El exsecretario de Obras Públicas, José López y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de seis años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en el marco del juicio oral por las presuntas irregularidades de la causa Sueños Compartidos.
El pedido de condena en la causa Sueños Compartidos
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 5, los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Diego Puñet requirieron la sanción máxima legal de 6 años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para los principales implicados. Se los acusa de ser autores penales del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
Sergio Schoklender, uno de los acusados en la causa Sueños Compartidos.
El fiscal Velasco argumentó detalladamente que existió un mecanismo coordinado entre exfuncionarios del gobierno nacional y los entonces apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según la acusación del Ministerio Público, dicho sistema permitió el direccionamiento ilegal de fondos públicos destinados originariamente a la edificación de viviendas sociales, centros de salud y nexos de infraestructura en distintas provincias del país.
El rol de los imputados en Sueños Compartidos
La presentación de la fiscalía diferenció las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura delictiva. Para la parte acusadora, Julio De Vido operó como el planificador del sistema administrativo que avaló las transferencias, mientras que José López autorizó el flujo de recursos de las arcas estatales sin los controles pertinentes de avance de obra pública.
En lo que respecta a los particulares, el dictamen fiscal imputó a Sergio Schoklender por la firma de los convenios en representación de la entidad civil. Su hermano, Pablo Schoklender, fue señalado por el manejo directo de las finanzas, cuentas bancarias y pagos de la organización. Asimismo, las autoridades judiciales requirieron una condena de 4 años de prisión para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para un grupo de colaboradores de Santiago del Estero en carácter de partícipes secundarios.
José López y Julio De Vido, otros de los acusados en la causa Sueños Compartidos.
El perjuicio económico en Sueños Compartidos
La fiscalía calculó que el daño económico mínimo ocasionado al patrimonio estatal asciende a 206 millones de pesos, suma para la cual se solicitó un decomiso de bienes preventivo aplicable a los procesados en caso de dictarse una sentencia condenatoria. El fiscal integrante requirió que este monto nominal sea actualizado formalmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Indec.
El proceso judicial continuará formalmente el próximo 5 de agosto, luego de la finalización de la feria de invierno, con la exposición de los argumentos correspondientes a la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene en las audiencias en el rol de querella. Posteriormente, se dará espacio a los argumentos de las defensas técnicas, previéndose que el tribunal dicte su veredicto final entre los meses de septiembre y octubre de este año.
