El Ministerio Público Fiscal informó este jueves los tres delitos penales en los que pueden encuadrar las pintadas con mensajes violentos que en las últimas semanas se han difundido en las escuelas. La Justicia ya imputó a 6 adolescentes por las amenazas y a la madre uno de ellos. Otros 19 fueron identificados y están siendo investigados por la fiscalía.
Hay 6 imputados por las amenazas pintadas en baños de escuelas.
Según las autoridades, estas conductas podrían ser tipificadas como amenazas, apología del delito e intimidación pública. Respectivamente, en caso de ser hallados culpables, podrían tener una pena de 6 meses a 2 años (amenazas); de un mes a un año (apología del delito); y 2 a 6 años (intimidación pública).
Además, de entrar en un proceso que puede llevar a que intervenga la Policía, el inicio de una causa judicial, el allanamiento del domicilio y el secuestro de dispositivos tecnológicos útiles para las pesquisas.
Para evitar que niños, niñas y adolescentes tengan que atravesar una situación de este tipo, el Ministerio Público Fiscal recomendó espacios de diálogo, intercambio y escucha en pos de prevenir la participación en "retos que se viralizan a través de las redes sociales con fines delictivos". Y este jueves sumó un video que replicó en los medios de comunicación.
"Se recuerda que el hecho de escribir mensajes amenazantes, tal como se ha registrado en escuelas en los últimos días, lejos de ser un juego o una broma que no representa un impacto, es un delito que está contemplado en la legislación vigente", advirtieron.
Las pintadas en las escuelas
Desde hace algunas semanas, estudiantes de distintas escuelas de la provincia, tanto públicas como privadas, comenzaron a dejar mensajes anónimos en los baños. La esencia del mensaje era avisar un supuesto tiroteo que iba a ocurrir al siguiente día.
Las inscripciones, realizadas de manera anónima, presentan características similares -por ejemplo, el mismo mensaje- entre sí, pero aún no existe una caracterización unificada del fenómeno. En el ámbito educativo y judicial analizan distintas hipótesis, que van desde conductas imitativas hasta la posible influencia de contenidos virales.
La situación es tan grave que en los últimos días hubo numerosos operativos policiales para contener a las comunidades educativas y para dar con los autores de las pintadas. En total, hay 6 imputados y otros 19 que han sido identificados.
La postura oficial ante estos hechos la dio la ministra de Seguridad Mercedes Rus: "Acá ningún joven debería sentir la liviandad de hacer estas amenazas, porque estamos siguiendo de cerca la consecuencia penal de esto. No sólo por lo que significa, porque cada acto es un acto de violencia que expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven, sino también por todo el operativo que ha puesto en marcha".
Y con el mismo tono, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar dijo: "Esto no es una broma, es un ilícito, es un hecho ilegal que tiene consecuencias legales. La Justicia está actuando sobre todos los casos identificados".
"Se han bajado más de 1.200 publicaciones que hacían referencias a estas amenazas a estos casos, o que promocionaban de alguna forma y validaban estas amenazas", contó.
Para concluir: "Es importante que los padres vean qué publican sus hijos, y obviamente si la red social lo baja es porque lo que están reproduciendo es un mensaje de violencia, de odio, de incitación al miedo".
El insólito caso de una madre
Una mujer, madre de un adolescente que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela de Las Heras, fue imputada por el delito de instigación a la intimidad pública.
La acusada afirmó que avaló que su hijo lleve la réplica para "demostrar la falla en los controles escolares".
Sin embargo la excusa de mucho no le sirvió porque el fiscal Juan Manuel Sánchez la imputó por intimidación pública agravado por la participación de un menor de edad debido al "contexto del hecho y la relevancia social del episodio". Al mismo tiempo ordenó que vaya a una penitenciaría provincial aunque recuperó la libertad por el pedido de su abogado.
Para mantener la decisión de que transcurra el proceso judicial en su casa deberá cumplir ciertas normas de conductas: no podrá salir del país, no se deberá acercar al colegio y deberá comparecer ante la Justicia cada 15 días.
La acusación que enfrenta prevé una pena de 3 a 8 años de cárcel.
Los protocolos por las amenazas siguen activos en las escuelas y cada directivo debe decidir si seguir con la consigna policial o no, por ejemplo.