El eterno conflicto hídrico entre Mendoza y La Pampa, que ya arrastra más de 75 años, parece cada vez más lejos de resolverse y crece como una guerra que se arraiga en las futuras generaciones. De muestra valga contar que en los colegios pampeanos, en cada acto y como si fuese un himno, los alumnos corean la "Zamba del río robado", en alusión al Atuel y cuyo robo le endilgan a Mendoza.
Los 6 "males" por los que se hace eterno el conflicto entre La Pampa y Mendoza
"Cuando cortan el Atuel queda sin agua el Salado; llenos de arena los ojos va lagrimeando el pampeano" retumba en las paredes escolares y de hecho la zamba se promociona con un video con niños cantando en un cauce seco.
Ese conflicto arrancó a mediados del siglo pasado y comenzó con el reclamo por el caudal del río Atuel que bajó tras la construcción de los diques de Los Nihuiles, en San Rafael, pero más tarde se fue diseminando y cuestionando cada obra hídrica o incluso turística que pudiera emprender Mendoza.
Hoy son al menos 6 los ejes de esa guerra interprovincial que no conoce de colores políticos, de hecho los atraviesa, y en tierras pampeanas se sostiene casi como una política de Estado.
Ahora, de un lado y de otro de ese límite geográfico, aunque a regañadientes, coinciden sólo en un punto: la madre de todo el conflicto es la escasez de agua, que se acrecentó tanto, que Mendoza ya contabiliza más de 12 años de crisis hídrica.
El reclamo por el escurrimiento del río Atuel es de la época de Perón
Juan Domingo Perón era el presidente cuando comenzó el primer reclamo pampeano a Mendoza. En 1948 la Nación construía los diques y centrales eléctricas de los Nihuiles, y poco tiempo después en La Pampa aseguraron que por esas obras el agua no llegaba a sus tierras. En 1973 judicializaron el reclamo y en el 1987 la Corte Suprema de Justicia falló diciendo que el Atuel era un río interprovincial, pero a la vez le concedió el derecho a Mendoza para usar las aguas para regar 75.000 hectáreas, el excedente de agua se debía resolver en forma conjunta.
En ese momento hubo un protocolo de entendimiento y de hecho se conformó el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI), con integrantes de ambas provincias.
"Uno de los argumentos de Mendoza es que el reclamo debía ser a la Nación, porque a los Nihuiles los construyó el Estado nacional, y la obra se la transfiere a la provincia recién en 1992. Además ese uso hídrico que se le daba a la provincia para regar 75.000 hectáreas no se podía cumplir porque Mendoza ni siquiera llegaba a regar 60.000 hectáreas", explicó Facundo Díaz Araujo, representante de la Asesoría de Gobierno de Mendoza, y uno de los integrantes del CIAI por la provincia.
Otro capítulo clave de la interminable novela lo marcó un giro en el reclamo de La Pampa, que en el 2017 llegó a la Corte diciendo que el tema ya no era sólo hídrico, sino también ambiental.
"Mendoza se apropió del agua por esa cantidad de hectáreas y comprometió así el caudal fluvioecológico mínimo del Atuel para mantener el sistema ecológico natural, que es lo que nosotros exigimos que se cumpla, porque el daño es tremendo", recordó Leandro Altolaguirre, ex intendente radical de Santa Rosa, La Pampa, y titular de la asociación ambientalista Alihuén.
La Corte interpuso otro plazo para resolver el tema, y Mendoza presentó un estudio de obras para recomponer el oeste pampeano, y a la par dos tomos de 1.000 páginas cada uno, conteniendo los estudios técnicos, legales y de infraestructura. Entre otras cosas mostraba que cumplir con esa cuota que exigía La Pampa suponía una multimillonaria inversión para hacer obras para hacer perforaciones aguas arriba para liberar caudal, y correcciones de infiltraciones del mismo río Atuel.
