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El máximo tribunal mendocino rechazó un planteo de nulidad y dejó en pie el sobreseimiento de primera instancia.

La Suprema Corte ratificó un fallo a favor de las juezas del Valle de Uco

Por UNO

Por Alejandro Gamero

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La Suprema Corte de Mendoza puso fin al polémico caso de las juezas de familia del Valle de Uco al ratificar el sobreseimiento de María Lizán, Adriana Rodríguez y Susana Barrigón, quienes fueron acusadas penalmente por dos trámites de  adopción presuntamente irregulares de dos hermanas, tramitados en los años 2009 y 2010, que desembocaron en un escándalo público cuando el abogado de la madre de las niñas, Edgardo Vallés, denunció una supuesta red de venta de niños montada por las propias magistradas. 

De aquella denuncia poco y nada se probó pero la sospecha no nació de un repollo sino del imprudente accionar de una de las juezas, que fue la chispa del big bang, que luego arrastró a las otras dos juezas. 

Una semana antes del trámite de adopción de una de las niñas, la jueza Susana Barrigón visitó con un matrimonio un orfanato de Tunuyán donde estaba la menor.  La jueza vio junto con el matrimonio a la chiquita y le sacó fotos. 

A la otra semana ese matrimonio, oriundo de Buenos Aires y que vivía en Tunuyán, fue elegido para adoptar a la menor que había visitado en el orfanato con la jueza Barrigón. Esto fue el disparador de la denuncia y de las sospechas.

El trámite de adopción lo formalizó la jueza Adriana Rodríguez, de Tupungato, quien estaba de turno y subrogaba a la vez el juzgado de Tunuyán de María Lizán, quien estaba de licencia. 

Lo inició tras un informe urgente de que la niña atravesaba una depresión y había que sacarla del orfanato.

Cuando Lizán volvió de licencia, la madre de la niña y su abogado presentaron la denuncia penal contra las tres magistradas y también en el expediente de adopción. 

Sin embargo, el trámite de la adopción siguió su curso  y curiosamente la madre biológica, que tenía todos sus hijos adoptados porque no podía criarlos por razones de salud mental y pobreza extrema, no se opuso, ni tampoco su representante. Igual postura tomaron la DINAF y la Asesoría de Menores, que representa los derechos del menor involucrado. 

La adopción no sólo se concretó sino que en el proceso se incluyó a una hermana recién nacida. 

Todos los informes técnicos favorecieron al matrimonio de Buenos Aires y aconsejaron finalmente consumar la adopción definitiva. 

La resolución de la Corte mendocina ratificando el sobreseimiento  dictado en 2013 por el juez de instrucción de Tunuyán, Fernando Ugarte, dejó en pie las conclusiones de este magistrado de que la hipótesis de una banda de juezas que comerciaban ilegalmente con las adopciones no fue probada ni era cierta. 

Con los votos del ministro de la Corte Omar Palermo y de las conjuezas  María Isuani y Alejandra Orbelli, el máximo tribunal de justicia mendocino rechazó un planteo de nulidad impulsado por el fiscal Javier Pascua contra la Cámara Penal de Apelaciones, que ya había ratificado el sobreseimiento. 

Con la causa penal terminada, a dos de las tres denunciadas les queda un obstáculo por eludir: el Jury de Enjuiciamiento, encargado de juzgar el desempeño de los jueces y habilitado para destituirlos. 

En 2012, el Jury suspendió a Lizán, Rodríguez y Barrigón y resolvió esperar el resultado de la investigación penal antes de debatir la destitución. 

En el camino, Barrigón renunció y quedó fuera del alcance del Jury; en cambio el futuro de Lizán y Rodríguez está pendiente. 

El Jury podría igualmente destituirlas si entiende que su desempeño fue deficiente, ya que el sobreseimiento no lo obliga a lo contrario.

Sin embargo, fue el propio Jury el que condicionó su decisión final al avance de la causa penal en la que han terminado libres de culpa, por lo que seguir hacia un juicio de destitución sería legal pero no coherente con lo actuado hace tres años.

El caso

►Adopciones. En 2009 y 2010 se tramitó la adopción de dos hermanas a favor de un matrimonio que antes de ser elegido visitó a la niña más grande en un orfanato, lo que desató la denuncia.

►Investigación. Las juezas fueron imputadas, luego suspendidas por el Jury y tras la instrucción finalmente sobreseidas. María Lizán y Adriana Rodríguez declararon públicamente ser inocentes.

La frase

"La supuesta venta de niños es falaz como también la supuesta elección amañada de los adoptantes. Estas sospechas las descartó el juez” (Daniel Sosa Arditi, abogado de la jueza María Lizán).