Claves de la semana: el mapa financiero de Cornejo, los que declaran en Las Heras y más despidos

Además está definido subir la vara: aunque la deuda se viene enumerando desde principios de año en torno a los $15 mil millones, el pedido que ya está listo va a buscar $18 mil millones en total. Subió un 20% porque se acumuló más caudal en concepto de cláusulas de garantía. De hecho son 10.500 millones de pesos por ese ítem y 7.500 millones más en los pagos del FONID que jamás llegaron. Concretamente, en torno a esos pagos les quieren cobrar cuatro meses: el último trimestre de 2023 más enero de 2024. Sobre esto último hubo algunas dudas de los funcionarios -si correspondía pedirlo o no-, pero se terminará solicitando porque teóricamente el recurso estuvo vigente hasta el día 31 de ese mes.

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Puja por el salario docente y otros pedidos a Milei

También le apuntan a la reunión del Consejo Federal de Educación que debería ser en las próximas dos semanas. La preside el antecesor de Tadeo en la DGE, José Thomas, y allí Mendoza tiene uno o dos objetivos: el primero es ver si pueden abrir peticiones por fondos más chicos que también deberían pagarse, como los de jornada extendida y Educación Técnica. También podrían pedir por ESI, ya que Mendoza es de las pocas provincias paga por su cuenta al puñado de formadores que tiene en esa materia, pero eso ya sería hilar muy fino.

Es más: es casi indistinto si logran el visto bueno en esos apartados, porque los montos son mucho menores a los esbozados más arriba. Lo que sí, es todo un gesto que vayan a buscar ese dinero aun en medio de este escenario, ya que es bien sabido que Milei tiene dos rottwailers en cada bolsillo y parece haber cerrado el grifo por completo a los gobernadores; sea en educación o prácticamente en cualquier otro rubro. Pero la esperanza es lo último que se pierde.

Lo segundo es un hito más que un objetivo, ya que no depende de lo que hagan los funcionarios locales, sino enteramente de la gente de Milei. Es esperar a ver qué pasa con la paritaria nacional docente, que viene con un piso de 290 mil pesos y a la cual los maestros quieren llevarla a cerca de 400 mil. Eso inquieta a algunos en Mendoza porque, más allá de lo que pase con la negociación local, la diferencia entre las bases salariales (lo que nos falte acá para empardar el mínimo de allá) debería ser abonado por Nación a través de las mencionadas cláusulas de garantía.

¿Y lo pagarán? En este contexto, esa es un gran pregunta.

Por otra parte, esa paritaria nacional asoma como un problema que está un poco en el aire, porque ya era complicado armarla desde que el Presidente "voló" al exsecretario de Trabajo, Omar Yasín, hace tres semanas. Ahora la cosa se complicó aún más porque, en medio de la crisis de los despidos, también renunció el martes la subsecretaria de la misma área, Mariana Hortal Sueldo (sí, la subsecretaria de Trabajo se llamaba Sueldo). Eso sin mencionar la tempranera salida del exfuncionario Horacio Pitrau, que también se desempeñó en el mismo cargo, pero no llegó a cumplir ni un mes de gestión. Se fue (o lo fueron) el 7 de enero pasado.

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Apuraron la contraoferta mendocina del "FONID 2.0"

Lo educativo es clave para el mapa financiero de Cornejo por dos cosas: primero porque los docentes, directivos y celadores componen una gran porción del máximo gasto que tiene la provincia, que son los salarios estatales. Segundo, porque es el ministerio que más dinero puede reclamar en Balcarce 50; incluso más que el Ministerio de Gobierno por los subsidios al transporte.

En ese sentido, Diario UNO reveló días atrás que en Mendoza están entusiasmados con la posible vuelta de una especie de FONID. Un fondo nacional distinto, que seguramente no alcance a reemplazar el volumen que tenía el incentivo docente, pero que puede llegar a paliar las cosas en un año complicado. La idea les llegó desde la propia Secretaría de Educación de Javier Milei y no es la única provincia donde manejan esa data: básicamente, que los desembolsos que componían al viejo recurso todavía pueden ir a parar a escuelas de las 24 jurisdicciones.