En el 2020 hubo un nuevo fallo de la Corte, que obligaba a Mendoza a garantizar 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con suelo pampeano.
En marzo pasado la fiscal de Estado de La Pampa, Romina Schmidt presentó una cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia en la que exigió que Mendoza “suelte un caudal mínimo del Río Atuel” antes de sentarse a discutir nuevos proyectos, en referencia a Portezuelo del Viento. Afirmó que están negociando en desigualdad de condiciones y que llegó el tiempo de “revertir la ecuación”. “No podemos seguir negociando de esta manera con una jurisdicción que usa el cien por ciento del agua y la utiliza a su antojo”, disparó.
De este lado respondió el ministro de Infraestructura, Mario Isgro quien negó que se esté incumpliendo con el fallo que libró la Corte en julio de 2020. "Estamos haciendo lo que nos marcó la Justicia. Trabajamos en forma conjunta las dos provincias, con participación de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de La Nación, para hacer las obras pertinentes que nos permitan erogar ese caudal", aseguró.
El funcionario explicó que si no se llegaba a cumplir con las exigencias pampeanas era porque ese caudal es "agua que el río no tiene por cuestiones naturales y no porque Mendoza ceda o no ceda".
Para acercar posiciones y tratar de llegar a un acuerdo por la deuda del caudal del río Atuel, referentes mendocinos y pampeanos del MID, entre ellos el empresario metalmecánico Julio Totero, gestaron días atrás un proyecto que llegará a la legislatura de la vecina provincia, para que se le lleve agua a la zona de Santa Isabel, pero nada garantiza que tenga el aval de ambos gobiernos.
"Este no es un problema de voluntad, de dejar de pasar el agua y listo, para cumplir con esa demanda hay que dejar de regar aproximadamente 20.000 y eso nos generaría un problema tremendo con nuestros regantes y con la producción del Sur", concluyó Díaz Araujo.
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Mendoza ruega Portezuelo del Viento y en La Pampa piden un nuevo tratado del Río Colorado
Portezuelo del Viento es otra piedra en el zapato para La Pampa. Apareció después de que las 5 provincias que comparten el río Colorado (Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) conformaran en 1956 una comisión técnica interprovincial y 20 años más tarde el conocido COIRCO, Comité Interjuridisccional del Río Colorado, para proyectar una equitativa distribución de los caudales de la cuenca.
Desde lo técnico, Mendoza defiende la presa afirmando que es un buen proyecto para regular el agua del Río Grande y por ende del Colorado, que generará energía para 130.000 usuarios y que podría aumentar la superficie de riego para producción agrícola y ganadera.
Por si hiciese falta, sacan la carta política y recuerdan que el dinero que destinó el Estado nacional a esa obra (U$S1.023 millones) derivan del acuerdo que firmaron en 2006 Julio Cobos y Néstor Kirchner y era el resarcimiento a la provincia por los perjuicios de la promoción industrial. También sacan a relucir que en 2017 el COIRCO aprobó las normas de llenado de la presa, y que tres años más tarde, en entonces gobernador Alfredo Cornejo presentó ante ese comité los estudios de impacto ambiental, hechos por las universidades del Litoral y de La Plata, que mostraban los beneficios de realizar la obra.
Pese a todo eso, esperan con cierta desazón el laudo presidencial para definir el futuro de Portezuelo, o en su defecto la aprobación de Alberto Fernández para que Mendoza pueda usar los fondos de la presa en otras obras, no necesariamente hídricas.
Del lado pampeano no sólo se oponen a la presa, a la que califican de arcaica y le cuestionan la generación de energía que podría dar, sino que ahora sacan pecho luego de que el presidente les adelantara que avalaría su pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental. Por mientras anteponen los reclamos por el Atuel, como un tema a resolver antes de avanzar con Portezuelo.
Pero incluso van más allá: ya hay sectores ecológicos y políticos que le piden al gobierno de Sergio Ziliotto un nuevo tratado del Río Colorado, que defina un nuevo reparto del cupo de caudal de ese río.
