Venta ilegal de bidones

La denuncia de Mendoza por el "agua trucha" llegó a la Corte Suprema: las respuestas que nos debe La Pampa

En medio de la pelea, Mendoza sumó reclamos por un tapón pampeano que obstruye el paso del agua. El raro caso de una empresa que dice sufrir "robo de identidad"

"Trucha" porque el agua no puede ser sacada de dos localidades pampeanas específicas y, sin embargo, empresas que acordaron con el Ejecutivo que comanda el gobernador Sergio Ziliotto no sólo la envasan, sino que la venden por fuera de los sitios (y habitantes) a los que debe estar destinada, según denunció este martes el Departamento General de Irrigación. Todas las respuestas que nos debe La Pampa, detalles de la investigación y cómo afectará a la guerra jurídica por los brazos del Río Atuel.

A 90 kilómetros de General Alvear, con un lomo de montañas y cruzada por varias hileras de álamos, se extiende Punta del Agua; la localidad sanrafaelina que funciona como el corazón de esta historia. Hace poco más de un mes, algunos de sus habitantes -no tiene más de 2.000- descubrieron en páginas de internet que una empresa vendía agua que supuestamente es sacada del acueducto que une su ciudad con Algarrobo del Águila y Santa Isabel, en La Pampa.

Pusieron el grito en el cielo. Las publicaciones son varias y las "capturas de pantalla" (gran invento de estos tiempos) sirvieron como prueba para la denuncia que terminó haciéndose a la jurisdicción vecina. Lo admiten los mismos pampeanos: las firmas que comercializan ese agua son finalmente dos: Desierto Pampa y Santa Isabel. Y figuran como dueños los empresarios Marcelo García y Dardo Sol.

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Marcela Navarro, periodista de Canal 7, en la cobertura que mostró desde adentro cómo es la ruta del agua hacia La Pampa.

Marcela Navarro, periodista de Canal 7, en la cobertura que mostró desde adentro cómo es la ruta del agua hacia La Pampa.

¿Qué tiene de malo que la comercialicen? En principio, nada; porque no estaría prohibida su venta, aunque sí fue moralmente criticada por los funcionarios mendocinos. Lo que sí aparenta ser groseramente ilegal es dónde la están vendiendo; porque, alertados por los habitantes de Punta del Agua, miembros de Irrigación viajaron a La Pampa y pudieron comprar ejemplares con las etiquetas mencionadas en otras localidades, cuando hay un convenio que dice específicamente que el recurso es sólo para Algarrobo del Águila y Santa Isabel.

Mientras hacen un negocio, atropellan un acuerdo interjurisdiccional en medio de un pleito histórico, se quejaron los mendocinos. Concretamente, funcionarios de la provincia adquirieron cuatro bidones de veinte litros cada uno; dos por empresa. Y afirman que las venden en las localidades de Catriel, 25 de Mayo y -¡hasta en Neuquén!- en la ciudad de Senillosa. Igual, parece que se quedaron cortos, porque de acuerdo a medios pampeanos, el propio intendente de Santa Isabel sumó (¿admitió?) ventas en una ciudad más. Se cuentan detalles más abajo.

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Las respuestas que nos debe La Pampa

Un equipo de Canal 7, con la periodista Marcela Navarro y el camarógrafo Gerardo Tejeda a la cabeza, partió el miércoles hacia La Pampa para traerse algunas explicaciones oficiales sobre lo que está pasando.

No es un asunto menor el que desató Irrigación, porque Mendoza acaba de incorporar todo esto al expediente que se trata en el máximo tribunal de Justicia de la Argentina. Tribunal que, tarde o temprano, definirá el futuro para las aguas del río Atuel y para nuestro lamentablemente maltrecho vínculo con los pampeanos.

Esas respuestas por ahora vienen esquivando a los periodistas mendocinos. El viernes, en Santa Isabel, los cronistas asistieron a una ceremonia bastante particular: en el límite de los dos estados, alumnos de cuarto grado -de nueve años en general- prometieron la bandera en un acto que incluyó como temática a la controversia por el agua y que -nobleza obliga- tuvo a una docente pidiendo por la hermandad de las dos provincias en su breve discurso. El tema es que ahí estaban ni más ni menos que la vicegobernadora, Alicia Mayoral, y el intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana. ¡Iban a poder dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas! ¡La palabra de las autoridades en vivo y en directo!

Pero no.

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Infografía de Diario UNO elaborada tras la denuncia de Irrigación.

Infografía de Diario UNO elaborada tras la denuncia de Irrigación.

"No quiero mezclar este momento, que es de los chicos, con aquella situación", fue palabras más o menos lo que dijo Mayoral, quien claramente evitó meterse en el tema.

