"Se les atribuye la sustracción de Diego Aliaga en el predio de Bandera de los Andes, en Guaymallén. Luego se lo mantuvo en un lapso de tiempo hasta que se le dio muerte cuando fue enterrado en Costa de Araujo, Lavalle. Hubo una planificación previa y querían apoderarse de bienes de Diego Aliaga para que firme ciertos documentos. Se presentó la muerte de Diego Aliaga como el único resultado", resumió el representante de la familia de la víctima fatal.
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El único punto en que discrepó la querella con la Fiscalía Federal fue en los pedidos de pena para Yamil Rosales y Lucas Curi. Sobre el primero de ellos apuntó que "hizo un aporte inconmensurable para la investigación" y solicitó una sentencia a 15 años de prisión. Misma cantidad consideró que debe recibir Lucas Curi, quien no fue coautor sino partícipe secundario del secuestro ya que "su aporte no fue ni indispensable ni necesario para la ejecución de hecho".
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El debate continuará con la palabra del defensor oficial Leonardo Pérez Videla, quien representa legalmente a Diego Barrera. Este sospechoso es el más complicado en la causa ya que declaró y admitió haber cometido el asesinato, aunque su teoría es que fue un hecho accidental en el marco de una violenta discusión.
El caso Aliaga
El 28 de julio de 2020, Diego Aliaga fue visto por última vez con vida. El hombre salió de su casa ubicada en el coqueto barrio Palmares a bordo de una camioneta de un vecino. Lo acompañaba una joven con la que había estado reunido horas antes. Paró en una estación de servicio y finalmente se dirigió hasta una propiedad ubicada en Rodeo de la Cruz. En ese lugar pensaba montar un emprendimiento junto su socio en otros negocios, Diego Barrera. Sin embargo, no volvió a ser visto con vida.
Horas después, el hermano de Diego Aliaga se presentó en una dependencia policial para denunciar la desaparición. En ese momento, recibió un supuesto llamado extorsivo donde le pidieron una suma de un millón de dólares para volver a verlo con vida. El caso despertó la alarma de las autoridades y comenzó a investigarse en la Justicia Federal como un secuestro extorsivo -delito de competencia federal-.
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Las evidencias fueron cercando al socio de Diego Aliaga hasta el 4 de agosto siguiente cuando fue detenido junto a su pareja Bibiana Sacolle y los hijos de la mujer. Las comunicaciones telefónicas que mantuvo el clan familiar el día de la desaparición, sumado a las cámaras de seguridad que grabaron a Barrera entrando a la propiedad en Rodeo de la Cruz y luego ingresando al barrio Palmares en la camioneta que manejaba Diego Aliaga fueron claves para la pesquisa.
El 10 de septiembre se encontró el cadáver de la víctima enterrado en un descampado ubicado en Costa de Araujo. Fue gracias a la declaración de Yamil Rosales, un hombre que era empleado de la empresa de transportes que tenía la familia de sospechosos. El hombre aportó datos claves para hallar los restos y además quedó comprometido por unas conversaciones que mantuvo con uno de los hermanos Curi, por lo que también fue detenido y procesado al día siguiente.
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El 5 de octubre siguiente, Diego Barrera declaró por primera vez como acusado y confesó haber cometido el hecho de sangre. Descartó que se haya tratado de un secuestro sino que aportó la versión de que se peleó con Diego Aliaga por temas económicos y que "se me fue la mano". También quiso desvincular al resto de los sospechoso. Poco y nada le creyó el fiscal Alcaraz ya que ese testimonio no cambió absolutamente nada en el expediente.
Si el caso ya de por sí era complejo, a mediados de 2021 sería todavía más sensible al quedar estrechamente vinculado con la megacausa que investiga el presunto cobro de coimas por parte de una banda que lideraría el juez federal Walter Bento. De hecho, Diego Barrera ha declarado varias veces en ese expediente y ha aportado detalles sobre la mecánica de los sobornos para liberar a presos. Para el fiscal Dante Vega, Diego Aliaga era la mano derecha del juez para gestionar los pagos.
