En medio de la guerra por Portezuelo, La Pampa reclamó ante la Corte por el agua del Atuel
Lo hizo a través de una cautelar enviada por la Fiscal de Estado de esa provincia. Afirman que no se está cumpliendo con el escurrimiento que pidió el máximo tribunal en 2020 y que no se pueden discutir obras hasta revertir esa situación
Según la Fiscalía de Estado pampeana, Mendoza no cumple con el caudal mínimo de tres metros cúbicos por segundo en el Atuel.
Según la Fiscalía de Estado pampeana, Mendoza no cumple con el caudal mínimo de tres metros cúbicos por segundo en el Atuel.
La fiscal de Estado de La Pampa presentó una cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia en la que exige que Mendoza “suelte un caudal mínimo del río Atuel” antes de sentarse a discutir nuevos proyectos. Afirmó que están negociando en desigualdad de condiciones y que llegó el tiempo de “revertir la ecuación”.
El pedido es que el máximo tribunal imponga una acción para que la provincia garantice un volumen hídrico determinado. Esa cantidad es de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con suelo pampeano, y debe darse de manera permanente, según impuso la Corte a mediados de 2020, apenas un mes después del fallido dialogo en el Coirco que terminó con el pedido de laudo por parte de Suarez.
“No podemos seguir negociando de esta manera con una jurisdicción que usa el cien por ciento del agua y la utiliza a su antojo”, denunció Schmidt. Según explican medios pampeanos, no hay demasiados antecedentes de cautelares de ese tipo y, justamente por eso, se transformó en la nueva estrategia anti Portezuelo, basándose en la Ley General de Ambiente.
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"Que nos sorprendan con celeridad", deslizó la fiscal de La Pampa Romina Schmidt.
Como el organismo no tiene plazos determinados para fallar, aquella fiscalía deslizó un pedido de que los “sorprendan” agilizando el tratamiento. El documento dice fundarse en la cantidad de tiempo que ya pasó desde ese pedido de escurrimiento mínimo al que suscribieron los supremos Rosatti, Lorenzetti y Higton de Nolasco, y del que ya transcurrieron 20 meses.
Además, señalaron que, a fines de 2017, ya había quedado “acreditada la desertificación y el daño ambiental de la zona”. Y que la propia Corte había solicitado una recomposición inmediata del ecosistema afectado en el nororeste de aquella provincia. Ambos antecedentes fueron citados en este nuevo pedido.
La carta contiene varias acusaciones contra la gestión hídrica que se hace en Mendoza de esos caudales. “Tienen un uso exclusivo y absoluto del río, administrando el agua de forma unilateral”; y “mantienen una postura negativa e intransigente, que no permite negociar y pone en desventaja cualquier acuerdo, porque dilatan los plazos en una situación de comodidad y poderío absoluto”, puede leerse en el escrito.
De qué se trata el nuevo avance pampeano
Las cautelares son vías más rápidas para que se cumpla un derecho que está vulnerado. Según señalan desde el otro lado del Atuel, es precisamente lo que está ocurriendo en este caso. En el contexto ambiental, ese tipo de recursos están contemplados por la Ley General de Ambiente 25.675, que es a la que apuntó la fiscal de Estado Schimdt.
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Codo con codo. Suarez y Ziliotto se vieron en la reunión del Coirco del junio de 2020. Mendoza perdió la votación 4 a 1 y solicitó el laudo al que ahora accedió a responder el Presidente.
El nuevo intento se suma los antecedentes de los últimos años, tanto antes como después de que se confirmara que Mendoza recibiría 1.023 millones de dólares para levantar Portezuelo del Viento en las aguas del río Grande. Tras la aceptación del pedido para un laudo presidencial que resuelva las diferencias –ocurrida hace pocas semanas- La Pampa avisó que volvería a la carga con medidas judiciales para frenar la adjudicación de la obra.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, dice el artículo 41 de la Constitución Nacional. El pedido que llegó desde tierras pampeanas afirma que Mendoza lo está incumpliendo, y por eso busca un camino exprés en la Justicia para revertir esa situación.
