No hubo laudo sobre Portezuelo ¿porque Mendoza no cumplió con las formas?
Sin titubeos ni medias tintas, el ex gobernador Roberto Iglesias salió a defender férreamente la obra de Portezuelo del Viento y ratificó que sin ella, "sin minería y sin una estrategia de desarrollo económico, Mendoza no sale, está estancada y va para abajo".
El referente radical se enroló detrás de la postura de Ernesto Sanz, quien también salió a resguardar la megapresa de Malargüe, y consideró un error del gobierno provincial empezar a analizar alternativas, como evaluar por ejemplo hacer con esos fondos el dique de El Baqueano u otras obras hídricas: "Eso es hacerle el caldo gordo al Gobierno nacional. Esa obra vino mal parida y nosotros lo dijimos en su momento, lo que pedíamos era el dinero, como se lo dio a La Pampa o Santa Cruz, no la contraprestación por una obra, porque eso iba a ser un engaña pichanga. Esas provincias tuvieron la plata y la invirtieron", remarcó Iglesias en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.
El ex mandatario se refirió así al momento en que se negociaba ese resarcimiento de la Nación a Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial que no tuvo. En aquel momento, rememoró, se llegó al acuerdo con Néstor Kirchner, cuando él comandaba la provincia, hace más de 20 años, y recordó que el ex presidente le aseguró que la Nación tenía el dinero para pagarle a la provincia.
"Esta es una obra emblemática y si le decimos a la Nación que estamos reculando vamos a tener que ir a juicio de nuevo, no es bueno darle alternativas a este Gobierno nacional. Venirse atrás con la obra no le hace bien a Mendoza. Hoy todos los políticos, los legisladores nacionales, todos deberían empujar al Gobierno nacional para que finiquite esta obra", arengó, incluyendo en esa proclama a propios y ajenos.
Cuando el que habla es Ernesto Sanz, propios y ajenos paran la oreja y le prestan atención. Algunos se enojan, como él mismo reconoce, pero quizás porque saben en el fondo que su palabra tiene peso, y mucho. El sanrafaelino, referente del radicalismo mendocino y nacional, puso los puntos sobre las íes y generó un fuerte remezón en la dirigencia política de Mendoza, con quien aseguró estar "indignado", incluyendo a los políticos de su propio partido.
"Estoy indignado con Mendoza, con la dirigencia política de Mendoza, en general", dijo en diálogo con radio Nihuil en relación al trato que desde la provincia se le está dando a Portezuelo del Viento y a Malargüe.
"Cómo se puede creer que la obra del siglo, la que durante todo el trámite de su planificación, licitación y lucha con la Nación para que mandara los fondos, nadie tenía objeciones, políticos, Justicia, todo el mundo y ahora que llega el momento de defenderla frente a arbitrariedades de ajenos a Mendoza, el debate es qué vamos a hacer con la plata de Portezuelo del Viento porque se cayó", explicó. "Me parece una falta de respeto y un agravio más a Malargüe", agregó Sanz muy ofuscado.
Harta de hacer pedidos protocolares sin respuesta, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, hizo público este lunes el reclamo a AYSAM por la falta de agua que padecen varias familias del departamento. "No solo el Gran Mendoza sufre esta problemática, en el interior de la provincia existimos y también nos quedamos sin agua", se quejó.
La jefa comunal santarrosina difundió en Twitter el desesperado pedido de los vecinos que hace semanas que no tienen agua. Este no es el único reclamo que recibió ese organismo en estos últimas días. El pasado 13 de enero quien encabezó la demanda fue el intendente de Las Heras, Daniel Orozco y fue para que se le proveyera de agua potable a los vecinos de El Challao. El lasherino publicó el pedido que hizo formalmente a la Secretaría de Servicios Públicos, pero el reclamo involucraba a AYSAM.
Ante el reclamo puntual de Santa Rosa, Diario UNO buscó conocer la respuesta de AYSAM, pero desde ese organismo no brindaron información al respecto.
La reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores y jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio por las negociaciones con el FMI que estaba prevista para este martes finalmente se suspendió sin fecha, y en la oposición criticaron al funcionario por la nueva demora. Sin embargo, desde Presidencia aclararon que "el día nunca había sido fijado y que siempre se manejaron con especulaciones", a pesar de que el senador Alfredo Cornejo dijo todo lo contrario.
