La jueza María Lizán demandó al Estado y reclamó una indemnización de $5 millones por haber estado suspendida por el Jury de Enjuiciamiento entre 2012 y 2016, cuando la denuncia por mal desempeño de funciones fue archivada y ella volvió a su despacho.
Tras la denuncia por las adopciones ilegales
La jueza de Familia María Lizán hizo juicio por $5 millones y cargó contra el Jury de Enjuiciamiento
María Lizán perdió ese juicio civil por daños y perjuicios en primera y segunda instancia. También la bocharon en la Corte. Ahora, quiere seguir el pleito en la Corte de la Nación
La jueza María Lizán ya había estado ante el Jury de Enjuiciamiento hace 10 años.
La magistrada, ahora a cargo del Juzgado de Familia 12 de Las Heras, se hizo conocida públicamente hace diez años cuando el Jury la suspendió por el escándalo de adopciones ilegales en Tunuyán, donde tenía a su cargo un juzgado de ese fuero.
El juicio civil fue por daños y perjuicios y Lizán lo perdió en primera y segunda instancia de manera unánime. También la Suprema Corte de Justicia le rechazó la apelación.
Ahora, el máximo tribunal resuelve si le concede autorización para continuar el pleito en la Corte de Justicia de la Nación.
La demanda
En 2018, Lizán reclamó $5 millones por los daños psicológicos y materiales que le ocasionaron, argumentó, haber estado 44 meses suspendida y, según el reglamento del Jury de Enjuiciamiento, haber cobrado la mitad del sueldo.
En diciembre de ese año, el Juzgado Civil y Comercial número 12 rechazó la demanda bajo el argumento de que el Jury de Enjuiciamiento había actuado ajustadamente a Derecho y que a la demandante no se le habían violentado derechos constitucionales.
Frente al resultado adverso, Lizán apeló en segunda instancia e insistió con que el Jury había actuado de modo ilegítimo.
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Por su suerte laboral responsabilizó a Rodolfo González, procurador de la Corte y jefe de los fiscales al momento de la suspensión, y a dos magistrados que se ocuparon de la pesquisa por el escándalo de las adopciones en el Valle de Uco: el fiscal Javier Pascua -hoy jefe de la Unidad Delitos Económicos- y el juez instructor Oscar Balmes.
El 14 de abril de 2021, un Tribunal de Gestión Asociada rechazó la pretensión de la jueza Lizán.
En fallo unánime, las juezas Silvina Miquel, Marina Isuani y Carla Zanichelli confirmaron el fallo de primera instancia.
Cuando acudió a la Corte
Luego de este nuevo traspié, Lizán fue a la Suprema Corte esgrimiendo el recurso extraordinario provincial contra las sentencias adversas.
El 11 de febrero de 2022, la Sala II, integrada especialmente para la ocasión por los supremos Teresa Day, Dalmiro Garay y José Valerio, dejó firmes las sentencias de los cuatro jueces que resolvieron en primera y segunda instancia.
Por estas horas, la Corte resuelve si le concede el recurso extraordinario federal.
Si lo consigue, Lizán podrá apelar en la Corte nacional.
Caso contrario, deberá insistir a través de la última vía recursiva posible: el recurso de Queja.
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