El tribunal del caso Próvolo 2 liberó este viernes a las 14 a la monja Kumiko Kosaka por el vencimiento de la prisión preventiva y mantuvo la fianza de $2 millones, aunque seguirá siendo juzgada por los abusos sexuales junto a otras ocho mujeres.

La tobillera electrónica le fue retirada en el Polo Judicial.

Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido tomaron esta decisión en forma unánime, lo que fue duramente reprochado por los familiares de las víctimas del Próvolo.

Rafael Escot fue el juez técnico del primer juicio por jurados. Foto: Prensa Poder Judicial.
Rafael Escot, juez.

Rafael Escot, juez.

Kumiko Kosaka, libre y bajo proceso

A la monja religiosa japonesa le fueron impuestas determinadas reglas de conducta ya que sigue siendo una de las acusadas en el juicio por los abusos sexuales.

Deberá fijar un domicilio permanente y comunicarlo al tribunal, a quien deberá responder cada vez que sea convocada. No podrá ausentarse del país. Tampoco salir de Mendoza sin aval de la Justicia.

Su representante legal confirmó a Diario UNO que seguirá viviendo en el mismo domicilio donde cumplió la detención con tobillera.

No podrá tener contacto con las víctimas ni obstaculizar el desarrollo del proceso penal que la tiene como acusada.

Cinco horas de batalla judicial

Se llegó a esta encrucijada, aun en pleno juicio por el caso Próvolo 2, porque la monja cumplió este viernes 5 años de detención sin condena, el tope máximo que permite la ley.

A primera hora, el fiscal jefe de Delitos Sexuales, Alejandro Iturbide, avaló la liberación de Kumiko Kosaka pero con la garantía de una fianza de $6 millones.

Luego, el defensor, Carlos Varela Alvarez, reclamó que la monja fuera liberada sin más porque los plazos legales habían caducado. No tiene bienes a su nombre porque ha hecho votos de pobreza, argumentó para justificar que ella no podría afrontar el pago de la fianza.

Los abogados de los familiares de las víctimas exigieron que la religiosa siga detenida mientras se tramita el juicio porque se corría altísimo riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa judicial en caso de su liberación.

Finalmente, el tribunal la dejó en libertad y mantuvo la fianza de $2 millones aplicada en 2018 cuando se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, tras un año de detención en el edificio carcelario de mujeres en Agua de las Avispas.

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