"El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mí no me sorprenden", se quejó en las redes este martes Cornejo al conocer la noticia de la cancelación del encuentro con Guzmán.
Para rematar, el legislador mendocino apuntó a Diario UNO: "La suspensión de la reunión con el Gobierno no fue por un tema de agenda, fue porque Guzmán no es capaz de responder las preguntas técnico-políticas de JxC. Me preocupa que estén llevando a la Argentina a un default, con sus consecuencias negativas para todos, eso sería tremendo".
"Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo", declaró a Noticias Argentinas el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien participó de las negociaciones para concretar la reunión que finalmente no se hará en las próximas 24 horas.
El plan radical de achicamiento del gasto público ha implicado medidas tales como la prohibición de aumento de la planta de personal -salvo ingresos por concurso o cumplimiento de acuerdos paritarios-, el aceleramiento de las jubilaciones, la reducción de uso de celulares, la contratación de bienes de capital y un control pormenorizado del gasto. Este año, la medida se repitió y así lo determinó Rodolfo Suarez con la publicación en el Boletín Oficial del decreto N°35/22.
Entre las restricciones del gasto público, Suarez dispuso reducir el uso de celulares oficiales. En este caso, se estableció que sólo los podrán tener en el ámbito de la Administración Central el gobernador, los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, los subsecretarios y directores.
Las personas que en la actualidad tengan celulares oficiales y no cuenten con la autorización para su tenencia deberán en el plazo de 30 días hábiles, desde la publicación de este decreto-acuerdo, devolver los equipos a la Dirección General de Administración de su jurisdicción.
De otra manera, la administración está autorizada a descontarle el gasto de su salario. De esta disposición quedan exceptuadas de lo dispuesto, las fuerzas de seguridad de Mendoza.
Desde su oficina en el octavo piso del anexo a la Legislatura, el vicegobernador Mario Abed comandará la gobernación en los próximos 15 días, durante las vacaciones de Rodolfo Suarez. Pero puntualmente esta semana tendrá que ponerle el pecho a dos hechos clave para Mendoza: una reunión con el presidente Alberto Fernández en San Juan, en medio de las tensas negociaciones con el FMI, y después de la criticada suspensión de la reunión del ministro Guzmán con los gobernadores de la oposición, y el evento más esperado, el dilatado laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento.
El juninense sacará a relucir su muñeca política este martes cuando asista, junto al ministro de Economía, Enrique Vaquié, y Pablo Magistocchi, titular de EMESA, a la reunión con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en San Juan.
Las palabras del expresidente de la UCR Ernesto Sanz, quien se mostró "indignado con la dirigencia política de Mendoza", calaron hondo entre sus correligionarios, especialmente en Alfredo Cornejo, quien le respondió este martes en diálogo con radio Nihuil.
Sanz fue duro con los políticos mendocinos, incluyendo a los de su partido, al referirse al trato que la provincia le estaba dando a Portezuelo del Viento y a Malargüe. Dijo, entre otras duras declaraciones, que "Mendoza ha perdido la madurez institucional" y que "parecería que mientras más cerca del poder estás, más inconducentes son tus acciones para defender los problemas de la gente".
Lo primero que quiso recalcar Alfredo Cornejo fue que "no está cancelado Portezuelo del Viento sino que está en suspenso porque objetivamente no se puede adjudicar si no está aprobado el estudio de impacto ambiental".
En tanto que respecto de los dichos de Sanz sobre la dirigencia política, advirtió que "las generalizaciones son absurdas y no las entiendo".
Cornejo defendió su tarea como gobernador de Mendoza en relación a Portezuelo al aclarar - en varias oportunidades- que fue él quien "le sacó 1.023 millones a la Nación".
La presentación del Clúster Renovable Nacional reunió a representantes de seis provincias este martes en San Juan. Por las redes y la televisión se transmitieron caras sonrientes, pero no todas fueron sonrisas para los miembros de la comitiva mendocina, encabezada por Mario Abed. Según trascendió, el vicegobernador y los suyos tuvieron que esperar al presidente Alberto Fernández durante casi tres horas sin que nadie les explicara por qué.
La cita oficial era a las 15.30. A las 15.25 estaban en el sitio pautado el vicegobernador junto al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el de Economía Enrique Vaquié y el representante de IMPSA y titular de la Empresa Mendocina de Energía (EMESA), Pablo Magistocchi. Esperaban, claro.
