Proyecto de ley

El paro de Judiciales activó una estrategia de Cornejo para que no se resienta la atención en las fiscalías

Se inició un sumario por la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria. Lo que sigue es poner ojo en la productividad y al esencialidad

Respecto del primero de los puntos, este miércoles se inició un sumario en Trabajo contra la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza para que se determine la ilegalidad del paro y se aplique la multa correspondiente.

Sobre el segundo, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, ya trabajan en conjunto en la elaboración de una iniciativa que se base en la esencialidad de la tarea y que tenga en cuenta la productividad de los empleados.

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Ricardo Babillón, de Judiciales, junto a afiliados en huelga.

Ricardo Babillón, de Judiciales, junto a afiliados en huelga.

Las oficinas fiscales, un servicio esencial

"Es el primer contacto del ciudadano con la Justicia", analizó el ministro Natalio Mema sobre la tarea de las oficinas fiscales en diálogo con Diario UNO. Paralizar la atención en las fiscalías, aunque los motivos sean válidos, es para Mema un obstáculo en materia de seguridad, "en un momento complicado".

Estos fueron los disparadores que hicieron que desde el Gobierno se pensara en una estrategia para que, si el sindicato Judiciales sigue tomando medidas de fuerza como las del último mes (en las que se hizo paro durante todos los fines de semana), la atención en las fiscalías no se vea afectada, o al menos, se reduzcan los efectos de la falta de personal.

Uno de los puntos que se analiza es la valoración de la productividad empleado por empleado, siguiendo el rumbo que se busca en materia de salud pública, donde también se propusieron cambios en la forma de liquidación de salarios y están siendo tratados en la Legislatura provincial.

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Otro de los puntos, quizás el más significativo para el Gobierno, tiene que ver con la declaración de esencialidad de la tarea que se lleva a cabo en las fiscalías, que tiene que ver con la recepción de denuncias y las primeras pruebas para la persecución de delitos.

La intención es que mediante esta declaración, que para ser aplicable debería sancionarse por ley, se obligue a la disposición de guardias mínimas de atención en caso de paros como los de los últimos fines de semana.

"El procurador está trabajando además en el análisis de situaciones específicas de algunas fiscalías que sabemos que están con problemas", reconoció Mema, a sabiendas que los reclamos de los judiciales tanto respecto de las condiciones laborales como de los salarios, son legítimos.

La discusión paritaria, este viernes

Las medidas de fuerza, el reclamo del Gobierno por el paro y el trámite en busca de una sanción para el sindicato llegan en medio del llamado a paritarias para resolver los aumentos de los próximos tres meses.

Parte del enojo del Gobierno de hecho, es que el último paro fue dispuesto no solo a pesar del dictado de la conciliación obligatoria, lo que fue considerado una "locura insólita", sino además ya teniendo como fecha de paritaria este viernes 5 de abril.

"Hicieron paro habiendo firmado la paritaria pasada y ahora a horas de la nueva reunión", dijeron a Diario UNO.

Lo que creen desde el Gobierno de Cornejo es que el sindicato está "mal asesorado" y deslizaron que tienen dificultades internas que hacen que se tomen ese tipo de decisiones que "acaban perjudicando a los empleados, a quienes se les descontará el día de paro".

La multa para el sindicato será definida en la Subsecretaría de Trabajo, a donde este viernes habrá reunión paritaria.

La cuantía dependerá de la gravedad de la falta. Puede ir desde la mitad de un salario mínimo hasta 2.000 salarios mínimos por cada uno de los afiliados al sindicato.

Según explicaron, este miércoles fue notificado Judiciales, que considera que la conciliación obligatoria fue dictada fuera de término y tiene cinco días hábiles para presentar un descargo.

Entre tanto, Gobierno y Judiciales se verán las caras en paritarias este viernes a las 9. El reclamo del gremio, más allá del ajuste salarial general (el sueldo inicial ronda los $300.000), pasa por el ítem CPP, un bono especial que cobran los empleados de oficinas fiscales porque trabajan dos horas más que el resto de los judiciales administrativos y que ha quedado desactualizado.

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Mema prometió estar trabajando en esa actualización junto con Hacienda. "El reclamo puede ser legítimo pero lo termina ilegitimando el gremio con su accionar", puntualizó el ministro.

De todas maneras, y más allá de esa promesa de Gobierno, en la propuesta que se pondrá el viernes sobre la mesa no se nombrará el ítem CPP. Como pasó con SUTE, ATE y Ampros, la oferta salarial del Ejecutivo será el aumento del 10% al básico en abril, mayo y junio; en tanto que el resto de los ítems o pedidos del gremio se analizarán por separado, posiblemente después de un cuarto intermedio.