"Siempre hubo retrasos en los pagos a esos profesionales, pero este año vimos obras sociales nacionales -y alguna provincial- que se demoran cuatro o cinco meses. Eso hizo que cada vez menos lugares reciban esas obras sociales, y los chicos quedan a la deriva", contó Lucy ante la consulta de UNO.
discapacidad telam.jpg
Aunque oficialmente los pagos "se han regularizado", prestadores, pacientes y familiares dicen que desde hace años hay importantes demoras en las partidas para discapacidad.
Hay prestadores tan hartos de los pagos lerdos que ya avisaron que en 2023 no darán ciertos servicios. Un ejemplo son los Módulos de Apoyo a la Integración Escolar, que consisten en el acompañamiento de chicos con autismo y otros perfiles durante su trayectoria en las aulas.
"Existen familias mendocinas que recibieron la noticia de que sus niños ya no iban a estar acompañados en clase por las demoras en los pagos de las obras sociales. Empezaron a averiguar con otros prestadores, pero si empeora el panorama no los van a admitir en ninguna parte", se lamenta Lucy.
►TE PUEDE INTERESAR: El 70% de los adolescentes mendocinos que asiste a urgencias psiquiátricas llega con ideas suicidas
El tira y afloje de las prestaciones por discapacidad
En el ámbito de discapacidad, los rubros de transporte y educación son los más afectados por las fallas en la cadena de pagos y los que representan la mayor porción de la torta que se reparte.
Si se intenta rastrear el flujo del dinero que se destina a atender a este sector, hay que meterse en un verdadero laberinto institucional.
Para simplificar, se podría decir que cuando un trabajador en blanco paga su obra social hay una parte de ese aporte que se destina a un fondo de Nación con el que luego se financian las prestaciones por discapacidad.
Así se trabaja con las obras sociales nacionales. El problema es que en algún punto de la cadena entre el Estado nacional y los prestadores locales se producen atascos.
Gabriela Sánchez es coordinadora del Centro de Rehabilitación Interdisciplinario (Cerin) de Ciudad. Subraya que existen retrasos incomprensibles.
"Las obras sociales nacionales -y en Mendoza también la OSEP- se están atrasando más y más. Dicen que ahora van a regularizar el ritmo, pero llegan a pagar a 60 o 120 días. Eso, con la inflación que tenemos, te hace bolsa", considera. Sánchez jura que consultó con otros prestadores y que "les está pasando lo mismo".
"En el caso de los servicios de apoyo a la integración escolar, recién se está cobrando abril o mayo. Los más adelantados están recibiendo la plata de junio. Y las clases siguen, y esos chicos precisan seguir estudiando con sus acompañantes", añade.
"El otro día -recuerda, por último- nos pasó que no nos pagaban desde hacía muchísimo lo que corresponde a una de las obras sociales. Llamamos a la Superintendencia de los Servicios de Salud (SSSalud) para ver que pasaba y era que tenían mal anotado nuestro CUIT, algo que podrían haber resuelto con un llamado telefónico".
►TE PUEDE INTERESAR: Ante el brote de Legionella en Tucumán, Salud puso en marcha un operativo preventivo en Mendoza
Cuando los fondos no llegan
Gabriel López tiene dos centros de día y el Hogar Huanomi, en Zona Este. Ratifica lo dicho por Morán y por Sánchez.
"El problema es que cuando los fondos se atrasan, el prestador tiene que poner su espalda, y por supuesto que no todos cuentan con recursos para afrontar dos o tres meses de gastos sin percibir nada. En agosto nosotros no recibimos un solo peso: tuvimos que salir a buscar dinero de otro lado. Eso genera una gran incertidumbre", dice.
En consecuencia, los prestadores empiezan a volverse "selectivos" con los pacientes que atienden. Si la obra social es confiable, los toman. Si no, los rechazan. Y pasa por un motivo sencillo: supervivencia económica.
López cree que algo pasa en el camino del dinero entre el gobierno central y los prestadores. En ese sentido, abundan las versiones que acusan a tal o cual gremio de recibir la plata y "bicicletearla" en plazos fijos, para obtener una ganancia extra y recién ahí pagar a quien corresponda. No es descabellado.
