Teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia, que recién el miércoles pasado volvió de la feria, en el Gobierno ya saben que al menos al primer vencimiento deberán afrontarlo con fondos propios.
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Si la Suprema Corte se expidiera a favor de la inconstitucionalidad del decreto de Suarez o si no lo hiciera antes de septiembre, serían dos los vencimientos que recaerían sobre esta gestión.
Técnicamente, Hacienda podría dar cumplimiento al decreto y emitir títulos en pesos para, con ellos, adquirir los dólares necesarios pero políticamente, una vez que se judicializó la cuestión, se decidió esperar el pronunciamiento de la Corte.
Año electoral, de crisis, de inflación y de pago de deuda
"Será un año complejo desde el punto de vista económico, con menos fondos de lo previsto porque vamos a tener que usar el fondo anticíclico para pagar deuda", advirtió a Diario UNO Víctor Fayad, ministro de Hacienda.
Ese fondo que la Provincia tiene guardado "hoy es de casi dos nóminas salariales, lo que coincide aproximadamente con lo que hay que pagar de vencimientos de la deuda".
Son 120 millones de dólares los que la Provincia tiene que pagar en 2023: 60 millones en marzo, y otros 60 millones seis meses después.
A dólar oficial de hoy, para ese primer vencimiento, el Gobierno deberá echar mano de unos $12.000 millones. La cifra crece considerablemente pensando en el segundo vencimiento si tenemos en cuenta las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) que estiman que el dólar oficial podría terminar el año en $285.
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En 2023 operan los primeros dos vencimientos de la deuda pública (bono Mendoza 2029) pero continúan cada seis meses.
Con el cuestionado decreto de Rodolfo Suarez autorizando la emisión de títulos en pesos lo que el Gobierno buscó fue obtener parte de los fondos para poder cambiarlos al dólar oficial en el Banco Central y así afrontar esos pagos del bono Mendoza 2029.
Hoy, esa norma fue sujeto de una embestida judicial no solo por parte de la oposición sino también del propio Fiscal de Estado quien previamente había advertido de su inconstitucionalidad: esa operación, opina Fernando Simón, no se trata de una refinanciación de una misma deuda autorizada por la Ley de Administración Financiera, sino la toma de una deuda nueva para pagar una deuda vieja y, para ello, es requisito constitucional que medie aprobación de las dos terceras partes presentes de ambas cámaras de la Legislatura provincial.
El fondo anticíclico se utilizará para pagar deuda
"En tiempos de crisis de la macroeconomía, en los que crecen las demandas públicas de servicios básicos de hospitales, de seguridad, de luz, tendremos que transitarlos con inestabilidad, sin fondo anticíclico", advirtió Fayad, aún molesto por la imposibilidad de ir por un camino más amable.
Técnicamente puede dar cumplimiento al decreto y salir al mercado en busca de esos títulos de deuda en pesos pero políticamente se ha decidido esperar a que transite el proceso en la Suprema Corte.
"El fondo que tenemos guardado hoy es de casi dos nóminas salariales, lo que coincide aproximadamente con lo que hay que pagar de vencimientos de la deuda", explica Fayad.
Y es entonces cuando se acuerda de las críticas del peronismo sobre, por un lado esta vía que buscó para "refinanciar" la deuda sin pasar por la Legislatura; y por otro de las críticas sobre el superávit que acumula la Provincia.
"A esto nos han llevado ellos", dice Fayad. "Primero, a tener que tomar una deuda para poder hacer frente al descalabro que generaron (durante la gestión de Francisco Pérez) y después, a tener que usar el superávit para esto, porque no nos permiten seguir adelante con la otra alternativa que es más beneficiosa y conveniente", agrega.
"Y ahora también nos critican por hacerlo cuando la Constitución provincial es la que advierte que se deben tener los fondos para pagar las deudas. Pues bien, para eso es el superávit", explicó el ministro cuestionando a la oposición.
