- y el agente aduanero Carlos Barón Knoll. Luego cayó un presunto financista, Sebastián Palumbo.