Pasó la hora indicada y el reloj seguía corriendo. Los mendocinos miraban alrededor y alcanzaban a ver a algunos empresarios, pero las autoridades de otras provincias brillaban por su ausencia. Atento, acaso levemente ansioso, Abed repasaba el discurso que había preparado para la ocasión.
Entre tanto, los encargados de prensa del gobierno mendocino les preguntaban a los de protocolo qué pasaba. Nadie sabía informarles cuál era la situación. Agobiado, el vicegobernador salió por donde había entrado y luego le avisaron que por otro ingreso venía llegando el presidente, así que se volvió.
Fernández y los demás se mostraron en público recién a las 18.30, después de haber visitado el clúster. Parece que los mendocinos no estuvieron formalmente invitados al tour en el que se sobrevolaron las instalaciones. "Y lo vivieron como un desaire", definió una fuente que integró la comitiva.
Contundente y unánime. Los gobernadores de la oposición no se reunirán con el ministro de Economía, Martín Guzmán por el acuerdo con el FMI. Esa fue la principal definición de la reunión que concentró a los principales líderes de Juntos por el Cambio pasado este mediodía.
De ese encuentro salió un comunicado en el que la principal coalición opositora al Gobierno nacional le exigió a éste tener un "acuerdo serio y sin improvisaciones" con el FMI y que la carta de intención con esa entidad "se discuta en el Congreso, con todas las fuerzas políticas y de cara a la gente", remarca el comunicado
Esa insistencia de que el mentado acuerdo se discuta en el Congreso de la Nación era sólo una muestra de la principal definición de la reunión: "el encuentro con Guzmán es asunto cerrado, tendrán que dar la discusión en el Congreso y llevarán el acuerdo cuando lo tengan" ratificaron casi a coro algunos referentes opositores.
Luego de la furia que les despertó una nueva cancelación de la reunión que tendría este martes el ministro de Economía, Martín Guzmán con los cuatro gobernadores opositores, la tercera en sólo 12 días, la mesa nacional de ese espacio llamó a una reunión de urgencia con algunos referentes presentes en Buenos Aires, y el resto participó a través de una video conferencia, entre ellos el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo.
En el seno de ese espacio entienden que las reiteradas dilaciones de aquella reunión desnudan que el acuerdo no avanza.
Allá por julio de 2019 se anunciaba la ampliación del túnel Caracoles y la construcción de galerías de interconexión con el túnel Cristo Redentor para agilizar el paso a Chile por Mendoza. Aquella obra, que se licitó y se preveía que tendría inicio en septiembre del año pasado, quedó en stand by por la ley de intangibilidad del Parque Provincial Aconcagua que amplió la zona de protección a fines de ese año incluyendo terrenos que estaban previstos en el pliego.
Dos años después, ya con la adjudicación de la obra a UTE Rovella Carranza SA, el secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, acordó con la empresa constructora la autorización del uso de una parte de la Quebrada de Matienzo para destrabar el inicio de los trabajos.
Mignorance confirmó a Diario UNO que "se trata de un convenio de uso temporal y exclusivo de una parte de la Quebrada de Matienzo, previa aprobación de los estudios de impacto ambiental correspondientes".
La dirección de Recursos Naturales realizó un informe por el que se dio la autorización, partiendo de la conclusión del bajo impacto que generará la instalación de la empresa constructora en la zona.
El convenio habilita a la adjudicataria a utilizar una parte de los terrenos, anexos a la RN7, para trabajos exclusivos relacionados a la obra y la instalación del obrador. Este contrato tendrá vigencia mientras dure la construcción de la primera etapa de la ampliación del túnel Caracoles, que está prevista en unos 27 meses.
El intendente de San Rafael, Emir Félix, dejó sentada su posición acerca de la realización de la megaobra hídrica Portezuelo del Viento, que está a un paso de quedar archivada y sus fondos redirigidos a otras obras hídricas. De hecho, había dicho hace algunos días que estaba a favor de que con el dinero de Portezuelo se financiara, entre otros emprendimientos, la presa El Baqueano, en San Rafael.
Sin embargo, y entrevistado por Radio Nihuil, Félix amplió este miércoles su postura. Dijo que "hay que agotar todas las posibilidades de que se realice Portezuelo del Viento", pero a la vez, explicó por qué cree hay muchas contras y dificultades para ponerla en marcha.
