Esto último, sumado a la feria judicial de enero, hizo que le causa se retome el jueves pasado. El martes pasado finalizó esta etapa y el tribunal consultó a los imputados si iban a prestar declaración. Como todos se negaron a hacerlo, se procedió a leer los testimonios que han brindado durante la etapa de investigación. Este capítulo finalizará el martes 28 de febrero con la reproducción del video que filmó la indagatoria de Yamil Rosales. Luego, comenzará la parte más jugosa con la declaración de los testigos de la causa.
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Un viejo planteo
El martes pasado, al finalizar la lectura de los hechos, las defensas presentaron un planteo para que el Tribunal Oral Federal suspenda el debate. Lo encabezó el defensor oficial que representa a Diego Barrera y fue adherido por los demás abogados. Los letrados plantearon la incompetencia territorial, es decir, que para ellos el juicio se debe realizar en el ámbito de la Justicia provincial y no en el fuero federal.
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Bibiana Sacolle y Diego Barrera, dos de los acusados en el caso Aliaga.
Esta discusión estuvo más que presente durante toda la etapa de investigación. Se sostiene bajo la teoría de que el crimen de Diego Aliaga no ocurrió en el marco de un secuestro extorsivo, por lo que no es un delito federal. Todas las veces que se planteó este argumento fue rechazado por distintos jueces y este martes no fue la excepción. Fuentes judiciales detallaron que los magistrados Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli consideraron que la discusión de "secuestro sí o secuestro no" se dará durante el mismo juicio, pero es necesario darle una respuesta a los sospechosos que están detenidos en forma preventiva desde hace más de dos años y medio.
El caso Aliaga
El 28 de julio de 2020, Diego Aliaga fue visto por última vez con vida. El hombre salió de su casa ubicada en el coqueto barrio Palmares a bordo de una camioneta de un vecino. Lo acompañaba una joven con la que había estado reunido horas antes. Paró en una estación de servicio y finalmente se dirigió hasta una propiedad ubicada en Rodeo de la Cruz. En ese lugar pensaba montar un emprendimiento junto su socio en otro negocios, Diego Barrera. Sin embargo, no volvió a ser visto con vida.
Horas después, el hermano de Diego Aliaga se presentó en una dependencia policial para denunciar la desaparición. En ese momento, recibió un supuesto llamado extorsivo donde le pidieron una suma de un millón de dólares para volver a verlo con vida. El caso despertó la alarma de las autoridades y comenzó a investigarse en la Justicia Federal como un secuestro extorsivo -delito de competencia federal-.
Las evidencias fueron cercando al socio de Diego Aliaga hasta el 4 de agosto siguiente cuando fue detenido junto a su pareja Bibiana Sacolle y los hijos de la mujer. Las comunicaciones telefónicas que mantuvo el clan familiar el día de la desaparición, sumado a las cámaras de seguridad que grabaron a Barrera entrando a la propiedad en Rodeo de la Cruz y luego ingresando al barrio Palmares en la camioneta que manejaba Diego Aliaga fueron claves para la pesquisa.
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El 10 de septiembre se encontró el cadáver de la víctima enterrado en un descampado ubicado en Costa de Araujo. Fue gracias a la declaración de Yamil Rosales, un hombre que era empleado de la empresa de transportes que tenía la familia de sospechosos. El hombre aportó datos claves para hallar los restos y además quedó comprometido por unas conversaciones que mantuvo con uno de los hermanos Curi, por lo que también fue detenido y procesado al día siguiente.
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Yamil Rosales, uno de los juzgados en el caso Aliaga.
El 5 de octubre siguiente, Diego Barrera declaró por primera vez como acusado y confesó haber cometido el hecho de sangre. Descartó que se haya tratado de un secuestro sino que aportó la versión de que se peleó con Diego Aliaga por temas económicos y que "se me fue mano". También quiso desvincular al resto de los sospechoso. Poco y nada le creyó el fiscal Alcaraz ya que ese testimonio no cambió absolutamente nada en el expediente.
Si el caso ya de por sí era complejo, a mediados de 2021 sería todavía más sensible al quedar estrechamente vinculada con la megacausa que investiga el presunto cobro de coimas por parte de una banda que lideraría el juez federal Walter Bento. De hecho, Diego Barrera ha declarado varias veces en ese expediente y ha aportado detalles sobre la mecánica de los sobornos para liberar a presos. Para el fiscal Dante Vega, Diego Aliaga era la mano derecha del juez para gestionar los pagos.
