En Mendoza ya empezó la investigación sobre fondos viales, tras la denuncia de Cobos a la Nación

Desde hace una semana -tras denuncias primero periodísticas y luego judiciales- se analiza si el Ministerio de Economía de Nación, conducido por Luis Caputo, incurrió en irregularidades con el dinero de esos tributos. Según se señaló, el grueso del dinero no está yendo al cuidado y mantención de esos trazados en todo el país, tal como marca que debería hacerse según el decreto que regula el fideicomiso, el 976/01.

Concretamente apuntan a una subejecución de los fondos ahí recaudados que ascendería al 73,8%. Es decir: de $1,5 billones, solo $394.406 millones fueron vertidos en obras viales en estos dos años y medio de gobierno mileísta, mientras que el resto quedó inutilizado en la cuenta o directamente se usó para comprar instrumentos financieros (siempre de acuerdo con la versión que la Justicia deberá ratificar o rectificar). Este reclamo se desprendería del análisis de la cuenta del Banco Nación que contiene ese dinero.

El evento escaló y llegó hasta Mendoza esta semana, luego de que el ex vicepresidente Julio Cobos, junto con el abogado Federico Morandini, solicitara la intervención de la Fiscalía de Estado local para requerir su inmediata intervención. Justificó su pedido afirmando que debía intervenir en defensa del patrimonio de Mendoza (ya que la Provincia utilizó y utiliza sus propios recursos para solventar inacciones de Nación en rutas que atraviesan nuestro territorio).

El dirigente radical menciona allí las rutas 7, 40 y 143 como ejemplos, dado que, mediante convenios extraordinarios, estas quedaron en manos de Provincia. Cobos expone que el Estado Nacional "sí contaba con fondos específicos para realizar estas y otras obras", pero que decidió no ejecutarlos en su totalidad, manteniéndolos en inversiones financieras o derivándolos al equilibrio fiscal. El ex gobernador sostiene que el Tesoro provincial sufrió un perjuicio claro al “asumir un costo ajeno”.

Qué dice la investigación local sobre las rutas

¿Cómo sigue esta historia en Mendoza? Tal como se explicó más arriba, Fiscalía de Estado hizo su avance y sobre el fin de semana ya ingresó el pedido de informe al Gobierno de Mendoza, de acuerdo con información oficial. Si bien las presuntas irregularidades se habrían cometido desde el Ministerio de Economía nacional, las consultas a calle Peltier tienen un sentido: detectar desde adentro cómo fue la recepción de esos desembolsos, para contrastarlos -si es que fuera posible- cono lo que "debería" haber recibido el mendocino.

Concretamente, este diario pudo reconstruir que las consultas en el documento son tres: qué montos llegaron y/o se aplicaron en la provincia, provenientes de Nación, en materia de obras viales y/o del Sisvial; si todo lo que de acuerdo con la ley debía ser recibido en el período 2024 a 2026 ha llegado de la manera en que está estipulado y, finalmente, si esas cifras efectivamente se están destinando a rutas nacionales de nuestro territorio.

La serie de preguntas deben responderla dos carteras: Gobierno y Desarrollo Territorial, que maneja Natalio Mema; pero también el Ministerio de Hacienda, de Víctor Fayad. Hay un plazo de 10 días hábiles para hacerlo; con lo cual, el tiempo concreto es hasta el viernes 28 de agosto -es un día más que lo habitual por el feriado de este lunes-. Nadie cree que no haya una devolución inmediata de lo consultado, más bien al contrario: se espera que esta misma semana haya una respuesta formal del gabinete cornejista.

El pedido de informe no termina ahí. También se redactó una solicitud para Casa Rosada: apunta a saber cuánto dinero está destinando al sistema vial en su totalidad y -de nuevo- cuánto de ese dinero vino hacia Mendoza en estos dos años y medio. Además, se le consulta con qué criterios se definen tales desembolsos (o “no desembolsos”, según las denuncias que corren).

De cualquier manera, al ser entidades nacionales, tanto el Ministerio de Economía como Vialidad Nacional, pueden no responderle al Gobierno de Mendoza en ningún momento. Es decir, tranquilamente pueden hacer caso omiso a las peticiones, según explican cerca de calle Peltier.

Así debería distribuirse el dinero: ¿se cumple?

El martes a la tarde, apenas estalló el problema, Cobos y el ministro Natalio Mema hablaron por teléfono unos minutos. El titular de Gobierno explicó informalmente su mirada sobre el asunto, que es básicamente que no ve una gran irregularidad, como sí asegura observarla el ex diputado. Para el Ejecutivo local no habría forma de que se haya dado malversación de fondos y en todo caso, todo lo que hay es subejecución.

¿Por qué? La explicación merece que, antes, se desglose cómo funciona el fideicomiso.

Cuando se creó el Impuesto a los Combustibles, en 1991, se dispuso que la totalidad de lo recaudado por él iría a diferentes asignaciones. Así, el Tesoro Nacional se queda con el 10,4%; el 28,69% va al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS); el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se queda con el 15,07%; 10,4% va a las provincias; 4,3% es para infraestructura hídrica (este apartado también dará que hablar por estos días); 2,55% para la compensación del transporte público (el fideicomiso que eliminó el Ejecutivo a principios de la gestión) y, finalmente, 28,58% debe ir a Infraestructura del Transporte.