Aunque son cautos, en la provincia se pusieron a trabajar para llevar a Buenos Aires algunas propuestas de cómo podría distribuirse la plata. En principio, lo que están armando en la cocina de la DGE no es una idea abstracta, sino lisa y llanamente una fórmula, que pueda aplicarse de modo genérico y a todos por igual. La idea es que ese mecanismo junte al menos tres o cuatro indicadores distintos y ahí cada sistema provincial "se gane" los desembolsos. Era para el segundo semestre del año, pero algo pasó en el medio, porque en las últimas horas pidieron apurar el trabajo para que esté listo antes de junio.

"Nosotros tenemos el GEM y esos datos los sacamos fácil, pero los otros gobernadores no sé cómo lo van a aplicar. Seguramente dibujando números; cosa que a nosotros no nos conviene, pero bueno", rezongaron puertas adentro. "Igual tranquilos, porque si ni siquiera nos están pagando lo que nos deben para atrás, no veo por qué ilusionarse con algo que abonarían más adelante", dijo otro con el mismo nivel de pesimismo. Puertas adentro hay quienes piensan que se podría plantear la pérdida de "derechos adquiridos" por la caída del FONID, pero no parece mucho el estilo de esta gestión. Sea como sea, el ítem es determinante porque podría significar más del 10% de los salarios docentes pagados desde Buenos Aires, aflojándole un poco el cinturón a las arcas locales de Hacienda.

A propósito, de cara a la nueva reunión con el SUTE por las paritarias que arrancaron esta semana, la gente de Cornejo estuvo haciendo simulaciones y asoma otra vez una propuesta con un mix: porcentaje por encima del 10% y una suma fija a determinar. No está cerrado que vaya a ser la última palabra, pero la vez pasada esa oferta dio en la tecla y fue acatada por casi todos los gremios. Habrá que ver qué ocurre ahora.

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Qué hay en el paquete fiscal que impulsa Cornejo

Además de los reclamos a Nación, el GPS financiero del gobernador está posado sobre lo que hará con las cuentas propias. Sobre todo, luego de conocerse este viernes que perdió el 18,9% de ingresos por impuestos nacionales y el 8,8% de los provinciales en el primer trimestre del año, respecto al mismo período de 2023. Puesta en esos términos quizás la información no dice mucho, pero concretamente se trata de casi cien mil millones de pesos menos (sumando los tres meses), que directamente no se tienen en las manos para poder ponerle el pecho los gastos del Estado. Es una merma realmente complicada de sortear.

En ese horizonte asoma el paquete fiscal. Un conjunto de proyectos de ley que Cornejo viene macerando desde hace más de dos meses, sorprendiendo incluso a algunas de sus espadas legislativas más fuertes, que lo esperaban hace rato en el edificio de la Peatonal. Ahora sí, después de un nuevo amague -que había contemplado la posibilidad de ingresarla el miércoles o jueves-, la propuesta parece lista para su debut parlamentario. Ocurriría la otra semana, dependiendo de qué pase con otras discusiones que le importan mucho al Ejecutivo: la ley minera y las propuestas de salud. Eso sí: antes del discurso del 1 de mayo tiene que estar adentro.

Se pensó que el texto tendría sólo la modificación del coeficiente de equilibrio, ese ítem que define a dónde va el 10% de la coparticipación a los municipios y por el cual ya se sabe que habrá polémica; pero la verdad es que la pieza tendrá varios elementos más. Uno de ellos es el que obliga a las gestiones a seguir parámetros en teoría inquebrantables de responsabilidad fiscal (si se quiere, una evolución de algo parecido que quería Rodolfo Suarez para su reforma de la Constitución). Ahí el Gobierno tiene una disyuntiva, que es incluir esos puntos en el "megaproyecto" o bien recuperar uno similar que ya estaba en la Legislatura. Por ahora irían por la primera opción.