El jefe comunal sureño consideró que el laudo presidencial que Alberto Fernández tiene que responder este viernes a pedido de Rodolfo Suarez, quien emitió un pronto despacho a fines de diciembre, no cambiaría la situación, ya sea que se pronuncie a favor o en contra. "Cualquiera sea el laudo, podría quedar judicializado inmediatamente", consideró.
En definitiva, Félix llamó a sincerar las posturas, ya que él piensa que se está buscando un culpable político para dar de baja a la obra hidroeléctrica en Malargüe y que el oficialismo local está buscando cargar las tintas en lo que decida el presidente Alberto Fernández, "cuando fue durante la gestión de Mauricio Macri en la que se cambiaron las reglas de juego" y se agregó la posibilidad de utilizar los fondos de Portezuelo para otras obras, esto con el aval del ex gobernador Alfredo Cornejo.
El eterno proyecto de Portezuelo del Viento entró ahora en una etapa definitoria sobre su futuro y mientras se acerca el vencimiento del pronto despacho que presentó Rodolfo Suarez para apurar el laudo presidencial, que es este viernes, ya hay quienes desconfían de que Alberto Fernández tome alguna decisión en estos días.
El más escéptico fue el diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, quien sin rodeos aseveró que descree que el Presidente se manifieste y vaticinó: "Si hay laudo no tengo dudas de que va a ser negativo".
Para el lujanino, la estrategia política de la Nación será nuevamente apostar a las dilaciones y forzar a que ante la finalización del proceso licitatorio de la presa, sea Mendoza quien deba avanzar con la adjudicación de la obra, aún sin contar con el esperado laudo presidencial. "El Gobierno nacional va a jugar con esa indefinición jurídica que tendría avanzar con la firma del contrato de adjudicación de la obra, y que después Mendoza se arriesgue a algún amparo judicial por parte de las otras provincias (las cuatro que integran el COIRCO), y ahí Mendoza queda en ese gris de si avanza o no", analizó este miércoles en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.
Pero además De Marchi volvió a defender la prioridad de hacer la megapresa de Malargüe, y llevó esa definición al terreno de lo que simboliza en términos de federalismo hacerla o no. "No nos pueden manejar desde Buenos Aires qué hacemos y qué no, con falsos argumentos técnicos", pronosticó.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti le pidió a Rodolfo Suarez que tome la decisión de avanzar con la obra Portezuelo del Viento y que convoque "a todas las fuerzas políticas de Mendoza".
Lo hizo después de que quedara en evidencia su silencio luego de que los máximos referentes locales habían dado a conocer sus posturas respecto de la conveniencia o no de la megaobra y la posibilidad de encarar un "plan B" ante la chance de un laudo presidencial contrario al estudio de impacto ambiental presentado por Mendoza.
"Portezuelo debe concretarse. Sigo a disposición del gobernador. No cambio de opinión. El problema es que los que cambian son Suarez y Cornejo. Mientras buscan "planes B", no explican la ausencia de gestión que demora la obra", expresó a través de las redes sociales la presidenta del PJ local.
Esta respuesta llega después de que Alfredo Cornejo señalara que las críticas debían canalizarse en la "dirigencia kirchnerista para que medie con la infuencia que dice tener para que el laudo salga a favor de Mendoza y así se acaba todo".
A horas del supuesto desenlace en la polémica que rodea a la represa Portezuelo del Viento, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de un documento enviado por el Ministerio del Interior, le avisó al gobernador Rodolfo Suarez que no habrá laudo presidencial porque el trámite no se habría iniciado de la manera correspondiente.
La misiva, que lleva la firma del ministro Eduardo "Wado" de Pedro, indica que "a la fecha y sin perjuicio de (...) la reserva de la Provincia de Mendoza de solicitar el eventual laudo", no se ha registrado en el Ministerio del Interior o el Consejo de Gobierno de COIRCO ninguna presentación "que dé formal inicio a esa instancia arbitral del Presidente".
En otras palabras, lo que le dijo el Ejecutivo a Suarez es que el trámite para pedir el laudo nunca arrancó. Y todo cuando media provincia creía que el resultado se conocería este viernes.
Apenas conocida la respuesta que el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro le envió a Rodolfo Suarez a propósito de su pedido de pronto despacho sobre Portezuelo del Viento, el gobernador de Mendoza contestó públicamente por Twitter. "Una vez más el Gobierno Nacional busca perjudicar a Mendoza al no tomar una postura clara, ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo", escribió el mandatario provincial este jueves.
