El martes arranca el Jury de Enjuiciamiento contra Sebastián Sarmiento, juez apuntado por liberar a presos que terminaron asesinando a dos personas y violando a una menor. El Gobierno lo tiene entre ceja y ceja y está -a priori- listo el número para dejarlo sin cargo y sin sueldo. Sin embargo, en su equipo asoman tres posibilidades para evitar ser destituido esta semana. Son días de mucho movimiento.
La semana política
Las 4 cartas que tiene Sebastián Sarmiento para que el Jury de Enjuiciamiento no lo destituya este viernes
Existen varias salidas para el juez Sebastián Sarmiento. Chances de ir a la Corte nacional y cómo se preparan. El debut de Jaliff como subsecretario de Justicia
El martes arranca el juicio político contra Sarmiento. Puede definirse esta semana o la próxima.
Foto: Axel Lloret / Diario UnoEl proceso se extenderá 4 días y terminará el viernes 24 de abril con la sentencia a cargo de los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento: los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 7 senadores y 7 diputados provinciales.
La ley que rige el procedimiento es la 4.970 e implica que, en caso de recibir una definición desfavorable, la única instancia de apelación para él es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí, lo que debe hacer la Corte es derivar a una instancia local. Es decir, se produciría un efecto paradójico, porque al final el proceso debe volver para que lo defina el máximo tribunal mendocino.
Si ocurriera eso, deben nombrarse conjueces, porque los 7 supremos de Mendoza ya habrán resuelto a lo largo de toda esta semana sobre el accionar de Sarmiento y se habrán expedido individualmente. Esos conjueces que deberían nombrar para tal proceso deben ser magistrados del fuero civil.
Esa es la única posibilidad recursiva de Sarmiento. Sin embargo, en su equipo barajan dos salidas anteriores, previas incluso al juicio político y que hasta podrían evitarlo. Una de ellas podría ser buscar la suspensión en lugar de una destitución definitiva. Esto lo puede decidir el mismo tribunal que va a juzgarlo, y elegir alejarlo por días o hasta un máximo de 6 meses. Pasado ese tiempo, el juez podría volver a su cargo normalmente. No se computa el tiempo que ya lleva suspendido.
Es una de las salidas intermedias y hay un antecedente bastante conocido. Es lo que pasó 10 años atrás con el fiscal Fabricio Sidoti, que según la información oficial, no ordenó la detención de Roque Arroyo, un hombre que había sido denunciado por su propia hija por intentar abusarla y que finalmente, aprovechando esa libertad, la asesinó.
Fue un caso bastante recordado. Hoy, el femicida cumple perpetua por matar a su propia hija. La justicia le llegó demasiado tarde.
¿Y cómo se llega a una suspensión, en vez de perder el cargo y con la mancha de un juicio político? De dos maneras: una es que el Ministerio Público Fiscal acuerde con el enjuiciado. Sin embargo, no es el MPF el que tiene la última palabra. En teoría, el procurador Alejandro Gullé debe acordarlo con el tribunal total del juicio político que lo está analizando para que esto se otorgue.
Sebastián Sarmiento puede ir a juicio abreviado
La otra posibilidad que asoma en el horizonte del juez es llegar a un juicio abreviado, porque en estas instancias obran las formas de los procesos penales. Puede pedirlo antes de iniciado el proceso, incluso minutos antes de que todo arranque este martes en la sala de actos de la Corte; pero también puede pedirlo cuando ya esté iniciado. Así fue como se hizo para la suspensión en el caso de Sidoti, justamente.
Por último, también podría haber una renuncia voluntaria del juez, aunque eso difícilmente ocurra. Según supo Diario UNO, aún si esto ocurriera (por ejemplo para evitarse la “marca” de la destitución), Alfredo Cornejo tiene toda la potestad de no aceptarle la renuncia.
El Ministerio Público Fiscal presentó a 23 testigos, con una terrible particularidad: uno de ellos es Pablo Rivero, el jefe de la alcaidía de Tunuyán que falleció de un paro cardíaco el 19 de marzo pasado, cuando perseguía a dos presos que se escaparon de la dependencia en el Valle de Uco.
El resto están más y menos implicados a las causas de Sarmiento. Probablemente la principal -quien además es la querellante- sea la viuda de Héctor Pelayes, policía retirado asesinado por Roberto Pereyra, a quien Sarmiento había liberado antes de cumplir su condena original. La producción de pruebas ya la terminaron hace un mes y medio, a principios de marzo.
El juez Sarmiento llevará a 12 testigos. Entre ellos, destacan la responsable para las Américas de la Organización Mundial contra la Tortura, la directora del programa contra la tortura de figuras del Comité Mundial contra la tortura, dos ex presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jueces conocidos como la magistrada penal Mariana Gardey.
El juez suspendido se representará a sí mismo junto a una abogada de Maipú, Luciana Torres. ¿Su mayor argumento? Probablemente serán aquellos fallos que hoy se le reclaman -porque terminaron mal- pero que el Ministerio Público Fiscal no apeló. Fuentes del Gobierno explican que solo se apeló uno de los cinco que se llevarán al Barrio Cívico el martes.
Sarmiento cuenta con una ventaja -entre muchas comillas-: como está suspendido, no puede trabajar. De hecho, ni siquiera podría emprender algo en el sector privado durante este tiempo, con lo cual tiene más tiempo que la otra parte para armar su defensa. Lo ha estado haciendo durante meses. Apunta, desde luego, a la cuarta posibilidad que aparece en el horizonte: que el Jury lo absuelva.
La pregunta es: ¿Hay intención absoluta de destituirlo? Entre los legisladores del oficialismo que forman parte del tribunal, pareciera que sí. Sin embargo, puede haber sorpresas o dilaciones esperables en procesos jurídicos tan relevantes. Es una semana bastante cargada y el proceso puede tomar caminos diversos.
Los cambios que ya genera Jaliff
En el marco de la Justicia, la primera semana de Juan Carlos Jaliff como subsecretario tuvo efectos concretos. La historia comenzó el viernes 10 por la tarde, cuando le sonó el celular mientras llegaba a su casa. Era Cornejo. La charla y el ofrecimiento fueron expeditivos.
Y también lo fue el ex vicegobernador. Esa misma noche lo habló con su familia. Pidió una bendición para aceptar, podría decirse. Antes de las 11 del sábado ya estaba en la residencia oficial de La Puntilla para reunirse con el gobernador y llevarle el sí.
A los dos días ya estaba sentado en su nuevo despacho, en el Ministerio de Seguridad de calle Salta, en Godoy Cruz. Su primera reunión fue con Mercedes Rus.
Económicamente se supone que no le vino mal el cambio: el cargo que desempeñaba en la Legislatura (con un rol importante, además, porque fue uno de los autores del proyecto de reforma constitucional, entre otras tareas) era completamente ad honorem. Lo había firmado Mario Abed en 2022 y lo ratificó Hebe Casado en 2024.
El jueves a la mañana Jaliff se reunió con los miembros de la Corte. Resolvieron, inmediatamente después de eso, cubrir la vacante de la presidencia en el Consejo de la Magistratura, que era una de las críticas que hacían opositores al Gobierno provincial, bajo una supuesta intención de no querer nombrarlos. Julio Gómez y Norma Llatser quedaron como presidente y vice.
¿Fue un gesto de los 7 miembros hacia Jaliff resolver un aspecto tan sensible, tan solo 72 horas después de que asumiera su cargo? Los contactos los tiene desde hace mucho.