"Más allá del reclamo por el Atuel y mientras se hacen los nuevos estudios por Portezuelo del Viento, es urgente discutir un nuevo tratado del Río Colorado y definir de manera real qué cupo le corresponde a cada una de las 5 provincias en función de lo que se puede extraer. Ese cálculo que está vigente hoy no se cumple porque el caudal del río se redujo. Mendoza tiene un cupo por ejemplo, que no usa, pero si hoy se decidiera a usarlo dejaría sin agua a productores de Buenos Aires porque el cálculo está desfasado con el caudal real", apuntó Altolaguirre, quien además de liderar la asociación ambientalista Alihuén, es profesor de Hidrología en la universidad local.
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En el límite hay oro, reclamo de miles de hectáreas y de regalías mal liquidadas
Las irreconciliables diferencias entre Mendoza y La Pampa no se agotan en el reclamo por el río Atuel y la negativa a Portezuelo del Viento. En el medio hay emprendimientos de oro, disputas limítrofes por cientos de miles de hectáreas e incluso juicios por regalías mal liquidadas que también se arrastran desde hace casi 50 años.
"Existe justo en el límite con la Pampa en la zona de Agua Escondida, en Malargüe, a 145 km de Santa Isabel un proyecto de oro llamado Don Sixto, que ya está factibilizado y que podría reactivarse en un par de años, si es que hubiese un acuerdo interprovincial que hoy no está. En Mendoza no se puede explotar porque la ley 7722 prohíbe el uso del cianuro, pero de este lado se podría explotar como cantera y poner la planta industrial en La Pampa, lo que exigiría un acuerdo acuerdo interprovincial por regalías, proveedores y temas ambientales", contó el empresario metalmencánico y referente del MID, Julio Totero.
Los defensores de reactivar la minería en Mendoza se frotan las manos pensando en ese proyecto, pero cuando caen en la cuenta de que están obligados a acordar con La Pampa dejan de verlo viable en el corto plazo.
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Otro de los temas a resolver con la vecina provincia con la que Mendoza comparte un extenso límite, es justamente un reclamo por tierras. En un estudio de relevo que hicieron en conjunto referentes políticos del MID de ambas provincias, apareció que La Pampa reclama unas 200.000 hectáreas de la zona de Agua Escondida y El Recovo en Malargüe, justo en esa parte del final del mapa mendocino.
Y por si faltasen diferencias entre ambas provincias, hay otra de índole directamente monetaria: Mendoza le exige a La Pampa $63.338 millones por regalías hidroeléctricas mal liquidadas de la energía que generó el complejo Los Nihuiles desde 1973, y que la provincia debió compartir con su vecina.
La Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno de Mendoza llevaron el reclamo a la Corte Suprema de la Nación, pidiendo que se derogue el decreto 1560 que data de 1973 y se pague ese monto que se actualizó en el 2021.
La Pampa refutó el centro de esquí El Azufre
Por más extraño que parezca, la vecina provincia de La Pampa, también encontró razones para oponerse al emprendimiento del centro de esquí El Azufre, emplazado en la zona precordillerana de Campo Potrero de Cordillera Norte, que es propiedad del Estado nacional.
Ese centro turístico que comenzará a operar con las primeras nevadas de invierno, lo hará de precaria ya que recibió la habilitación de la municipalidad de Malargüe, pero le resta cumplimentar los estudios de impacto ambiental para concluir con el trámite por la asignación de tierras.
Sin embargo, en La Pampa cuestionan que el proyecto "desvía el río Valenzuela que es el principal afluente del Grande, que a su vez tributa al río Colorado, por lo tanto La Pampa se verá perjudicada por esa decisión unilateral del gobierno mendocino de cederle el manejo a la empresa privada", aseguró en su momento, el diario La Arena. En la publicación se plantea que la decisión mendocina debería generar una manifestación del COIRCO.
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