Fin de la carrera judicial

Renunció la jueza María Lizán, denunciada hace 5 días por el presidente de la Corte en el Jury

María Lizán, del Juzgado de Familia 12 de Las Heras, había sido denunciada por Dalmiro Garay por mal desempeño y desorden de conducta tras una investigación interna. La pesquisa arrojó conclusiones preocupantes y escandalosas

La dimisión "definitiva" fue presentada este miércoles a las 13.50 en la Mesa de Entradas de Casa de Gobierno. La nota está dirigida al gobernador, Rodolfo Suarez, quien decidirá si la acepta o no.

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La nota de renuncia de María Lizán.

La nota de renuncia de María Lizán.

Lizán, de 64 años, fundamentó su salida de las filas del Poder Judicial de Mendoza a partir del 1 de julio próximo, en "incapacidad física y mental" que le impiden seguir cumpliendo la función de magistrada.

Cuánto cobrará de jubilación tras el retiro es uno de los puntos más complejos de este caso y dependerá de los años de aporte como magistrada que haya hecho al sistema previsional.

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María Lizán: el ocaso de la magistrada

"Problemas de extrema gravedad en la salud de mi hija", argumentó Lizán como el origen de los padecimientos de salud que derivaron en su decisión de renunciar.

Su abrupta salida se produjo cinco días después de que el presidente de la Corte la denunció en el Jury de Enjuiciamiento por causales de destitución fijadas por la ley provincial 4.970, como el mal desempeño y el desorden de conducta, mientras estaba al frente del Juzgado de Familia de Las Heras.

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Dalmiro Garay, presidente de la Corte, llevó a Lizán al Jury.

Dalmiro Garay, presidente de la Corte, llevó a Lizán al Jury.

"Se acompañará la totalidad de las pruebas médicas pertinentes en un anexo aparte", comunicó la magistrada.

Figura pública

Lizán ya se había convertido en noticia mucho antes de renunciar y de haber sido denunciada ante el Jury.

Entre 2012 y 2016 estuvo suspendida por ese organismo -lo integran 21 jueces de la Corte, senadores y diputados- junto con otra magistrada por el escándalo de las adopciones ilegales en el Valle de Uco, cuando Lizán era jueza de Familia en Tunuyán.

El caso tuvo una investigación penal a cargo de un juez y un fiscal.

Tras haber sido reincorporada al cargo como consecuencia del archivo de las actuaciones del Jury, Lizán demandó al Estado provincial y reclamó $5 millones de indemnización por daños y perjuicios. Se refirió a los 44 meses de suspensión durante los cuales cobró la mitad del sueldo, como prevé la ley.

Ese pleito civil fue rechazado en primera y segunda instancia, cuyos jueces coincidieron en que el Jury actuó de modo legítimo, contradiciendo los argumentos de Lizán, que se declaró afectada y víctima de la violación derechos constitucionales.

Más adelante, la Suprema Corte de Justicia le rechazó el aval para apelar en la Corte de la Nación.

La investigación interna

Lizán fue denunciada en el Jury por segunda vez en diez años después de que funcionarios y empleados judiciales de Las Heras revelaran conductas irregulares desde lo procesal y graves desde lo atinente al trato con el personal. Varios dijeron que los llamaba por sobrenombres ofensivos.

El trámite de entrega en adopción de un recién nacido sin que la madre -paciente del hospital El Sauce- contara con el asesoramiento previsto por la ley la dejaron contra las cuerdas, tanto o más que el hecho de que le atribuyeran delegar el dispositivo de firma electrónica para utilizar en cada escrito y expediente.

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