Firmeza para frenar la paranoia. Eso buscaron mostrar días atrás los ministros de Seguridad y Educación, Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar, cuando confirmaron que eran 6 los alumnos imputados y que a otros 19 se les abrieron causas contravencionales por las amenazas de tiroteos en sus escuelas. Ahí adelantaron que también habrá consecuencias legales para los padres. Sabían que Alfredo Cornejo planea reformar el Código Contravencional y endurecer sanciones y multas a padres de chicos que hayan ideado esas amenazas, acusándolos de no cumplir con la responsabilidad parental.
El Gobierno endurece multas y castigos a padres por los casos de amenazas de tiroteos en escuelas
Planea reformar el Código Contravencional y aplicarles duras multas a esos padres, como lo hizo con el bullying e impedirles acceder a servicios del Estado

Así como se imputó por el delito de intimidación pública a la madre del chico que llevó una réplica de arma a la escuela, ahora Alfredo Cornejo planea sancionar a los padres que no cumplan con la responsabilidad parental.
Tan decidido está de sancionar a esos padres, que prevé incluirlo en sus anuncios de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Un colegio, el Goretti de Godoy Cruz, tomó una medida ejemplificadora al expulsar a un estudiante que reiteró las amenazas a pesar de haber sido advertido por el primer hecho.
Al parecer en el equipo del ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, ya estudiaban esta reforma para sancionar a padres que no cumplían con el derecho de sus hijos de recibir educación, pero ante la ola de amenazas de tiroteos decidieron acelerarla e incluir a los padres o tutores de los que pintaron carteles amenazantes.
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El proyecto que se aceleró tras las amenazas de tiroteo
Ese proyecto, que este fin de semana analizó minuciosamente el gobernador, no sólo incluirá sanciones y multas similares a las que se aplican para los casos de bullyng -en donde los padres de los agresores deben pagar entre $750.000 y $1,5 millones- sino también se prevé que aquellos acusados que no cumplan con la responsabilidad parental también perderán servicios que da el Estado, ya sea provincial o municipal.
"No sólo se piensa en la multa económica en sí, o en trabajos comunitarios, sino también en una sanción social. Que pierdan servicios, como pasa con los deudores alimentarios, a los que se les impide acceder a trámites como el registro de conducir o el pasaporte, e incluso ingresar a espectáculos culturales, sociales o deportivos", amplió una fuente de Casa de Gobierno.
El foco de la reforma que Cornejo anunciaría en su discurso de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, apunta a sancionar ese incumplimiento de la responsabilidad parental, que no es otra cosa que la obligatoriedad del adulto para proteger y garantizar el desarrollo de sus hijos.
Hay que recordar que en el Código de Contravenciones de la provincia, la ley 9.099, plantea que para el caso de contravenciones realizadas por un menor de edad, que por su edad no es punible, se cite a los padres para plantearles la falta de cuidado de ese chico, sobre el cual él tiene una responsabilidad.
"Estamos viendo que hay varios casos de chicos y adolescentes que no tienen un referente adulto que los acompañe en el crecimiento y en el asumir sus responsabilidades, y el Estado tiene la obligación de restituir eso, como pasa en el caso de aquellos padres que vulneran el derecho del chico a recibir educación", graficó otra fuente.
Las sanciones para padres incluirían multas, trabajos comunitarios y arresto
Para que un chico o un adolescente termine cometiendo una contravención, o más grave aún, un delito penal, en su vida debió sufrir varias carencias y otras tantas ausencias, fundamentalmente de acompañamiento en su crianza de un adulto responsable. Y es muy probable que esa conducta tenga una multicausalidad detrás.
Sin embargo esa carencia de responsabilidad parental parece un patrón que se repite en diversas historias de los chicos menores de edad, que terminaron judicializados en Mendoza y fueron asistidos en la Unidad de Medidas Alternativas que depende de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
"Podríamos decir que en el 98% de los chicos que han tenido algún conflicto con la ley hay una carencia de esa responsabilidad parental, que se da en todas las clases sociales, porque si bien están quienes se desligan de asegurarles a sus hijos su derecho a recibir educación, están también esos padres ausentes que dejan a sus hijos literalmente solos en su crianza, que pagan por su educación pero a la vez no tienen idea de lo que ellos hacen en las redes sociales ni cómo usan sus celulares. A esa ausencia apuntamos", contó Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Educación que comanda Tadeo García Zalazar.
La funcionaria asume que su equipo venía barajando desde hace tiempo la necesidad de reformar el Código de Contravenciones con la meta de forzar a esos padres a comprometerse más en la crianza de sus hijos, y con ese objetivo pensaban en endurecer las sanciones.
Pero fue la avalancha de amenazas de tiroteos que se dieron en las últimas semanas en centenares de colegios mendocinos, lo que terminó por acelerar aquellos cambios y darle prioridad entre las medidas que ese ministerio pretende aplicar en el corto plazo.
A su entender esos padres a los que se les pruebe que no cumplieron con la responsabilidad parental debieran aplicárseles 3 tipos de sanciones: multas económicas, trabajos comunitarios como puede ser la realización de talleres sobre crianza responsable y respetuosa, y en los casos de reincidencia hasta se podría llegar al arresto.
"Desde que comenzó la virtualidad post pandemia, es decir en los últimos 6 años detectamos 180 casos de padres que no mandaban a sus hijos a la escuela, o sea que nunca ejercieron esa responsabilidad parental, pese a que tuvieron varias instancias para reencauzarse. A esos padres se les dieron varias chances para modificar esa vulneración de los derechos de sus hijos, pero sólo reaccionaron con la sanción económica e incluso en dos o tres casos la Justicia aplicó arrestos domiciliarios. Fue la única manera en que esos padres tomaran consciencia de lo que les correspondía hacer", contó Álvarez Ocampos.
Qué dice el Código Contravencional y cómo podrían ser las multas para padres
El Código de Contravenciones vigente en la provincia es muy claro para los casos en que se compruebe que un menor de edad fue el autor de una contravención.
En el artículo 9 prevé:
Y remarca que si esa contravención se reiterara "los progenitores o tutores serán pasibles de hasta el doble de las sanciones que establezca la contravención, pudiendo además aplicar como medida de conducta la terapia familiar".
Hay que recordar que actualmente el valor de unidad fiscal -que es lo que se toma como unidad de medida para estas multas- es de $500, por lo que esas multas ya previstas irían de los $100.000 a $1.500.000 y al parecer lo que evalúan es endurecerlas aún más.
Otra de las opciones es agregar un artículo o un inciso al segundo título de ese código, en donde se sancionan las contravenciones contra el orden público y la seguridad pública. Allí por ejemplo se sanciona a quienes porten armas no aptas para disparar o réplicas en lugares públicos, que fue el caso por el que terminó detenida la madre de un alumno que llevó una de esas réplicas a una escuela de Las Heras.
Dentro de ese apartado figura el artículo 55 en el que se establece qué actos pueden ser "turbatorios y o desórdenes". Allí por ejemplo se sancionan las amenazas públicas o en lugares públicos, como es el caso de una escuela.