Segundo ex intendente condenado por corrupción

El Tribunal que mandó a Sergio Salgado a la cárcel dejó abierta la chance de la prisión domiciliaria

El Tribunal que condenó a Sergio Salgado consideró que la sentencia había quedado firme y por eso lo mandó al penal. Además, dijo que la prisión domiciliaria solo es competencia del juez de Ejecución penal, lo que abre una esperanza para el peronista santarrosino

El Tribunal que ordenó el encarcelamiento de Sergio Salgado dejó abierta la posibilidad de que el ex intendente peronista de Santa Rosa reciba el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque eso deberá decidirlo el juez de Ejecución Penal.

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El juez Armando Martínez.

El juez Armando Martínez.

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Sergio Salgado y la caída

Salgado está alojado junto con el ex intendente peronista de Guaymallén, Luis Lobos, también preso por corrupción, en el módulo 6B de la Penitenciaría Provincial. En un sector destinado a ex funcionarios y ex integrantes de las fuerzas de seguridad condenados por la Justicia.

En las horas previas, mientras muchos esperaban que se celebrara una audiencia para considerar si al santarrosino le cabía la chance de la domiciliaria, el tribunal lo citó en la sede judicial de San Martín, le informó personalmente que la sentencia ya estaba firme tras el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y ordenó su inmediata detención.

Martínez, Morici y Landini argumentaron que la sentencia condenatoria que ellos habían dictado en 2018 había quedado firme gracias a dos fallos de la Corte mendocina. El primero, que la validó. El segundo, que le negó el recurso extraordinario para acudir a la Corte nacional.

Completaron este panorama otras dos resoluciones: de la Corte nacional, que le rechazó el recurso de Queja, y, posteriormente, de la Corte local declarando imprescriptibles por el paso del tiempo los delitos que a Salgado le terminaron costando la libertad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Mencionó ese tribunal, entre otros antecedentes foráneos, el caso del sacerdote Julio César Grassi, cuya detención se produjo luego de que fuera confirmada por los distintos estamentos judiciales la sentencia por abusos sexuales a menores de edad de la Fundación Felices Los Niños, que él encabezaba.

"Encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia dictada en estos autos, debe pasar a su etapa de cumplimiento, ordenando la inmediata detención en los términos del artículo 512 del Código Procesal Penal de Mendoza, y practicarse el respectivo cómputo de pena una vez que sea efectiva la privación de la libertad" "Encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia dictada en estos autos, debe pasar a su etapa de cumplimiento, ordenando la inmediata detención en los términos del artículo 512 del Código Procesal Penal de Mendoza, y practicarse el respectivo cómputo de pena una vez que sea efectiva la privación de la libertad"

Domiciliaria, ¿sí o no?

Los jueces de sentencia consideraron que la única autoridad competente para conocederle o no a Salgado la prisión domiciliaria es el juez de Ejecución Penal, el encargado de hacer cumplir los plazos y las condiciones de cumplimiento de las sentencias judiciales. A ellos solo les competía juzgarlo, aclararon.

Dijo el tribunal acerca de este punto:

"En relación a la solicitud de morigeración de la prisión en modalidad domiciliaria formulado por el imputado representado por su defensa técnica, corresponde omitir pronunciamiento ya que conforme lo evaluado ut supra, resulta competente el Juez de Ejecución en orden a garantizar el derecho al doble conforme" "En relación a la solicitud de morigeración de la prisión en modalidad domiciliaria formulado por el imputado representado por su defensa técnica, corresponde omitir pronunciamiento ya que conforme lo evaluado ut supra, resulta competente el Juez de Ejecución en orden a garantizar el derecho al doble conforme"

A mediano plazo, posiblemente la semana próxima, a partir del martes, el caso quede en manos del juez de Ejecución Penal que podría llamar a audiencia donde Salgado y su abogado harán explícita la pretensión de domiciliaria y la fiscalía que investigó y acusó al ex jefe comunal y lo mandó a juicio oral y público.

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