El trío de letrados estaba en la mira del fiscal federal Dante Vega ya que asumieron la defensa de Carlos Barón Knoll, un agente aduanero que fue condenado a 5 años y medio de cárcel en una de las causas de contrabando más importantes en la historia provincial. A mediados de 2018, cuando este último recién había sido detenido, los abogados lo visitaron en el cárcel de Cacheuta pese que no eran sus representantes legales. La excusa fue que lo conocían desde hace 30 años porque los cuatro son del ambiente del rugby. A su vez Barón Knoll, que también está procesado en la causa de las coimas en Mendoza, recibió la visita del fallecido Diego Aliaga, presunta mano derecha de Walter Bento para la gestión de los sobornos.
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Días después cambió de abogados; comenzó a ser representado por Alzogaray, Billi y Castro; y un mes después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria a través de un fallo del magistrado.
En un principio el juez Puigdéngolas dictó la falta de mérito considerando que no había pruebas suficientes para procesar a los letrados. Sin embargo, se incorporaron nuevas pruebas que hicieron torcer su decisión a favor del pedido de la Fiscalía.
Principalmente fueron claves los informes telefónicos que develaron varias conversaciones entre los abogados y el agente aduanero. En los chats solían hablar sobre la situación de otros sospechosos en la megacausa por las coimas y además Barón Knoll solía pedirles que se fijaran si estaba trabajando "el número uno", uno de los tantos apodos que harían referencia al juez Walter Bento a lo largo del expediente.
Si bien resta que la medida contra los abogados sea confirmaron por la Cámara Federal -en caso de ser apelado por las defensas-, hasta el momento son 32 los procesamientos en el expediente. Resta resolver la situación de uno de los hijos de Walter Bento que será indagado en los próximos días y podría sumarse a este grupo.
En paralelo, las partes esperan que se ponga fecha para el debate ya que el expediente madre, que contiene a 29 de los acusados, ya se encuentra elevado a juicio oral y público. Estaba previsto que se realizaran las audiencias preliminares el 22 de febrero pero esa fecha quedó suspendida ante los reiterados cambios de los jueces que integrarán el Tribunal.
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Coimas en Mendoza
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados.
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Un mes después la causa tuvo una segunda ola de imputaciones que incluyó a miembros de la Policía de Mendoza. En tanto que a mediados de diciembre el juez fue imputado por tres casos más de coimas en Mendoza, que incluyeron la detención del abogado Chato Álvarez y la formalización de otros sospechosos.
En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y junto a un grupo de abogados coordinaban las tareas en la presunta banda. La investigación también tiene imputado al juez y a su esposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