El entrevistado aventura: "Ahora desde Nación van a exigir a las obras sociales que presenten documentación donde se acredite que pagaron lo que reciben, y se les dará 60 días para que nos abonen. Eso, creo, puede representar un avance".
►TE PUEDE INTERESAR: No le quisieron alquilar un departamento porque es ciega
Los profesionales, entre la resignación y las pasión por ayudar
Martín Fiadino es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Asegura que -penosamente- los profesionales ya se han acostumbrado a que haya entre tres y seis meses de atraso en los pagos. De hecho, él recién termina de recibir su salario correspondiente al mes de agosto.
"Históricamente ha sido así y ahora se acentuó un poco. Tengo colegas que con estas demoras viven de prestado durante periodos larguísimos. Y después te dicen que, como cobraron la plata, se les fue en devolverle a quien les había prestado. Conozco profesionales que están esperando pagas desde hace 9 o 10 meses. Imaginate: con los aumentos, esa plata te llega completamente licuada", describe.
Se trata, nada menos, que de recibir el sueldo que uno ganó con trabajo.
"Pero sabemos que la plata está. Una vez nos fuimos a manifestar a una obra social porque se estaban demorando de forma rarísima. Llegamos a las 10; a las 14 ya nos habían depositado. Evidentemente algo pasa", conjetura Martín.
Y menciona otra variable: la descoordinación dentro del Estado.
"Cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández -recuerda- tuvimos que esperar 7 u 8 meses para que nos pagaran ¿Sabés por qué? Porque no habían nombrado a una autoridad y no había quien firmara las liquidaciones. Eso es lo que nos explicaron. Fue una cosa ridícula y no podemos jugar con la salud de las personas ni con los sueldos".
►TE PUEDE INTERESAR: La historia de "Posible", el café que emplea a personas con discapacidades
El acuerdo entre Massa y los sindicatos
Las inquietudes anteriores persisten poco después de que Sergio Massa y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaran a mediados de septiembre un nuevo envío de fondos para los sindicatos.
La novedad echó por tierra -al menos por ahora- los trascendidos sobre un DNU que iba a crear una especie de "PAMI" de la discapacidad que permitiera a las obras sociales gremiales distanciarse de esa problemática.
No pasó. Así las cosas, Massa prometió enviar al Ministerio de Salud cerca de 24.000 millones de pesos para las obras sociales, más una partida específica para financiar las prestaciones por discapacidad.
El tema estaba candente, porque la versiones sobre un ajuste en Salud habían encendido las alarmas en los sindicatos y hasta se dijo que la caja para discapacidad iba a agotarse en octubre. Desde la CGT subrayan, por otro lado, que las entidades sindicales atienden a unas 14 millones de personas.
Después de la reunión con el ministro de Economía, las obras sociales volvieron con el tranquilizador compromiso de que recibirán cerca de 6.000 millones de pesos por mes hasta fin de año, fruto de aportes que hacen periódicamente trabajadores y empresarios.
Esa plata -murmuran en algunos despachos oficialistas- estaba "trabada" por el exministro Martín Guzmán. Igual las responsabilidades no quedaron del todo claras y las acusaciones parecen el meme del hombre araña.
La mesa de trabajo
Las autoridades nacionales también dejaron trascender que se armará una mesa de trabajo que incluirá a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) y el resto de los actores involucrados.
El objetivo de ese espacio será monitorear las prestaciones y también analizar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en la actividad.
Andis y la SSSalud consignaron también que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las obras sociales nacionales "se encuentran regularizadas" y que el programa Incluir Salud "realiza sus pagos con regularidad".
Superintendencia de servicios de salud.jpg
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud recalcan que los pagos "están regularizados".
Por otra parte, anunciaron que "se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional".
"La discapacidad en su conjunto -añadieron- es una prioridad del gobierno nacional. Prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde 2019", reseñaron.
Ahora resta saber si el dinero y las soluciones llegarán rápido o si volverán a repetirse las misteriosas demoras y el aroma a plazo fijo que muchos perciben a lo largo de la cadena que media entre las arcas del gobierno central y el bolsillo de los destinatarios correspondientes.
►TE PUEDE INTERESAR: El Hospital Central es el primero en América en tener un viñedo en sus jardines