Todo está dispuesto por la Ley 23.966, que es la que ordena el esquema fiduciario para el Impuesto a los Combustibles Líquidos y dispone los destinos consignados en el párrafo anterior. A su vez, el artículo 20 de la ley explica que 60% debe ser acreditado a las cuentas de cada uno de los organismos de Vialidad de las provincias. ¿Y cuánto para cada una? El porcentaje de distribución debía ser fijado por un Consejo Vial Federal.

Por lo que pudo averiguar UNO, las cifras oficiales indican que, de ese total (la torta que se reparte entre las vialidades provinciales), 4,3% es lo que debe percibir Mendoza de esos fondos. El resto va para las vialidades de las otras 23 jurisdicciones. Esos fondos han estado llegando "religiosamente" a la provincia desde el primer día de la gestión Milei, de acuerdo con el Gobierno de la provincia. De hecho, la cuenta es que en estos dos años y medio ingresaron $25.000 millones y, solo en lo que va de 2026, se desembolsaron $9.000 millones.

Es decir, una tercera parte. Lo anterior refiere siempre a lo que va a las vialidades locales y que (esto es extraoficial, no se aprecia en la ley) no sería utilizado para arreglos, sino para gastos corrientes, como comprar combustible y viáticos.

Cómo saber si Mendoza está siendo perjudicada

¿Qué pasa con el resto? Ahí está la duda que atraviesa no solo a Mendoza, sino al resto de las provincias. Sobre esa otra parte del dinero es que cae la denuncia que primero fue de medios nacionales, luego de la política, y ahora ya está en manos de la Justicia Federal.

Por fuera de los números ya consignados, el dinero que el SisVial debe destinar al cuidado de las trazas es el que no habría sido aplicado en su totalidad de esa manera y el que ahora impulsa investigaciones por presunta malversación. Investigaciones que, como se cuenta en esta nota, también se están haciendo desde Mendoza, ya que puede estar siendo seriamente perjudicada. Para determinarlo, hay que conocer cuánto de toda esa caja le corresponde a la provincia y eso abre un desafío:

¿De qué manera sabríamos si nos “tocaron” X cantidad de pesos a los mendocinos o si están al día con la administración Cornejo? ¿Cómo saber cuánto "tenía" que venir, por ejemplo, a la porción que nos atraviesa de la Ruta 7 y cuánto, por ejemplo, a la Ruta 68 que une Salta con Cafayate? Si no está predestinado, no hay una clara manera de conocer el posible perjuicio a cada jurisdicción, explican en el Gobierno.

“Es imposible saberlo, porque esa especificación no está en la ley”, aseguran.

Pero eso no es todo lo que responden: además de devolver una crítica más bien política, que habla de que “en la gestión Fernández no llegaba nada de dinero, con lo cual ahora es más o menos lo mismo” (aclaran que en la época de Macri sí se avanzó con obras como el inicio de la variante Palmira y arreglos en la ruta 7), lo que esbozan es taxativamente contrario a la denuncia de Cobos y la oposición.

Dicen que, si los fondos no fueron desviados, y “solo” se compraron con ellos bonos, letras del Tesoro y otros activos financieros, los administradores simplemente están cumpliendo su rol de “mantener el valor de la moneda". Difícilmente eso sea malversar. En cualquier caso es una subejecución, aseguran. Una más. Agregan que no están conformes con el hecho. Que preferirían que el dinero esté en las rutas de todas las provincias, pero que de ahí a hablar de malversación de fondos hay una distancia. Son apreciaciones coincidentes de al menos tres fuentes importantes del Ejecutivo que pidieron reserva.

Los reclamos de Cornejo y la denuncia de la Justicia

El jueves, en AmCham, el gobernador Alfredo Cornejo hizo algunas críticas puntuales a la gestión de Milei en aspectos que rozan el tan mencionado tributo a los combustibles. Afirmó que el gobierno nacional no hizo todo su trabajo en la eliminación de impuestos, que mantiene un sistema de coparticipación que premia a provincias que son anti-sector privado, y que mantiene impuestos distorsivos, aún hoy, y que le generan una amplia recaudación.

Respecto a la coparticipación, dijo que la supuesta imposibilidad de modificarla es una mala interpretación constitucional, y que tanto Milei como Luis Caputo "tienen o deberían tener claro" que algunas provincias sí hicieron su trabajo en la baja de impuestos, y que en eso Mendoza es el más emblemático de los ejemplos.

Más allá de lo que planteó el gobernador, está pendiente la resolución de la Justicia en torno a las denuncias que concretamente apuntan al SisVial, que, como se dijo, aparecieron esta semana y tuvieron amplia caja de resonancia en distintas esferas.

A decir verdad, el peronismo (incluyendo a referentes locales) las viene esbozando por lo menos desde febrero de este año. A principios de ese mes, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, se presentó con varios intendentes justicialistas ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de San Martín para que el gobierno explique el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. En abril hubo otro reclamo idéntico por parte de diputados nacionales, entre los que estaba el ex funcionario de Aduana Guillermo Michel.

El último antecedente es del lunes pasado: la diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó una denuncia penal en Comodoro Py por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Todo a raíz de la investigación periodística conocida el domingo 9 de agosto.

Mientras eso se resuelve y la Justicia Federal empieza a investigar, la actuación de la Fiscalía de Estado mendocina ya comenzó a ejecutarse, para solicitar las primeras informaciones que vinculan a todos estos interrogantes con las deterioradas rutas nacionales de Mendoza.