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Clases en la Ciudad de Buenos Aires: el fallo "es un disparate, una mentira", disparó Alberto Fernández

El Gobierno Nacional recibió con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno Nacional recibió con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenarlo.

El presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.

El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

“Todo es un disparate. Una mentira. Tres jueces dicen que la ley, porque el DNU es una ley, no se aplica en este barrio, en la Capital Federal. Esta es una sentencia a medida de Rodríguez Larreta. Ni siquiera dicen que el DNU es inconstitucional. Entonces, si no es inconstitucional, ¿cómo van a habilitar la educación presencial que está prohibida por razones sanitarias? El DNU no regula una política educativa, tiene como objetivo proteger la vida de los argentinos. Lo que hicieron es un desastre”, sostuvo Alberto Fernández en la quinta presidencial sobre las clases presenciales que fueron habilitadas por la Justicia porteña.

Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires es un fallo a medida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Afirman que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.

Alberto Fernández enfatizó que el fallo es "un estrago jurídico". "Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad de Buenos Aires fue directo a la Corte", argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.

“Los jueces me siguen sorprendiendo. Esto es patético. No dura el sueño de una noche de verano. La justicia federal lo destruye en dos minutos”, opinó el Presidente en Olivos cuando terminó de analizar el dictamen legal

Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también cuestionó el fallo que cedió al interés del Gobierno de Rodríguez Larreta para que las aulas continúen abiertas, al señalar que la resolución judicial es un "mamarracho jurídico", que tiene una "explicación política".

"El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos", escribió en Twitter.

Soria advirtió que se trata de "una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales".

"Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política", expresó el ministro.

A la vez, señaló que "la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida".

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Este domingo, la Justicia porteña ordenó la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, por el cual se dispuso el cierre de las aulas por dos semanas para contener el aumento de casos de coronavirus.

La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.

"La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local", argumentó el tribunal en el fallo.

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