Para Suarez -que interrumpió su descanso en la costa ante la novedad-, el laudo presidencial "en realidad fue pedido en la misma audiencia" que derivó en el acta 73 del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).
"Surge claramente del Acta 73 que, ante la solicitud de la Provincia de La Pampa, apoyada por Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén, de realizar una nueva Evaluación Ambiental regional en toda la cuenca del Río Colorado, votamos negativamente y solicitamos se active el mecanismo de laudo presidencial previsto en el Estatuto", apuntó el gobernador.
El vicegobernador Mario Abed estará al frente de la gobernación 15 días, mientras Rodolfo Suarez se toma vacaciones, pero en ese lapso el mandatario le encomendó la tarea de convencer a los intendentes para que acepten arreglar escuelas con fondos de la coparticipación.
Ante la urgencia de poner a punto las escuelas antes del inicio del ciclo lectivo el 21 de febrero, la estrategia es lograr el consenso político, sobretodo con los opositores, antes de que salga el decreto reglamentario del artículo del Presupuesto 2022 que estipula esa obligatoriedad.
"Eso se va a tratar con cada uno de los intendentes, es otra de las tareas que me encomendó el gobernador. Creo poder trabajarlo bien con ellos", adelantó Abed en diálogo con Radio Nihuil y recordó que cuando fue intendente, en la época del gobierno de Julio Cobos, "hubo un protocolo que se armó, en donde nosotros gastábamos y después se nos devolvía. Ahora lo que se les pide es que aporten el 30% de los fondos que reciben de Nación para arreglar escuelas".
El plan del Gobierno, que quedó plasmado en el artículo 55 de la pauta presupuestaria aprobada para este año, es que las comunas destinen el 30% de los fondos de Financiamiento Educativo a arreglar escuelas y para conseguirlo Abed deberá apelar a sus dotes de negociador y a la buena relación que supo tejer con intendentes propios y ajenos durante los 16 años que comandó Junín.
El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, reconoció que la responsabilidad de Inés Valencia, la directora del Servicio de Emeregencia Coordinado, se determinará una vez que se avance con la investigación penal y administrativa que se inició sobre el operador del SEC que intervino en el pedido de auxilio al 911 de los turistas venezolanos que resultaron muertos al inhalar monóxido de carbono en un departamento de la Ciudad de Mendoza.
El 9 de enero, Valentino González Tovar (23) llamó pidiendo una ambulancia para él, su madre, Irma del Carmen Tovar Nacuare (55) y su sobrino de 6 años, quienes estaban sufriendo síntomas de intoxicación, aunque sin saber el diagnóstico en ese momento.
Ese llamado al 911 fue derivado a un operador del SEC, quien desestimó el pedido de la ambulancia e instó a los pacientes a acudir a los hospitales públicos correspondientes para la atención de los adultos y del niño. De los tres turistas, los dos mayores murieron antes de poder asistir a un nosocomio.
Al tomar conocimiento del audio del 911 y la actuación del operador, el ministerio de Salud, a instancias de la doctora Inés Valencia, decidió formalizar la denuncia, además de iniciar el procedimiento sumarial por presuntas irregularidades en el desempeño de su labor.
Con 2.700 camiones detenidos en Mendoza en protesta por una decisión que se tomó en Chile, el conflicto en el cruce internacional ya cumplió una semana y el problema no ha hecho más que escalar. Por eso la Cancillería argentina emitió este viernes un comunicado en el que solicitó a las autoridades trasandinas "la urgente implementación de medidas necesarias para una pronta normalización y agilización de la circulación de personas y cargas".
Según trascendió, embajadas de otros países también evalúan tomar cartas en el asunto para defender a sus transportistas, ya que el paso Libertadores significa el acceso al océano Pacífico y por lo tanto tiene un peso particular para economías como la brasileña, la paraguaya o la de Uruguay.
En cuanto a la circulación, ayer se anunciaron cortes de ruta para los camiones que viajaran en dirección Chile-Argentina, pero Diario UNO pudo comprobar que los manifestantes permitían el paso de los rodados hacia territorio nacional, bajo la condición de que colaboren demorándose brevemente.
En contraste, los choferes que estaban por cruzar hacia el lado chileno se resisten a hacerlo como modo de presión, y eso amenaza con causar complicaciones a ambos lados de la frontera. Y no es sólo Mendoza la sede de los reclamos: también se registran inconvenientes para atravesar los pasos San Sebastián (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) e Integración Austral (Provincia de Santa Cruz).
