"No están desaparecidos...", zanjó el gobernador de la época cuando los periodistas le preguntaron en conferencia de prensa por José Zambrano y Pablo Rodríguez.
Esos hombres habían sido vistos por última vez hacía varias semanas. No habían regresado a sus hogares y tampoco habían vuelto a contactarse con sus familias. Corrían los primeros meses del año 2000 en la Mendoza gobernada por la Alianza.
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Zambrano tenía 28 años y era informante de la Policía. Rodríguez era amigo suyo y tenía 25.
Se les había perdido el rastro a fines de marzo pero el caso tomó trascendencia pública mucho después.
El auto Peugeot 205 de Zambrano fue hallado cuatro días después. Adentro había manchas de sangre y huellas a medio borrar.
Por ellos hubo presentaciones judiciales y escritos de averiguación de paradero. Con fotografías y datos clave como estatura, lunares y contextura física.
Hubo investigaciones y gracias a diversos testimonios llegó a saberse que ese día Zambrano iba a reunirse con policías para entregarles información sensible. También se supo que iría acompañado de Rodríguez, a quien pasaría a buscar por su domicilio, lo que después fue confirmado.
La permanente exposición pública del caso y de las familias de los desaparecidos en los medios de prensa tornó insoportable la situación para el Gobierno, que debía hacer algo.
Entonces hizo lo que generalmente hacen los gobiernos y los poderes judiciales cuando no tienen información que los ayude a resolver un asunto delicado: ofrecer una recompensa en dinero a cambio de información que sirviera para esclarecer el caso.
Cuarenta mil pesos era una suma tentadora para la época, lo que generó buenas expectativas en el arco judicial y político, porque el caso Zambrano-Rodríguez también golpeaba las puertas de la Legislatura provincial.
Las reuniones y las guardias periodísticas se multiplicaban en la Dirección de Investigaciones, sobre calle Belgrano casi Peltier. A pocos metros de la Casa de Gobierno, donde Roberto Iglesias esperaba noticias. Pero sobre todo buenas noticias.
La pesquisa
El 4 de julio de 2000 era martes. Un martes frío en el Gran Mendoza. Nublado. A media mañana el día era uno de esos que invitan a no salir de la casa ni de la oficina. Los rigores del invierno ya eran cada vez mayores.
Para la época, con el caso Zambrano-Rodríguez, que había detonado hacía más de tres meses, empezaba a pasar lo que pasa con este tipo de casos: comenzaba a quedar relegado por el paso del tiempo y porque la prensa le quitaba el pie del acelerador.
Las madres y esposas de los desaparecidos, porque Zambrano y Rodríguez sí estaban desaparecidos aunque el poder político lo negara, iban todas las mañanas al despacho del juez instructor Rafael Escot en los tribunales y desde ahí a la Dirección de Investigaciones y viceversa. Varias veces por día. Parecían ser los únicos que exigían la resolución del asunto. Más concretamente, clamaban la aparición con vida de los muchachos.
Tenía ya Mendoza vasta y amarga experiencia en esto de la desaparición forzada de personas en democracia. Paulo Guardati en 1992 en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz. Adolfo Garrido y Raúl Baigorria tras ser subidos a un patrullero policial en el Parque General San Martín, en abril de 1990. Casos que aun siguen impunes y que a la Provincia le han costado dinero y prestigio internacional. Y muchísimo descrédito sobre las fuerzas de seguridad.
Zambrano-Rodríguez iba en la misma dirección. Lenta pero inexorablemente, la desaparición del informante policial y el amigo se encaminaba a convertirse en una herida gravísima para las familias pero también para la institucionalidad de la Provincia y sus arcas.
A los desaparecidos no los encontraban simplemente porque no los habían buscado en el lugar justo.
Ese lugar era el oeste godoicruceño. El piedemonte. Esa geografía prácticamente desolada durante todo el año pero que súbitamente vuelve a la vida y se ilumina y se rebosa de colores cada 6 de enero, porque los Reyes Magos cabalgan y pasan y se muestran por allí y hacen la felicidad de todos. De grandes y chicos.
Esa misma geografía donde tantas veces funcionó el autódromo Los Barrancos y que inexorablemente cae en el olvido y se hunde en la desolación cuando el hechizo de los Reyes termina y las risas de los chicos desaparecen y las luces se apagan hasta el siguiente enero.
Un hombre de apellido inglés, Robertson, fue clave porque dio un aviso. "Algo" había visto en medio de la desolación, dijo a cambio de los 40.000 pesos ofertados por el Gobierno.
"Algo" que no supo explicitar concretamente, si eran personas o vehículos o qué, pero que comenzó a entenderse perfectamente cuando mencionó que desde entonces la zona era sobrevolada con insistencia y voracidad por una bandada de jotes. (...) el jote, el que no come solo, había eternizado Di Benedetto en su Caballo en el salitral sobre el ave carroñera y sus oscuros propósitos.
Semienterrados. Así fueron encontrados José Segundo Zambrano y Pablo Rodríguez. O lo que quedaba de ellos.
Los familiares reconocieron las ropas gracias a las fotografías que fueron tomadas en la escena del crimen por el equipo de la Policía Científica.
Los despojos humanos, prácticamente imposibles de manipular, fueron dispuestos sobre un viejo elástico de cama de hierro, de ésos que terminan usándose en las obras de construcción para zarandear la arena. Y de allí fueron llevados a la morguera policial.
La autopsia reveló que Zambrano había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. El amigo había recibido dos tiros: en la cabeza y el cuerpo. Habían sido golpeados salvajemente.
En la Justicia
Por los crímenes de Zambrano y Rodríguez hubo dos detenidos: el policía Felipe Gil Fernández y otro hombre al que muchos vincularon con el hampa local pero que nunca fue declarado culpable: Mario Díaz.
Ambos fueron juzgados y liberados por el beneficio de la duda porque la Séptima Cámara del Crimen no encontró pruebas contra ellos.
Gil Fernández perdió su trabajo y ganó un juicio millonario. Pasó más de 4 años preso por este caso y por otros tan escandalosos, como "la mafia policial".
Impune
Las autoridades políticas y judiciales jamás lograron determinar quién mató a Zambrano y Rodríguez.
El caso ha sido ventilado en organismos internacionales de derechos humanos, que han puesto la lupa en el desempeño de la Policía de Mendoza.
Rafael Escot, el juez instructor de la época, es juez de sentencia y en 2019 condujo el primer juicio por jurado popular de Mendoza.
Susana García, fiscal de Cámara del juicio, quien no acusó por falta de pruebas, se jubiló.
Gil Fernández trabaja en la actividad privada mientras espera cobrar el juicio y recuperar su puesto en la Policía de Mendoza.