Algo parecido marcó el intendente Farana, quien ha dado otras declaraciones a medios de su provincia, pero que no termina de aclarar los hechos, sino por el contrario. Por ejemplo, el diario La Arena, que es de los más consumidos por allá, dice en su edición del miércoles 13 que Farana admitió que el agua no sólo se vende en Algarrobo del Águila y Santa Isabel, sino también "en menor medida, en La Humada".

Distintos mapas explican que La Humada queda a 97 kilómetros de su municipio y a 79,9 kilómetros de Algarrobo del Águila. ¿Por qué entonces dice suelto de cuerpo -siempre siguiendo al mencionado periódico- que se comercializa también allí? Debe recordarse que el convenio invocado por Irrigación en su denuncia, promulgado en marzo de 1992, dice expresamente: "La provincia de Mendoza se compromete a entregar el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, de la provincia de La Pampa, hasta un máximo de 6 mil habitantes". Parece claro que no menciona a La Humada y mucho menos a la localidad neuquina de Senillosa.

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El bidón que mostraron Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, y Gustavo Villegas, presidente del Tribunal Administrativo del organismo.

El bidón que mostraron Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, y Gustavo Villegas, presidente del Tribunal Administrativo del organismo.

Es una de las respuestas que sería bueno tener, pero hay muchas más. El mismo Farana dice, por ejemplo, que los mendocinos están "acorralados y sin argumentos; y por esto hacen esta ridícula denuncia". Sin embargo, medios locales cuentan al mismo tiempo que el intendente aseguró: "Si no estuviera permitido, se informa y se denuncia; basta de mediatizar".

Entonces no queda claro: ¿está o no está seguro el intendente de Santa Isabel de que la denuncia no tiene asidero? Si deja la puerta abierta a que efectivamente sea cierto y que no esté permitido lo que hacen, como parece surgir de su declaración, ¿por qué trata de "ridículos" y "acorralados" a los que están empujando esto por la vía correcta, que es la jurídica?

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Un giro en la trama: la pista del agua "falsa"

Otra de las preguntas debe ir a las empresas, de las que no se ha escuchado demasiado. Según Farana, una de ellas -Desierto Pampa- denunció que les habían "plagiado" la etiqueta del agua envasada y dio a entender que, probablemente, las que se estaban vendiendo fuera de la jurisdicción correcta entonces no eran ni Desierto Pampa ni Agua Santa Isabel, sino que era esa agua trucha (en este caso tal vez haya que decir la trucha de la trucha).

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Una publicidad en Facebook de Desierto Pampa revela que son

Una publicidad en Facebook de Desierto Pampa revela que son "representantes" en 25 de Mayo. Supuestamente el agua de Punta del Agua no puede tomarse en otro lado que no sea Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

El interrogante es ¿cómo se puede probar que la que se vende no es la que denuncia Mendoza, sino el producto del extraño robo de una marca? ¿Fue denunciada esa teórica suplantación en la Justicia pampeana?

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, dijo al diario La Arena que no hay nada extraño. "A prima facie (sic) no hay nada ilegal. No hay incumplimiento de La Pampa a ese convenio, en absoluto. Lo que hace Mendoza es de manual", garantizó según ese medio.

Nuevamente, sin embargo (y acá cabría otra pregunta), en declaraciones a radios de Mendoza fue mucho menos preciso: "No tengo ninguna información ni por sí ni por no respecto a eso (que estén envasando y vendiendo el agua del acueducto)", dijo.

Si el secretario del área no sabe ni siquiera responder si envasan el agua dos empresas que estarían aprobadas por bromatología de La Pampa desde 2009, ¿por qué dice que el reclamo es de manual? ¿No debería, por lo menos, primero tener certezas sobre si los hechos son así o no?

Es importante también saber si el gobierno de Ziliotto está al tanto de dónde se vende el agua o si condicionó a las empresas a que sólo comercializaran en esas zonas, como -según cree Irrigación- debería haberse respetado en La Pampa. Y si no consideran -como sí lo hace esta provincia- que el acuerdo prohíba sacarla de esas dos localidades. ¿En qué se basan para interpretar de otra manera el convenio, cuando éste menciona puntualmente sólo dos lugares?

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"Es cierto: parte del agua viaja a otra localidad"

El intendente Farana hizo llegar algunas de sus respuestas a Diario UNO este sábado. Con tono cordial, desde su sector explicaron que él cree que los "bidones-prueba" que compraron los mendocinos efectivamente son de las Desierto Pampa truchas, porque no coincide el número de teléfono que figura en ellas con el número impreso en los envases que suelen ver en Santa Isabel. Acerca de si lo denunciaron en la Justicia, dijeron que no, pero sí en Bromatología.

