El gobierno nacional formalizó la designación de la doctora Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, en Buenos Aires. El nombramiento se dictó mediante el decreto 589, que lleva la firma del presidente Javier Milei.
Oficializaron el nombramiento de jueza federal a la esposa del juez que lleva el caso $Libra
Ana María Cristina Juan se hará cargo de una jurisdicción clave en la provincia Buenos Aires y colaborará en el despacho de causas urgentes
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente Javier Milei.
El decreto para designar a la nueva jueza federal
La medida del gobierno nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, lleva la rúbrica del presidente de la Nación junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Con este paso, se concreta un casillero sumamente estratégico dentro de la estructura de la justicia federal en Buenos Aires.
La postulación de la letrada contaba con el aval unánime del Senado tras haber liderado la terna de candidatos en el Consejo de la Magistratura. De esta manera, el trámite institucional completó su última instancia legal para incorporar formalmente a la nueva magistrada al sistema de justicia.
El rol de la jueza federal en el conurbano bonaerense
El tribunal asignado tiene su asiento en Hurlingham, una dependencia creada por ley en 2015 que todavía no está habilitada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante este panorama de carácter provisorio, las autoridades correspondientes diagramaron un esquema de trabajo conjunto.
La magistrada asumirá funciones complejas en la Zona Oeste. Su tarea inmediata será apoyar y despachar las causas de los juzgados federales de Moreno y Morón, que hoy no tienen titulares.
Durante la defensa de su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado, realizada a fines de 2023 y ratificada este año, la especialista expuso las problemáticas del territorio. Las estadísticas marcan que es una región altamente sensible en materia de seguridad ciudadana.
La órbita penal a su cargo procesa diariamente expedientes por delitos federales graves. Entre las principales problemáticas locales que preocupan al sector judicial se destacan el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el contrabando y diversas infracciones ambientales de gravedad.
La funcionaria se desempeñó antes como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el fuero federal, experiencia de gestión muy valorada por sus pares de Comodoro Py.
Repercusiones políticas y la tarea de la jueza federal
La firma del decreto generó lecturas políticas en tribunales por el parentesco de la magistrada con Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal Penal ocho de Buenos Aires. El juez instruye una causa penal compleja sobre la promoción de criptomonedas que hizo el presidente Javier Milei.
En ese expediente, el magistrado desestimó a ciertos querellantes al argumentar que los vaivenes financieros de los activos digitales no prueban un daño penal directo. La coincidencia temporal entre ese fallo y la firma presidencial de la designación abrió suspicacias en sectores de la oposición.



