La jueza María Lizán renunció definitivamente al cargo el miércoles 8 de junio. Lo hizo apenas 5 días después de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia la denunció en el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño de funciones y desorden de conducta. Ahora, el gobernador Rodolfo Suarez tiene la última palabra.
El dilema del gobernador Rodolfo Suarez por la renuncia de la jueza de Familia María Lizán
Según la Constitución de Mendoza, solo él está en condiciones de dejarla ir para jubilarse -como ella pretende- o de permitir que el Jury haga su trabajo e inicie el proceso que la dejaría al borde del despido de la Justicia.
Esto último echaría luz sobre una denuncia por una serie de conductas laborales y personales sistemáticas e ingratamente sorprendentes y gravísimas, impropias de quienes tienen la delicada misión de impartir justicia y de quienes tanto espera la sociedad: los jueces.
Diario UNO accedió a los detalles y conclusiones de la investigación interna del Poder Judicial que detonaron la denuncia de Dalmiro Garay contra Lizán, en base a los dichos de los empleados de la Justicia de Familia de Las Heras. Pasen y lean. Pero antes, ajústense los cinturones.
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Partes del escándalo
El viernes 3 de junio, el Jury de Enjuiciamiento recibió la denuncia del jefe de la Corte y un expediente adicionado: la pieza identificada con el número 100.852 y caratulada “Funcionarios del Tribunal de Gestión Judicial de Familia de Las Heras denuncian a la Dra. María A. E. Lizán”.
Este documento da cuenta de la presentación y las declaraciones de empleados y funcionarios judiciales de Las Heras que decidieron no callar más y dejar de lado lo reverencial. También incluye los informes de funcionarios cercanos a la conducción de la Corte.
La ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento y la denuncia de Garay indican que Lizán cometió hechos que se encuadran en dos causales de destitución: desorden de conducta y mal desempeño de funciones. Todo, en lenguaje técnico.
Sin embargo, quienes hablaron para la Secretaría Legal y Técnica describieron con lujo de detalles algunos comportamientos de Lizán que pueden contarse, como ellos lo hicieron, con lenguaje claro, como gusta de decir la Justicia en los últimos años. Algunos dichos textuales del expediente, a continuación.
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El token de María Lizán
¿Cuánto vale una firma? ¿Y la de un magistrado? La firma, en todo ámbito, y más aun en el argot judicial, es indicio de autoridad y responsabilidad. De hacerse cargo. Sin embargo, de acuerdo a las denuncias presentadas en la Suprema Corte y en el Jury de Enjuiciamiento, la firma digital de la jueza María Lizán era un símbolo de desidia.
"Delegaba su firma y dejaba el dispositivo USB (token), de uso personal e intransferible, en manos de sus colaboradores o en algún lugar donde se sabía que estaba disponible", expusieron algunos testigos.
Semejante versión activa, cuando menos, un par de interrogantes: ¿son legítimas todas las resoluciones que aparecieron con la firma de María Lizán, durante años, en el Juzgado 12 de Familia de Las Heras?
¿Pueden estar seguros quienes perdieron con sus sentencias de la legitimidad de esos actos administrativos? Y los que ganaron ¿lo hicieron conforme a la ley?
¿Su renuncia por incapacidad física y mental para seguir siendo jueza -tal como dijo en su dimisión escrita- responde alguno de los interrogantes arriba planteados o termina por esconderlos debajo de la alfombra?
Dos Jury de Enjuiciamiento en 10 años
La presentación de Dalmiro Garay en el Jury de Enjuiciamiento fue la segunda en contra María Lizán en 10 años. Si Suarez lo decide, ella deberá enfrentar otra vez al organismo jurídico-político encargado de revisar la conducta de los magistrados mendocinos. Como nunca le sucedió a nadie antes.
En 2012, cuando Lizán era jueza de Familia en Tunuyán, el Jury de Enjuiciamiento la suspendió para investigarla por el escándalo de las adopciones ilegales en el Valle de Uco.
Esa pesquisa fue archivada y Lizán y otra magistrada, también suspendida y bajo proceso, finalmente volvieron a sus cargos.
Lizán fue trasladada a Las Heras y tiempo después, por haber estado suspendida y por haber cobrado medio sueldo durante 44 meses, demandó al Estado por $5 millones, pleito que perdió en todas las instancias posibles en Mendoza y desde hace unas semanas con la certeza de que no podrá apelar en la Corte Nacional.
Este segundo capítulo de su carrera profesional también está teñido de sospecha por un procedimiento irregular en el trámite de entrega en adopción del bebé de una madre internada en El Sauce, a la que entrevistó sin la representación judicial fijada por ley para personas vulnerables.
Contrarreloj
Todo indica que los jueces de la Corte, los diputados y los senadores que componen el Jury de Enjuiciamiento se reunirán el jueves 16 en el cuarto piso de los tribunales provinciales por el nuevo caso que tiene a Lizán como protagonista exclusiva.
En las horas previas, acaso desde Canadá -donde busca captar inversiones mineras- o a su regreso en Casa de Gobierno, Rodolfo Suarez deberá enfrentar el dilema de dejarla ir o permitir que rinda cuentas y sea juzgada.
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