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Farana, intendente de Santa Isabel, pidió apostar a la resolución a través del diálogo.

Farana, intendente de Santa Isabel, pidió apostar a la resolución a través del diálogo.

Además, explicaron desde la intendencia que es cierto que el agua se está consumiendo en la localidad de La Humada y que sí, La Humada queda a ochenta kilómetros y en otro departamento. Aunque sería poca cantidad la que va a ese pueblo, matizaron a modo de atenuante: "Es un señor que ha comprado, en al menos una ocasión que nos consta, veinte bidones. Y se los ha llevado a La Humada, sí", ratificaron.

Finalmente, hicieron llegar un pedido y la opinión del intendente. Su postura es que todo el asunto debe resolverse con diálogo y sin incentivar más peleas en una lucha que ya lleva demasiado tiempo. Agregó como dato de color que tiene buen vínculo con muchos mendocinos y que incluso los abuelos de una de sus hijas son alvearenses.

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Qué debe resolver la Justicia

La Corte Suprema emitió un fallo el 16 de julio de 2020 en el que Mendoza quedó conminada a escurrir al menos 3,2 metros cúbicos por segundo a sus vecinos pampeanos. Esa decisión, que cumplirá cuatro años en exactamente un mes, es lo que pretende cambiarse desde la provincia.

Según explicaron desde el Ejecutivo local a Diario UNO, la denuncia por el agua con supuestas irregularidades ingresó el miércoles al máximo tribunal, pero no consta sólo de eso, sino que además tiene una segunda parte desconocida.

Se lo agregaron por recomendación de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, las dos entidades por las que el reclamo pasó antes de viajar a Buenos Aires, y no trascendió demasiado: es una queja por lo que se conoce como Tapón de Alonso, que en términos básicos restringe el ingreso de aguas del río Curacó para que no se mezclen con las del Colorado. La salinidad en el sistema del primero amenaza seriamente al río que baña a otras cuatro provincias. Ya había tenido problemas con Río Negro en 2016 (durante el primer mandato de Alberto Weretilneck en esa jurisdicción).

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El puente Vinchuqueros pasa por encima del Atuel.

El puente Vinchuqueros pasa por encima del Atuel.

"Lo que hace el tapón es evitar que las aguas pasen al Colorado; pero debajo de ese tapón hay humedales pampeanos. Ellos mismos, por ese mecanismo, están quitándole agua a sus propios productores y habitantes. Lo que queremos es que la Corte tome en cuenta este aspecto, porque ellos mismos están haciendo lo que nos reclaman", informó una fuente interna del Departamento General de Irrigación. Esas contradicciones ingresaron también a la Corte Suprema y los jueces tendrán que ver si las atienden o desestiman.

Ahora se espera una nueva decisión. Cuando ocurrió lo de 2020, las autoridades mendocinas presentaron una serie de 25 obras que debían hacerse en el lugar. Proyectos de infraestructura de mediano, corto y largo plazo de los cuales la Nación se comprometió a pagar el 70%, según datos oficiales. De eso, que contemplaba avances como modernización de una decena de canales y el trasvase del río Grande al Atuel, no se hizo prácticamente nada.

El 30% restante de la financiación debía correr por las dos provincias, pero en Mendoza se quejaron de que sólo se trabajó en estaciones como la de Puente Vinchuqueros (la que salió en Canal 7, donde los niños hicieron la promesa a la bandera) y otra en Carmensa.

Ahora, lo que esperan en el gobierno local es que la Corte Suprema se exprese una vez más y que ese fallo contenga al menos dos aspectos clave: primero, que se determine qué obras deben hacerse sí o sí; quién las pagará; en qué plazos y de qué manera determinarán el nivel de escurrimiento que debe mandarse. Lo segundo es que se fije una nueva cantidad: mientras la Corte hoy pide 3,2 metros cúbicos, autoridades mendocinas dicen que no puede enviarlos porque no llega a regar las 75.761 hectáreas que debe irrigar de acuerdo a la decisión judicial de 1987.

O sea que lo más importante será eliminar esa duda. Que se determine, medido en hectáreas y en volumen hídrico, cómo debe ser el nuevo acuerdo. Eso ayudará a saldar al menos una de las diferencias entre las dos jurisdicciones. Una entre tantas. Algunas históricas y otras nuevas, como esta denuncia de que le estarían permitiendo a dos empresarios hacer negociados con un agua que sólo deberían beber seis mil pampeanos, en dos localidades demasiado famosas.

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