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El demandado, es decir el Gobierno provincial, contestó la acusación mediante su asesor legal, Ricardo Canet, quien hizo una negativa general de los hechos. Más allá de admitir la falla en el 911, consideró que no hay pruebas de que si se daba curso a la intervención policial se podría haber salvado la vida de la joven. "Nada permite generar una objetiva convicción sobre la afirmación gratuita de que el omitido auxilio (policial y médico) habría salvado la vida de la menor", argumentó.
En el escrito, que fue presentado el 29 de julio de 2021, aunque se conoció ahora, el representante del Gobierno de Mendoza responsabilizó a los padres de Florencia Romano por el crimen de su hija. Para ello se basaron en el expediente penal donde consideró que no se probó "qué hicieron los padres para aconsejar a su hija sobre los conocidos peligros de relacionarse con terceros sospechosos por Internet". Es que la propia madre de la víctima declaró que su hija le había contado que estaba en un grupo de Whatsapp donde le cargaban crédito del teléfono a cambio de enviar fotos de ella.
"Han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente". Detalló que la madre de la víctima sabía que estaba en contacto con "personas sospechosas e incluso con quien resultara su asesino" y sumó que ni siquiera estaban al tanto de quién era la tarjeta SUBE que la menor utilizó el día del femicidio en Maipú.
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Los padres de Florencia Romano demandaron al Gobierno provincial.
"Ninguna duda cabe que esta circunstancia es causa originaria y concurrente del resultado final, cuando menos, en un 50% del mismo", contestó el abogado, agregando que el otro porcentaje de la culpa fue del autor material del hecho de sangre. "La omisión policial no ha obrado sino como 'ocasión' en la producción del daño, pero no ha sido ni 'causa' ni 'condición' de la muerte de la menor", manifestó.
"La autoría material debiera imputarse a la conjunción de la culpa de sus padres y al accionar doloso del autor principal, que resulta un tercero por el cual no responde la Provincia", agregó, siguiendo la misma línea que declaró quien fuera director de la Policía al momento del hecho, Roberto Munives, lo que generó un repudio social generalizado.
El expediente civil se encuentra en el Tribunal de Gestión Asociada 3, a cargo de la jueza Marina Lilen Sánchez, quien deberá resolver el pleito en las próximas semanas ya que el 27 de mayo pasado el expediente llego a sus manos para dictar sentencia.
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Femicidio en Maipú
El 12 de diciembre de 2020, Florencia Romano se dirigió a la casa de Pablo Arancibia ubicada en callejón Berra. Se habían conocido días atrás por redes sociales. La adolescente de 14 años nunca más volvió a ser vista. El hombre golpeó y ahorcó a la menor de edad en el interior del domicilio. Luego degolló e intentó quemar el cadáver en el patio de la vivienda. Le pidió ayuda al primo de su novia para transportar los restos "de un perro" y con esta coartada descartó el cuerpo de Florencia a pocos kilómetros. El paradero de la joven fue un misterio y movilizó a toda la provincia. A la semana, el escenario era trágico: Pablo Arancibia era detenido junto a su novia -la mujer terminó sobreseída en la causa- y días después se encontró el cuerpo de Florencia Romano.
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A Florencia Romano se la buscó a destajo y cuando la encontraron estaba muerta y enterrada.
En paralelo se inició una investigación contra el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) ya que un vecino había llamado al 911 tras escuchar los gritos de Florencia Romano. La policía Herrera atendió pero como la llamada se entrecortaba se enojó y colgó. No le dio curso a la acción policial. En el momento del crimen, había tres patrulleros a una cuadra del lugar del hecho y hasta hay una comisaría ubicada a 4 minutos a pie.