La OSEP es la obra social más importante de Mendoza.
El gobierno de Rodolfo Suarez elevó el 1 de febrero un proyecto de ley para modificar la forma en que se financia la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza (OSEP), que con 400.000 afiliados es la más importante de esta parte del país.
Se trata de una institución clave, ya que entre sus usuarios se encuentran trabajadores activos y jubilados, más los afiliados indirectos -hijos, cónyuges-, lo cual forma una masa que representa al 20% de la población local.
Y es en ese contexto que, de acuerdo con el proyecto que el gobierno quiere pasar por la Legislatura, se presentan al menos cuatro frentes que complican las finanzas de OSEP hasta el punto de "poner en riesgo la sustentabilidad misma del sistema".
Así, con los cambios que quiere introducir Suarez, se pretende dejar atrás los casi $7.000 millones de deuda flotante que al día de hoy tiene la obra social y que crecieron a partir de un 2020 de pandemia en el que los sueldos de los empleados públicos se estancaron y un 2022 en el que los precios internacionales de los medicamentos se dispararon.
Cabe aclarar, a su vez, que la oficial no es la única perspectiva. Para conocer otros puntos de vista se puede consultar el final de esta nota.
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Mendoza no es ajena el fenómeno del envejecimiento poblacional. La gente vive cada vez más, y durante esos años precisa de tratamientos diversos: las cifras oficiales indican que los consumos de servicios de salud se disparan después de los 65 años, creciendo hasta 400%.
Además, desde el oficialismo afirman que en la carambola jurídica en la que viven rebotando las obras sociales, la OSEP ha salido perjudicada, al no contar con suficientes fondos específicos para atender a este sector de los socios.
De hecho -dice el gobierno-, las contribuciones de los activos deberían destinar un mayor porcentaje de la cuota a costear estos gastos que realizan los pasivos. De lo contrario, el camino se vuelve muy empinado.
La ley 24.901 significó un avance importante en las conquistas de las personas con discapacidad, ya que estableció un sistema de prestaciones básicas de atención integral que deben cubrir todas las obras sociales.
Sin embargo, desde la provincia argumentan que las obras sociales provinciales quedaron afuera de diversos mecanismos de financiamiento que garantizan la sustentabilidad del sistema a nivel nacional, como el Fondo de Redistribución del Ministerio de Salud de la Nación y luego del Sistema Único de Reintegros (SUR).
En OSEP, los afiliados que tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) son alrededor de 12.000. Es sólo el 3% del padrón, pero su atención abarca entre el 9,2% (2012) y el 21% (2021) del total del presupuesto del organismo. Es decir que la plata que se destina a esos pacientes no representa una cifra menor.
Por eso en 2016 se fijó un aporte del 0,75% del salario de los afiliados directos en concepto de "Fondo Discapacidad". Con eso se cubre hoy sólo el 30% de lo que se paga por los servicios que recibe ese segmento: no alcanza.
Por otra parte, existen algunos afiliados que requieren tratamientos carísimos y que, en caso de no recibirlos, suelen judicializar sus casos y consiguen que la entidad esté obligada a hacerse cargo.
En esa misma dirección, el gobierno recuerda que el 1% del padrón de afiliados de OSEP consume medicamentos por un monto anual aproximado de 60 millones de dólares. Lo cual conduce al tercer ítem doloroso: el aumento de los costos en moneda extranjera.
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Las oscilaciones -siempre ascendentes- de la moneda estadounidense en el mercado local han hecho estragos en las arcas de las obras sociales, que cuentan con presupuestos en pesos.
Los medicamentos para las llamadas "enfermedades catastróficas", por ejemplo, representan el 30% de los gastos anuales de OSEP. Se trata de patologías que se denominan así porque acarrean consecuencias económicas prácticamente imposibles de asumir por parte de los enfermos, que por ende no encuentran otra opción que cargar el peso de ese financiamiento sobre las obras sociales.
A ello hay que sumarle el impacto que tiene la devaluación sobre diversos insumos para tratamientos e internación.
Paralelamente al dólar, aumentan los precios domésticos. Eso gravita fuertemente en lo que se destina a salarios y a productos que se fabrican en el país.
Al respecto, el gobierno de Suarez indicó que la OSEP adquiere el 70% de sus servicios de salud al sector privado, que ha incrementado sus valores al ritmo de la inflación y las paritarias.
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Ante este panorama, el proyecto de ley que elevó el Ejecutivo provincial propone, entre otras cosas, modificar la Carta Orgánica de la obra social para paliar el complicado panorama.
Actualmente, cada afiliado directo aporta de su salario bruto el 6% por sí mismo a la obra social y el 0,08% por cada integrante de su grupo familiar a cargo en OSEP. Y además, la entidad recibe el aporte de otro 6% por parte del empleador, que en este caso sería la Provincia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) o el Municipio. Lo que hace un total de aportes del 12%.
Ese porcentaje es el que "ataca" el proyecto de Suarez: el punto que aporta el Estado, en cualquiera de sus formas, pasará del 6% al 7%; en tanto que el que aportan los afiliados por sus familiares pasará de aquel 0,08% a un 0,75% por cada uno.
De esta forma, con el objetivo de "adecuar el aporte del afiliado indirecto en concepto de Fondo de Enfermedades Catastróficas", se diseñó un nuevo esquema de aportes sobre los afiliados indirectos (hijos, etc.) "buscando que impacte lo menos posible en el afiliado de menores ingresos, que es justamente donde se concentran los grupos familiares más numerosos".
La grilla quedaría así:
Vale decir que si un padre tiene 7 hijos que son afiliados indirectos, abonará por ellos solamente el 2,25%. Esto se pensó así con el fin de no perjudicar tanto a las familias numerosas.
En relación a los inconvenientes para atender a los jubilados, se propone "incorporar en una primera etapa una contribución patronal por parte del Estado y entidades respectivas del 1% sobre las remuneraciones de los afiliados directos activos".
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La perspectiva oficialista no es la única. Desde diversas comarcas opositoras salieron a discutir esas argumentaciones y abordaron el tema desde otros ángulos.
Inclusive acusaron al Gobierno de querer "hacer caja" en el comienzo de un año electoral.
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Desde el Centro de Economía y Finanzas de Mendoza (CEFIM) advertían ya desde septiembre que uno de los problemas fundamentales de OSEP tiene que ver con la reducción en los salarios de los empleados públicos.
"La relación vincular entre salarios públicos e ingresos de la obra social es directa e inexorable: al estar ligada a un porcentaje sobre el monto del salario (6% como aporte del trabajador y 6 % como contribución del Estado), si este último aplica una política de reducción de los salarios en términos reales (neto de inflación) los ingresos de la Obra Social también se ven afectados", analizaron los especialistas del centro en uno de sus informes.
"En este sentido -añadieron- resulta válido recordar que los salarios públicos en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el efecto de la inflación, sufrieron una pérdida de aproximadamente un 30% en el período comprendido desde el año 2016 hasta el 2021".
Aquí, el texto completo del proyecto de ley que el Ejecutivo mandó a la Legislatura: