Por eso la instancia inicial, y la primera alternativa sobre el escritorio del ministro de Hacienda, es el reclamo que ya comenzó. El propio gobernador lo explicó a primera hora del lunes: no podría haber avances ante la Corte Suprema contra la medida, si primero no hay un intento de acordar por canales administrativos.
“Directamente, nos mandarían a esperar una respuesta por esa vía, antes de accionar. Y lo que normalmente pasa es que son respuestas tácitas, porque no dicen nada”, se quejó.
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"La norma establece que los gobiernos locales deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital.
En esa primera etapa ya está jugando Mendoza: hizo la queja, acompañada por jurisdicciones como Córdoba, a la que la resolución del BCRA le “pega de lleno”, porque es una de las que más vencimientos tiene estipulados en 2023, y ahora deberá esperar los tiempos prudenciales.
Recién después iría con un recurso a la Justicia Federal, según se desprende tanto de las palabras del mandatario esta semana, como de sus tuits cuando apenas se conoció la resolución adversa para las arcas locales.
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El mercado de dólares financieros, una posible salida
Por fuera de eso, en el Gobierno no lanzan oficialmente prenda sobre los caminos que tomarán. El argumento es que no se conoce cuál será el contexto económico ni financiero de la Argentina en septiembre, cuando haya que hacer esos desembolsos –los segundos de este año, porque el Ejecutivo ya pagó en marzo la primera tanda de vencimientos, también por 60 millones en moneda norteamericana-.
Sin embargo, sí hay otras líneas de acción a las que se mira cerca del Gobierno y que tendrían como objetivo, primero, pagar -lógicamente- y después, cubrirse ante nuevas medidas en el mismo sentido que la ya tomada.
Una de ellas, siempre supeditada a lo que pase con los reclamos judiciales –porque si son favorables a Mendoza, nada más sería necesario- es acceder a dólares financieros. Probablemente el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), también conocido como “dólar bolsa” sería el elegido para poder hacer el intercambio.
Como es un instrumento legal, aunque de cotizaciones más elevadas que las oficiales, es el pasillo por el cual la provincia podría cambiar sus pesos para poder honrar a sus acreedores antes del último trimestre del año.
Por supuesto que no quiere hacerlo: estaría hablando de –a valores actuales- prácticamente el doble de dinero del que debía poner con las reglas de juego anteriores (en ese 60%). Pero en el gabinete estarían dispuestos, dicen, y el cálculo es que habría que desembolsar unos 5 o 6 mil millones de pesos extra. Es decir, un 10% del fondo anticíclico o del superávit que tiene este Gobierno. Esa caja es de cerca de dos masas salariales completas y ronda los 50 mil millones de pesos, de acuerdo a datos oficiales.
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En los últimos días, el gobernador decidió judicializar un reclamo por el envío de fondos discrecionales de la Nación.
Ahí debe tenerse en cuenta un dato clave: el 60/40 que estipuló el BCRA (60% deben pagarlo las provincias como decidan hacerlo y el 40% es el de libre acceso) no se aplica sobre la totalidad del vencimiento mendocino. En el caso local, en el que el pago será de 60 millones de dólares en 2023, ese 40% sólo se aplicaría sobre unos 45 millones, que son la parte de capital de la deuda. Los otros quince que faltan son intereses de ésta, y lo dispuesto por el BCRA no se aplicaría sobre ellos.
Por lo tanto, Mendoza accedería a unos 18 millones de dólares al precio oficial y debería buscar en los mercados alternativos la salida para poder abonar el resto. ¿Cómo lo haría? Como se dijo: pagando más pesos; generando una salida mayor de sus fondos, que de todos modos, como vienen pregonando desde Hacienda, “molestaría, pero sin complicar demasiado”. Es que la deuda no es un problema para el Ejecutivo, según dicen desde hace tiempo.
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Dólares en el fondo anticíclico
Ante la situación compleja de las reservas y el cambio de directrices del BCRA, otra alternativa que ya está presente en la cabeza de este Gobierno (o de algunos funcionarios clave) es engrosar sus fondos en pesos a través de la inversión en instrumentos dolarizados.
Ya lo hizo con parte del fideicomiso –en dólares- que tiene guardado para hacer Portezuelo Del Viento (si es que algún día lo hace, pero el dinero tiene ese fin, en teoría). En aquel caso, compró bonos del tesoro norteamericano, que es considerado por especialistas como uno de los elementos financieros de mayor seguridad y liquidez.
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El fideicomiso que tiene a cargo los fondos para Portezuelo del Viento realizó operaciones de 20 millones de dólares.
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No implica que parte de los montos en pesos sobre los que está sentada la provincia vayan a ir a esos bonos. Llegado el caso, y, nuevamente, esperando un posible accionar de la Justicia en torno a lo que acaba de decidir el Central antes de hacer nada, lo que harían es ver cuál es la mejor metodología posible para “migrar” esos pesos y cubrirse ante un posible escenario adverso de cara a conseguir dólares.
Es que Mendoza no tiene que pensar solamente en sus U$S 60 millones con los que casi cerraría el 2023 financiero. Debe tener en cuenta que, a futuro, tiene un perfil que le requerirá erogaciones por 90 millones de dólares anuales entre 2024 y 2029 en pagos de capital. Sólo hay una excepción en ese último año, porque allí sólo debería pagar la mitad: U$S 45 millones.
De esa manera se prevé el futuro. En principio, será sólo esperar a las respuestas que podría dar la Justicia a los pedidos de Suarez. Después, las alternativas que ya están rondando podrían tornarse efectivas.
Lo que es claro es que esta gestión está decidida a no pedir una refinanciación dentro de tres meses, porque entiende que afectaría el vínculo con sus acreedores y la imagen financiera de la provincia, además de que no consideran que una decisión nacional pueda "obligarlos" a una acción en ese sentido.
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