El paquete también apuntará a algo conocido como Ley de Fin de Mandato; que impondrá una especie de cepo a las acciones administrativas que comprometan buena porción de recursos en los tramos finales de una gestión. Es decir, llegaría un punto en el último de los cuatro años a partir del cual nadie podría dejar groseramente comprometido a su sucesor. Una medida que probablemente también abarque a los intendentes. El plazo que por ahora está colocado es el de seis meses antes del final del mandato y asoma como definitivo.

Por ahora, la ley también posee elementos que cambian la forma de gestión de entes descentralizados. Uno que el oficialismo tiene en la mira es por ejemplo el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), que observa el funcionamiento de AySAM. Según explicaron, la importancia de este cuerpo tuvo su auge cuando la entidad proveedora de agua era una empresa privada y las funciones de contralor eran mucho más amplias y necesarias. "Ahora quedó relegado a tareas menores y la idea es revisar hasta qué punto es necesario que opere tal como está", lanzaron cerca del Ejecutivo. El proyecto prevé una revisión de casi todos los entes similares.

Los flashes se irán con la coparticipación. Es un ring que está esperando a llenarse, sobre todo después de que Esteban Allasino se presentara en la Justicia por montos supuestamente adeudados y de que hasta un oficialista como Ulpiano Suarez, como contó UNO días atrás, presentara un pronto despacho y amagara con ir a la Corte por su Fondo de Compensación. Ya es un hecho que el nuevo esquema tiene en cuenta a sofrenar los desembolsos a los departamentos que "hayan ganado mucho" con las nuevas mediciones demográficas del INDEC.

Cambia Mendoza sabe que en ese debate la oposición estará dividida sí o sí: para dar un ejemplo, San Carlos asoma como uno de los posibles beneficiados con los cambios al coeficiente. Si es así, sembrará dudas en dos diputados emblemáticos de La Unión Mendocina, como Jorge Difonso y Rolando Scanio. Al peronismo le pasará algo parecido, porque tendrá departamentos a los que les dé una mano (se habla de San Rafael) y otros a los que no, como Maipú.

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La trama detrás de Ganancias y los gobernadores

Si hay algo importante en la cartografía financiera del 2024 es lo que decida hacer Javier Milei. Sobre todo en cuanto a los recursos que vaya a mandar a las provincias. Ya quedó claro que hay deudas arrastradas de la gestión peronista que por ahora el libertario no paga. Ya quedó claro también que los envíos discrecionales son cosa del pasado, salvo para cuatro gobernadores que recibieron algunos aportes bajos, de $1.800 millones en promedio. Lo que asoma ahora es el plato fuerte: la gran definición por los impuestos coparticipables. ¿Qué sí se va a mandar? ¿Qué no? ¿Cómo impacta en las negociaciones del Congreso? ¿Hay margen para que Mendoza imponga sus ideas?

Algo hay; pero no se pudo apreciar mucho el jueves, cuando Cornejo acudió a la reunión de Juntos con el ministro Guillermo Francos, porque el tiempo para discutir estos temas se agotó demasiado rápido y aunque dos gobernadores lo preguntaron más de una vez, no se le puso números finos a absolutamente nada.

Lo que aparece cantado es que habrá una modificación del Impuesto a las Ganancias, pero el chubutense Nacho Torres no quiere saber nada con el piso bajo de 1,2 millones de pesos que asomaba como la nueva base imponible. Es que son sueldos altos para Mendoza pero normales para algunas provincias patagónicas. Como si fuera poco, ya hay pejotistas como Ricardo Quintela que también dicen que no van a votar por la vuelta de Ganancias. Francos prometió elevar el pedido y ahora parece que todo estará más cerca del millón y medio.

