Tras la condena internacional al Estado argentino por las desapariciones forzosas y crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez, ocurridos en Mendoza en el año 2000, la Justicia provincial transfirió el expediente a la Justicia Federal, que analiza reabrir el caso para dar con los culpables.
26 años de impunidad
Tras 26 años, la investigación por los crímenes de Zambrano y Rodríguez pasó a la Justicia Federal
La Corte Interamericana condenó al Estado a indemnizar a familiares de Zambrano y Rodríguez, asesinados en el 2000. Antecedentes: Guardati, Garrido y Baigorria
Los crímenes de Zambrano y Rodríguez fueron descubiertos en julio de 2000 tras cuatro meses de desaparición. Ahora, la Justicia Federal reinvestiga para dar con los culpables.
Ahora, el expediente por la desaparición y crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez está en manos del fiscal federal general Dante Vega.
Veintiséis años después, el caso de los crímenes del informante policial José Zambrano y su amigo Pablo Rodríguez siguió el mismo camino de otros hechos gravísimos, que también ocurrieron en Mendoza y terminaron en condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino: las desapariciones forzosas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990) y de Cristian Guardati (1992).
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La condena de la Corte Interamericano por los crímenes de Zambrano y Rodríguez
La condena al Estado argentino por las desapariciones forzosas y crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez fue firmada por los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2025, fue notificada a los abogados y familiares de las víctimas en diciembre último y hecha pública por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en las últimas horas.
Estableció que el Estado nacional debe pagarles fuertes indemnizaciones a familiares directos de los asesinados José Zambrano y Pablo Rodríguez por lucro cesante y daño emergente y que la Justicia debe agotar todas las líneas de investigación posibles para determinar quiénes ejecutaron a las víctimas.
La misma fue firmada por los jueces Nancy Hernández López (presidenta del Tribunal), Rodrigo Mudrovitsch (vicepresidente), Ricardo C. Pérez Manrique (juez), Patricia Pérez Goldberg (jueza), Alberto Borea Odría (juez) y Diego Moreno Rodríguez (juez). También firmó el fallo el Secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri.
Teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Zambrano y Rodríguez fueron asesinados con intervención de policías de la época, el caso fue calificado como desaparición forzada de personas y la Justicia de Mendoza envió el expediente al fuero federal.
"El Estado debe remover de inmediato todos los obstáculos que mantienen la impunidad y continuar las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada y ejecución de los señores Zambrano y Rodríguez", indica un tramo del resolutivo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La clave del fallo: la pista policial de los crímenes de Zambrano y Rodríguez
La pista policial de los crímenes de José Zambrano y Pablo Rodríguez fue determinante para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino, que durante el proceso admitió parcialmente la responsabilidad por las desapariciones forzosas y los crímenes.
Según el expediente analizado en la Corte Interamericana, Zambrano trabajaba como metalúrgico y a la vez era informante de la Policía de Mendoza (incluso portaba un arma de uso oficial), algo que fue reconocido por el Estado argentino a instancias del Gobierno de Mendoza.
Él y su amigo, Pablo Rodríguez, desaparecieron el 25 de marzo de 2000. Se habían dirigido, según testimonios calificados, a una reunión con policías en actividad para la que Zambrano había sido citado el día anterior, por teléfono, por un agente.
La pista policial se potenció con las respuestas negativas de la Policía de Mendoza recibidas por la familias de Zambrano y Rodríguez cuando presentaron habeas corpus para dar con los desaparecidos. Gobernaba la provincia Roberto Iglesias y la clase política se recuperaba de otro hito: el motín vendimial sofocado tres semanas antes.
Zambrano y Rodríguez, asesinados y enterrados
José Zambrano y Pablo Rodríguez fueron asesinados a balazos y semienterrados en terrenos incultos del oeste godoicruceño. Cerca de Los Barrancos.
Los despojos humanos fueron hallados en julio de 2000, casi cuatro meses después de la desaparición, gracias al testimonio de José Luis Robertson, puestero que cobró una recompensa en dinero por la información certera.
En mayo de ese año, el juez investigador, Rafael Escot -por entonces al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción-, detuvo, procesó y mandó a juicio oral y público al policía Felipe Gil Fernández y a otro hombre identificado como Marito Díaz. La pesquisa fue conocida públicamente como "la mafia policial".
En mayo de 2004, Felipe Gil Fernández -ya echado de la Policía de Mendoza- y Mario Díaz fueron absueltos por la Séptima Cámara del Crimen porque las pruebas acumuladas en la investigación fueron insuficientes y poco creíbles.
En junio de 2006, la Justicia Civil rechazó totalmente el reclamo de Gil Fernández contra el Estado de Mendoza por lucro cesante, daño moral y pérdida de chance. La sentencia fue apelada.
En mayo de 2017, la Segunda Cámara de Apelaciones revocó el fallo y condenó a la Provincia de Mendoza a pagarle a Gil Fernández una cifra millonaria por los casi 1.500 días de detención.
Hoy, el ex policía reclama al Estado mendocino su reincorporación a fines de tramitar la jubilación.
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