Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, pidió a la Justicia seguir en libertad hasta que la condena a 5 años de prisión por corrupción quede firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, pidió a la Justicia seguir en libertad hasta que la condena a 5 años de prisión por corrupción quede firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su defecto, solicitó el beneficio de la libertad domiciliaria porque, según argumentó, padece de problemas de salud y tiene a su cargo el cuidado permanente de un hermano.
Ahora, la Cámara del Crimen que lo condenó en 2018 debe decidir si acepta el planteo. En caso de rechazarlo, ese tribunal lo mandará a la cárcel, tal como ocurrió con el ex jefe comunal de Guaymallén Luis Lobos.
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El caso Salgado se reactivó este martes, cuando la Sala II de la Corte mendocina declaró que los delitos de corrupción no prescriben por el paso del tiempo y dejó sin efecto una sentencia de 2020 que había beneficiado al santarrosino con el sobreseimiento definitivo.
Así quedó latente la posibilidad de que Salgado sea enviado a cumplir el resto de la condena impuesta por la Primera Cámara del Crimen de San Martín.
Al igual que con Luis Lobos y su ex esposa, Claudia Sgró, el tribunal de sentencia quedó en condiciones de resolver qué pasará con el imputado.
Previendo el revés judicial, el abogado defensor, Carlos Moyano, presentó en la Cámara de San Martín el planteo de mantenimiento de libertad o, en caso de rechazo, que le concedan la domiciliaria.
Ahora, los jueces Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini se aprestan a tomar la decisión que podría desencadenar el envío a prisión de un segundo ex intendente peronista en menos de 2 meses.
"El principio constitucional de inocencia rige hasta que la sentencia quede firme y en este caso todavía quedan instancia judiciales donde apelar", explicó el abogado Moyano tras conocerse la decisión de la Corte que podría derivar en el encarcelamiento su cliente.
Caso contrario, advirtió el letrado, enviarlo a prisión "sería violatorio de la exigencia impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
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