El pedido es de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia de Ciudad de Buenos Aires y que intervenga la Federal, pues algo de los argumentos dados por el Gobierno Nacional es que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.
Además, la Procuración del Tesoro reclamó la invalides del fallo que dictó la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña habilitando el regreso de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver el pedido justamente hecho por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dejar sin efecto esa parte del DNU que suspendió las clases presenciales por 15 días.