Se acabaron las eternas deudas de beneficiarios de casas del IPV. Sólo en mayo Instituto Provincial de la Vivienda notificó a 50 deudores de que inició el proceso para desadjudicarles sus viviendas. En paralelo avanza en la Legislatura el proyecto de ley que acelera aún más el camino legal para que el instituto recupere las casas de los morosos.
El IPV notificó a 50 morosos que inició el proceso para desadjudicarles sus viviendas.
Foto: IPVUna muestra de esa decisión política es que este 1 de Junio se publicó en el Boletín Oficial provincial una serie de notificaciones a diversos deudores a los que se los emplaza a que en 10 días hábiles presenten su defensa, ofrezcan pruebas, constituyan domicilio legal y cancelen la totalidad de la deuda.
Si no cumplen, se les avisa que el IPV procederá a la desadjudicación de la vivienda según lo dispuesto en el decreto 868/77.
Se trata de deudores históricos. Uno de ellos -solo por tomar un ejemplo gráfico- debe 85 cuotas, es decir que desde hace más de 7 años que no paga su casa, por lo que su deuda supera los $33 millones.
Esos deudores están repartidos en diversos barrios de toda la provincia: en esas notificaciones aparecen deudores de Luján, Guaymallén, Las Heras, La Paz, Santa Rosa, Maipú, San Rafael y Tupungato.
Desde el IPV detallaron que si esos morosos no regularizan su situación, se hace una resolución de desadjudicación, lo que pasa a una instancia administrativa que más tarde debe validar el gobernador.
El mismo Alfredo Cornejo respaldó días atrás la decisión de que el IPV avance con la desadjudicación de viviendas, no sólo a esos morosos históricos, sino también a aquellos que recibieron sus casas y nunca las habitaron, o incluso contra los que las alquilaron.
“Todos los casos serán abordados con firmeza para reasignar esas viviendas a quienes realmente las necesitan”, sostuvo el gobernador en la entrega de casas en San Martín.
Cuántas casas desadjudicó el IPV en los últimos dos años
En paralelo a estas notificaciones, en la Legislatura avanza el proyecto para acelerar los procesos legales que debe cumplir hoy el IPV para avanzar con la desadjudicación de una vivienda y que el Estado logre recuperarla.
Al presentar el proyecto ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el abogado del IPV, Miguel Cicala, explicó que a través de los mecanismos tradicionales ese instituto pudo avanzar con los correspondientes desalojos, ya sea por eternas deudas o porque los adjudicatarios no ocuparon nunca las casas que se les dieron o las alquilaban porque son situaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, pero no lograba recuperar los inmuebles "porque no teníamos la herramienta eficiente y ágil para poder hacernos de la vivienda para poder dársela a otra persona”.
Ese proyecto, que nace de diputados oficialistas, ya tiene el despacho de mayoría de esa comisión por lo que podría llegar a debatirse en el recinto en breve.
Al presentar el proyecto, el abogado del IPV resaltó que en 2024 hubo 20 viviendas desadjudicadas (no recuperadas), en 2025 hubo 18 viviendas desadjudicadas (no recuperadas), y en lo que va de 2026 ya hay 28 viviendas desadjudicadas (no recuperadas).
Por lo tanto, con estas modificaciones propuestas “se propone actualizar la propia Ley del IPV con la intención de fortalecer el rol social del organismo”, tratando de garantizar “la correcta ocupación de viviendas IPV; el uso social y efectivo de los inmuebles; la recuperación de viviendas deshabitadas o irregulares; la posibilidad de dar nuevas respuestas habitacionales; la mayor capacidad de acción del Estado y la transparencia y equidad en los procesos”.
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