El sistema de Salud de Mendoza se sacudió en las últimas horas al quedar al descubierto una red de falsificación de registros de vacunas en niños, niñas y adolescentes. Es que, según consta en la denuncia del ministerio, un grupo de padres antivacunas pagaba por certificados truchos de vacunación. Lo hacía a través de importantes sumas de dinero y hasta con contraseña por WhatsApp.
Escándalo e investigación
"Plan B": la contraseña de los padres antivacunas para comprarles certificados truchos a sus hijos
Padres y madres antivacunas están siendo investigados en Mendoza, así como un enfermero. Cómo funcionaba la red ilegal de certificados truchos
El centro de salud al que apunta la justicia en la causa de los certificados truchos de vacunación.
El objetivo de la maniobra fraudulenta era que figurara el esquema completo de los menores en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) pese a que, en realidad, no habían recibido ninguna dosis.
El fraude, su esquema y los detalles salieron a la luz después de que hablara un pediatra de San Rafael, que sospechó la maniobra al ver que los hijos de conocidos padres "anti vacuna" aparecían con el calendario de vacunación al día.
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Entonces, al investigar la trazabilidad de las supuestas vacunas, el médico detectó una coincidencia imposible: todos los chicos, residentes en el sur provincial y el Valle de Uco, figuraban vacunados en el mismo centro de salud de El Pastal (Las Heras), a cientos de kilómetros de su domicilio, y en días y horarios casi idénticos.
¿Qué buscaban los padres con este fraude? Eludir la imposibilidad de inscribir a los niños en colegios o la suspensión de asignaciones familiares.
"Plan B": la contraseña por WhatsApp de los padres anti vacuna
La investigación reveló luego que la maniobra se iniciaba en WhatsApp. Para acceder al servicio ilegal, los interesados debían contactar a un número por recomendación y mencionar la clave “Plan B”. Una vez validado el contacto, los implicados (entre ellos un enfermero que trabajaba en el programa oficial de vacunación) solicitaban los datos de los menores y el pago mediante transferencia. El costo base del certificado era de $160.000, a lo que se sumaban $60.000 extra por cada dosis obligatoria que se pretendía falsificar.
Hay que destacar que según la Ley Nacional 27.491, las vacunas del calendario oficial en Argentina son obligatorias y gratuitas. Estos padres y madres "anti vacunas", al no aplicarlas, pusieron en riesgo al sistema de salud pública y a miles de personas.
A partir de los primeros datos que fue arrojando la investigación, el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Manuel Ticheli, ordenó 6 allanamientos en Las Heras y Lavalle. El foco principal fue el Centro de Salud N°22, donde la Policía secuestró más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de diversos centros de salud y recetarios médicos. También computadoras y teléfonos celulares.
Aunque todavía no hay detenidos, la Justicia investiga los delitos de cohecho pasivo y violación de las normas de salud pública. El material incautado será peritado en las próximas horas para determinar cuántas familias participaron de la maniobra ilegal y el alcance total del fraude en la base de datos nacional.
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