Los senadores nacionales Alfredo Cornejo y Mariana Juri le pidieron a las autoridades del gobierno de Chile que intervengan para solucionar el conflicto -iniciado por los empleados aduaneros el jueves de la semana pasada- y que mantiene paralizado el tránsito de turistas por el Paso Internacional Cristo Redentor.
En protesta por el incremento de casos de Covid, el personal de Aduana decidió desde hace más de una semana, testear a todos los camioneros que atraviesan ese punto limítrofe y esto encendió la furia de unos 2.700 transportistas que ahora cortaron el paso desde el vecino país hacia Argentina. Además, los empleados decidieron en forma unilateral, bloquear el ingreso de turistas a Chile desde Argentina, permitiendo solo el retorno al país de origen de aquéllos a los que la imprevista decisión los encontró del otro lado de la cordillera.
Ante esa decisión y entendiendo que es una postura más política que sanitaria, los senadores Juri y Cornejo intercedieron con distintas gestiones para buscar que la medida se retrotraiga al jueves de la semana pasada, cuando todo tipo de transporte terrestre, el de carga, el colectivo o un vehículo particular podía atravesar el paso cumpliendo con las exigencias sanitarias que exigía el país trasandino que reabrió ese paso el 4 de enero.
"Manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previsto en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo acuerdo", reza textualmente el acta Nº 73 sobre el pedido de laudo presidencial de Rodolfo Suarez respecto del estudio de impacto ambiental de Portezuelo del Viento. Y por allí pasa el quid de la cuestión. El gobernador asegura que activó el mecanismo de arbitraje en ese mismo encuentro y la Nación reclama que debió haber presentado un escrito formal para ello.
Lo cierto es que, como están dadas las circunstancias, la obra Portezuelo del Viento no se adjudicará y se seguirá dilatando.
El gobernador Rodolfo Suarez manifestó por redes sociales, después de recibir la respuesta del ministro del Interior como presidente del Consejo de Gobierno del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), que reiterará "nuevamente el pedido de laudo presidencial y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados".
Lo que Eduardo de Pedro advirtió en su respuesta al pronto despacho interpuesto por Suarez para la resolución del laudo presidencial fue que justamente ese mecanismo de arbitraje del presidente Alberto Fernández no fue iniciado formalmente por la provincia de Mendoza, por lo que nunca comenzó el proceso, ni se revisaron las pruebas ni se notificó al resto de las partes.
La obra de Portezuelo del Viento quedó mucho más cerca de no realizarse luego de que el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, notificara a la Provincia de Mendoza que el mecanismo de laudo presidencial no fue activado. El gobernador Rodolfo Suarez insiste que sí aunque reconoce que si es necesario lo pedirá nuevamente. Mientras tanto, desde el Gobierno entienden que adjudicar la obra en estas circunstancias sería poner en riesgo el patrimonio provincial, el dinero de la obra y abriría la puerta a futuras demandas contra Mendoza.
A las 0 de este viernes vencía el pronto despacho con el que el gobernador Rodolfo Suarez pretendía acelerar el laudo presidencial sobre Portezuelo del Viento. Pero la respuesta de la Nación llegó antes del vencimiento del plazo y acabó desconcertando a todos: no se ha registrado en el Ministerio del Interior o el Consejo de Gobierno de COIRCO ninguna presentación "que dé formal inicio a esa instancia arbitral del Presidente".
En el Gobierno ya vislumbran futuras estrategias jurídicas que aplicaría Mendoza. Sin embargo hay algo que no se discute: Suarez no va a adjudicar la obra sin un laudo favorable del presidente.
"Hay una incertidumbre jurídica que pesa sobre la obra y con eso no se puede adjudicar. Porque hacerlo sería poner en riesgo no sólo a la obra, sino al patrimonio de la provincia. Porque hoy hay un monto que la Nación ya pagó y restan otros pagos -de hecho uno debería hacerse por estas horas-, y al adjudicarla hay que pagarle a las empresas un porcentaje importante de ese monto y eso se pondría en riesgo si después hay que frenar la obra o esta directamente se cae. Además se pondría en riesgo la responsabilidad jurídica del gobernador, que es consciente de esta situación", argumentaron algunos de los abogados que asesoran legalmente a Rodolfo Suarez.