De todos modos, en Mendoza ya no se entusiasman tanto con ese cambio, porque Milei tiene ideas novedosas en torno al tributo y a priori no le servirán demasiado a la provincia: será un piso más alto y, encima, un porcentaje bajo el que se vea impactado. Esto es por una modificación crucial que está a la vuelta de la esquina: lo que viene no será aplicable a todo un salario, sino a los excedentes o "incrementales" de esos sueldos. Para ponerlo en números, si una remuneración es de 1.300.000 pesos, es probable que la alícuota afecte sólo a esos 300 mil que superan el millón y no al todo. Así está planteado a pocos días de que entre en discusión.

Esto es casi una realidad. Aparte, aunque Milei haya votado su derogación en septiembre, La Libertad Avanza quiere que vuelva Ganancias sí o sí. En primer lugar porque es una recaudación que sirve bastante: el 40% de lo que entra por ese ítem va a las arcas nacionales. En segundo lugar porque, aunque no ha trascendido demasiado, el propio Fondo Monetario les ha tirado las orejas a los libertarios en ese sentido: cómo puede ser que eliminen ese impuesto vigente en más de medio planeta y al mismo tiempo mantengan otros que sí son profundamente regresivos, les han manifestado. Ganancias debe volver así sea sólo para conformar al board de Washington, piensan en Balcarce 50.e

Eso sí: no se llamará más Ganancias, sino "Impuesto a los Ingresos de las Personas". Lo anunciarán en la semana del 16 de abril.

El impuesto PAIS

Cerca de Cornejo deslizaron que coparticipar el Impuesto PAIS también es algo que a Mendoza podría servirle. Es al que menos se ha referido el sancarlino. Quizás porque es uno de los que más críticas recibe de todos los sectores y era, en teoría, un tributo de emergencia destinado a desaparecer. Ahora no está tan claro si Milei efectivamente piensa eliminarlo, como se prometió muchas veces, o si le está "agarrando cariño". Tiene motivos para hacerlo: mientras la recesión se come lo que podría recaudarse por otras vías, este "hijito" de Alberto Fernández es el que más crecimiento le reportó a la gestión en marzo (en parte dado a que el propio Milei lo subió meses atrás).

El tema con el PAIS es que hay varias bibliotecas. Si se coparticipa con las provincias habrá que redefinir su ADN, porque por lo pronto debe dividirse en un 70% de lo recaudado para la ANSES y el 30% para obra pública (sobre todo vivienda social y una sexta parte de eso para proyectos que atraigan el turismo). En otras palabras, tocar ese impuesto es desfinanciar un organismo muy sensible para la sociedad, o desfinanciar obras, o desfinanciar ambas cosas. Suponiendo que esa discusión se abra, las provincias ya tienen una estrategia que fue planteada esta semana y a la que Cornejo suscribe: que el 21% de ese 30% para obras sea destinado a gobernadores y el 9% se mantenga en manos de los organismos para finalizar los proyectos.

Milei, a través de sus voceros extraoficiales, fue muy claro: ya no está cerrado a que el tributo se coparticipe -como sí lo estaba en diciembre- pero pide que la discusión quede para más adelante, cuando haya desaparecido por completo la brecha, producto del fin del cepo. Con esto, es casi obvio que hay un segundo mensaje oculto: PAIS no desaparecerá, como querían algunos.

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Transporte: ahora se puede pelear el subsidio

Mientras, Cornejo dejó en claro que no ha dejado ir el asunto de la financiación al transporte público. Precisamente está ligado a la recaudación de determinados tributos y el sancarlino dijo que Mendoza está dispuesta a hacerse cargo de todo el mecanismo. De pagar desde el primer al último centavo. Pero eso sí: que el Gobierno deje de cobrarle el Impuesto al Combustible (que va a parar a ese subsidio que ya no recibimos) o bien que deje de cobrarlo en Mendoza.

