Incluso solicitaron que se revise si existen documentos similares en el teléfono de Barrera y buscar en su agenda si tiene algún contacto vinculado a la Fiscalía.
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Diego Barrera y su esposa, detenidos por el asesinato de Diego Aliaga.
Sin embargo, tanto el juez Eduardo Puigdéngolas como la Cámara de Apelaciones de Mendoza avalaron la declaración de barrera. Este jueves, último día hábil judicial, los camaristas argumentaron que "los dichos del testigo bajo ningún punto de vista aparecen como contradictorios o no compatibles con las demás pruebas objetivas reunidas".
Incluso refirieron que Diego Barrera empezó a referirse a las coimas en Mendoza desde que era testigo en el caso Aliaga, es decir, cuando la investigación por los sobornos ni siquiera había comenzado.
Por otro lado, la Cámara de Apelaciones también rechazó el sobreseimiento de Jaime Alba, uno de los abogados detenidos e imputado como organizador de la asociación ilícita que lideraría el juez Walter Bento.
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Jaime Alba, uno de los abogados detenidos por las coimas en Mendoza.
Coimas en Mendoza
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo pasado. Dentro de los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. Un mes después la causa tuvo una segunda ola de imputaciones que incluyó a miembros de la Policía de Mendoza. En tanto que a mediados de diciembre el juez fue imputado por tres casos más de coimas en Mendoza, que incluyeron la detención del abogado Chato Álvarez y la formalización de otros sospechosos.
En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga era mano derecha del magistrado y junto a un grupo de abogados coordinaban las tareas en la presunta banda. La investigación también tiene imputado al juez y a su esposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.