Ana María Salas, de la Séptima Cámara.
Ana María Salas, jueza laboralista.
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El caso de la jueza Salas
A poco de fijarse la obligatoriedad de aportar a la OSEP, un grupo de magistrados mendocinos acudieron a los tribunales y presentaron una demanda colectiva que perdieron.
Salas quedó fuera de esa resolución porque lo hizo fuera de los plazos legales permitidos, según el máximo tribunal local. Entonces acudió a la Corte nacional, que en 2013 rechazó su planteo.
Para continuar el litigio en los tribunales internacionales, la magistrada contrató a partir de 2014 los servicios de la abogada Fabiana Quaini, de vasta y exitosa experiencia en Derecho Internacional.
Según Quaini, quien habló de "extracción compulsiva", la normativa provincial "violenta derechos" de Salas y los demás magistrados. También el principio de intangibilidad.
Un pleito de largo aliento
De aquellos jueces que accionaron en la Corte y perdieron, la gran mayoría terminó acordando con el Poder Ejecutivo durante los últimos años y comenzó a aportar a la OSEP.
Muy pocos quedaron en litigio. Y Salas es una de esas personas.
La jueza laboralista es una de las magistradas que renunció al cargo a comienzos del 2020 cuando el Gobierno promovió la reforma previsional que recorta los futuros haberes jubilatorios.
Hoy está a la espera de ese beneficio y sigue en funciones, ya que las jubilaciones están algo frenadas en ANSES hasta que los interesados renuncien de manera efectiva y esperen por lo menos 2 o 3 meses para empezar a cobrar.
En 2014 había sido denunciada en el Jury de Enjuiciamiento por “mal desempeño de sus funciones”, “realizar actos de manifiesta arbitrariedad” y “dejar de cumplir sus obligaciones”; actuaciones que fueron archivadas por ese organismo que revisa la conducta de los jueces.
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