Una causa por presuntas coimas que parece ser la punta de un iceberg. El juez federal Walter Bento, tal vez el más reconocido de ese ámbito en Mendoza, con una batería de delitos en su contra, entre ellos el enriquecimiento ilícito a cambio de favorecer a presos federales. Un desenlace que era difícil de anticipar en su origen: la desaparición de una persona.
Walter Bento y un crimen que derivó en la acusación en su contra
Un hombre asesinado. Un socio confesando todo. Un mundillo judicial oscuro. Coimas. Favores a presos. El reconocido juez federal Walter Bento está en la mira
El 28 de julio pasado, Diego Aliaga salía en una camioneta de alta gama de su lujosa casa en el barrio Palmares. Seguro no se imaginaba que esa sería la última vez que fue visto con vida y que su asesinato destaparía un escándalo judicial con pocos precedentes en Mendoza.
En esos primeros días, cuando la Justicia provincial investigaba el paradero del hombre, los pasillos de tribunales se llenaban de rumores. Por debajo, muchos abogados que caminan día a día el edificio de calle España rumoreaban que Diego Aliaga era puntero de jueces federales para obtener coimas y favorecer a presos.
Allí apareció por primera vez Diego Barrera, quien se terminaría convirtiendo en una figura clave. Tal vez intentando desligarse de la desaparición de su socio –meses después confesaría haberlo asesinado-, declaró como testigo: “Me da miedo decir esto pero él sacaba presos del federal. Arreglaba con los jueces. Maneja todo en el federal. En la provincia no maneja nada”.
Por primera vez, la comidilla judicial de esos días quedaba plasmada en un expediente a través de un testimonio.
La causa siguió avanzando y uno de los hijos de Diego Aliaga también hizo lo suyo. Mencionó como sospechoso de la desaparición a Walter Bardinella Donoso: “Le pedía plata para salir de la cárcel. Mi viejo le hizo el aguante y lo sacó en domiciliaria”.
Pero algo no cuadraba. Bardinella, acusado como financista de una narcobanda, estaba alojado en el penal, no en su domicilio. Las autoridades secuestraron su celular y esa fue la caja de Pandora. Había mensajes, audios y llamadas que evidenciaban una trama de corrupción judicial.
Llegó octubre y el caso Aliaga estaba bastante avanzado. Diego Barrera, su esposa, sus hijastros y un empleado estaban detenidos e imputados por el crimen del hombre. Y Barrera volvió a jugar fuerte: se presentó ante el fiscal, admitió haber cometido el asesinato en soledad y ratificó su denuncia por presuntas coimas a jueces.
Esquivando el bulto
Con las pruebas, el expediente ya estaba formado. Faltaba quien lo investigue. Y la papa caliente comenzó a circular por los pocos despachos de Tribunales Federales. Jueces y fiscales de primera instancia se excusaron de investigarlo bajo el argumento de que podría haber intereses contrapuestos con Walter Bento o que se rozaba con otras de sus causas.
Agotada la primera instancia, la causa cayó a manos del fiscal federal Dante Vega –quien en realidad es fiscal de juicios- y un juez federal pero radicado en San Rafael, Eduardo Puigdéndolas.
El incremento de las pruebas fue meteórico. Declaraciones de testigos –Diego Barrera volvió a hablar durante más de 3 horas-, investigaciones patrimoniales, teléfonos peritados. Pero claro, en el pequeño ámbito de Tribunales Federales era imposible que no se filtrara la información. Walter Bento se enteró y comenzó una silenciosa guerra contra Vega y Puigdéndolas.
Primero pidió tener acceso al expediente. La excusa: se había sentido aludido en ciertas notas periodísticas sobre el caso de las coimas. Las negativas fueron sucesivas, tanto de fiscal como el juez de San Rafael, hasta de un colega de Villa Mercedes que debió intervenir.
Ahora, ya como imputado en una batería de delitos, Walter Bento sí puede formar parte de la causa. Un expediente que terminó de explotar este miércoles pero que dejará mucha tela para cortar en los próximos días.
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