Walter Bento (62) pasó, por primera vez en su vida, la fiesta de Navidad encarcelado. Si bien el ex juez federal está alojado en el penal desde principios de noviembre pasado luego de que se hizo efectiva la prisión preventiva en su contra, en el marco de una investigación por el presunto cobro de coimas en Mendoza, existía un pedido de arresto domiciliario. Sin embargo, la solicitud fue negada el viernes pasado por el Tribunal que lleva adelante el juicio por dos motivos principales.
Los motivos por los cuales le negaron salir de la cárcel al ex juez federal Walter Bento
Walter Bento perdió su condición de juez federal, y la inmunidad que eso conlleva, cuando el Jury de Enjuiciamiento lo destituyó el 8 de noviembre pasado. Al perder sus fueros, se hizo efectiva la prisión preventiva en su contra y quedó privado de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal VI ubicado en Cacheuta.
Días después, sus abogados defensores solicitaron que el arresto sea en modalidad domiciliaria. Los letrados plantearon dos líneas argumentales. Por un lado que no existe riesgo de fuga del ex magistrado ya que siempre se ha sometido al proceso. Pero también apuntaron a un "grave retroceso en la salud" que habría sufrido Facundo Bento, el único de los tres hijos del matrimonio que reside con ellos en la casa del barrio privado Palmares ya que tiene parálisis cerebral.
Los abogados de Walter Bento detallaron que el joven de 29 años ha sufrido constantes crisis nerviosas desde que su padre está ausente, que la madre no logra contenerlo físicamente y que además le discontinuaron el tratamiento al perder la cobertura de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación cuando el magistrado fue destituido.
La decisión del Tribunal
El viernes pasado por la noche, el Tribunal que lleva adelante el megajuicio contra Walter Bento y sus presuntos cómplices comunicó la negativa al pedido de arresto domiciliario. Las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá también contestaron los dos argumentos que planteó la defensa del ex juez federal.
Con respecto al peligro de fuga, consideraron que el ex magistrado arriesga una pena de entre 5 a 50 años de prisión, lo que hace pensar que en caso de ser condenado será con cárcel en efectivo y eso aumenta las chances de que quiera eludir el accionar judicial. Además, existen serias sospechas de que pueda entorpecer el desarrollo del juicio ya que se lo acusa, por ejemplo, de no haber entregado su teléfono celular oficial cuando comenzó la investigación.
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Respecto a la situación de su hijo con discapacidad, las juezas entendieron que como alternativas para su cuidado se dispensó a la madre, Marta Isabel Boiza, de asistir a las jornadas del megajuicio. Además podría contar con la ayuda de los otros dos hijos del matrimonio que viven cerca de su domicilio.
En ese sentido, argumentaron que madre y padre trabajan en la Justicia Federal por lo que "no siempre ha sido imprescindible la presencia permanente de los progenitores". Y hasta analizaron que el grupo familiar ha realizado viajes al exterior sin que "Facundo Bento fuera de la partida".
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.
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En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darles beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.
El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió.
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