Según lo que tiene medido el gobernador, son más de 200 mil millones de pesos al año los que tendrá que poner si quiere mandarse todo al hombro. Ya los vienen poniendo en realidad, porque no sólo se cortó el chorro con Milei, sino que quedó la deuda de la gestión anterior: 7.500 millones (eran 9 mil, pero Sergio Massa destrabó 1.500 millones antes del 10 de diciembre). Es decir, no cambiaría mucho porque Nación desde hace casi un año que -casi- no manda plata.

¿Y el boleto? En todo 2023 les reportó $12 mil millones, así que este año esperan que no implique más que el 8% de todo el costo. A propósito, aún no se toma la decisión del nuevo valor que tendrá ese ticket urbano, pero son muchas las voces oficiales asegurando que no superará los mil pesos. Sin ningún tipo de subsidio, debería costar $1.800, dice el Ejecutivo.

Por último, Transporte advirtió que recién la semana pasada apareció la norma que elimina efectivamente el fondo que se manda a las provincias. Antes de eso eran sólo los dichos del vocero Manuel Adorni y las crónicas periodísticas. Ahora que tienen la norma en mano se pusieron a estudiarla con lupa, a ver si hay estrategia judicial posible. No están muy entusiasmados con que surja una chance por ahí.

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Los que declaran en Las Heras y más despidos

Fuera de lo económico, la semana política trajo muchas novedades. Algunas de ellas en la causa Las Heras, donde habrá movimiento a partir de este lunes. Es sabido que pidió declarar uno de los imputados más mencionados de toda la trama, el exfuncionario Osvaldo Oyhenart. Para la fiscalía, que tomó el expediente recién a principios de año, esto será importante porque será la primera vez que declare y porque hay hermetismo sobre el perfil que tendrá su aporte.

Lo que no estaba en la mesa y sorprendió en las últimas horas es que también va a declarar otra de las piezas "fuertes" de la hipótesis judicial: Adrián "Moco" Pérez; un joven descripto como un "changarín" de la comuna, analfabeto y desde luego sin experiencia política ni en la función pública; y que sin embargo fue señalado como el titular de la cooperativa sobre la que se ciñe la investigación. También declara por primera vez y tiene cita para el próximo martes por la mañana.

Se da en días muy particulares para todo ese entramado: primero por la suspensión de la diputada Janina Ortiz de la cámara -medida que prometió apelar en la Justicia-; segundo porque esta semana hubo un allanamiento nuevamente en la municipalidad (en rigor no fue un allanamiento, sino un "registro", porque las dependencias oficiales no se pueden allanar) y tercero porque a mediados de mes cumplirá un año de vida La Unión Mendocina, el espacio al que pertenecen (y donde son protagonistas) al menos dos de los señalados en el expediente: Janina y Daniel Orozco.

Por último, la ola de desvinculaciones en los organismos nacionales de la provincia también siguió su curso durante estasj ornadas. ATE es el gremio que lleva la "contabilidad" de esos despidos de hecho y de acuerdo a sus últimos sondeos, ya son 350 los mendocinos que perdieron sus trabajos entre enero y este último viernes. Sobre el final de la semana, de hecho, se dio una novedad particular: quedaron afuera los pertenecientes al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y desde el sindicato y esa entidad aclararon que en realidad se va a cerrar el organismo por completo. No sólo en Mendoza.

El dato hizo tambalear a varios. La información oficial en CABA difiere, aunque levemente: se bajarán las persianas en todas las delegaciones provinciales y eso está confirmado, aunque restará saber si continúa funcionando al menos una sede central (y ahora única) en Buenos Aires.

Es difícil pronosticar cómo continuará el tema la próxima semana. En principio, se espera que cobre adhesión local el paro general de la CGT del 1 de mayo, pero asoma como más importante develar otro tema puntual: si la disposición de Milei de prorrogar contratos hasta el 30 de junio tiene efectos en la provincia y si, a partir de ello, algunas de las personas que estaban al borde de quedar desvinculadas lograron mantener sus empleos al menos por tres meses más.

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