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Las primeras jornadas serán aquellas en la que se lea el requerimiento de elevación a juicio por lo que pasarán un puñado de días hasta tener la declaración de los primeros testigos.
En la audiencia preliminar de hoy las partes tuvieron más coincidencias que diferencias respecto a las pruebas que se ventilarán en el debate. Sobre todo en cuanto a desistir de la toma de declaraciones a testigos de menor importancia como aquellas personas -civiles y funcionarios- que fiscalizaron los allanamientos en la causa.
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La Fiscalía Federal representada por Dante Vega y María Gloria André.
La génesis de la causa por las coimas en Mendoza
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.
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En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.
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Los abogados defensores, entre ellos los representantes de Walter Bento: Gustavo Gazali y Mariano Cúneo Libarona.
El fiscal Dante Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ellos, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió.
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