El PJ también está decidido a cuestionar en la Justicia el decreto de Rodolfo Suarez para refinanciar la deuda
Este miércoles los legisladores del Peronismo mendocino y de Protectora anunciarán que presentarán un recurso judicial para plantear la inconstitucionalidad del decreto con el que Rodolfo Suarez pretende aplicar el roll over para la deuda de Mendoza
Los legisladore del PJ, junto con sus socios de Protectora, presentarán este miércoles un recurso ante la Corte pidiendo la inconstitucionalidad del decreto de Rodolfo Suarez para aplicar el roll over de la deuda de Mendoza.
Primero fue el fiscal de Estado, Fernando Simón, quien dio un dictamen negativo ante lo que era el borrador del decreto, luego lo cuestionó el Partido Verde que lo llevó a la Suprema Corte, y ahora el PJ y sus socios de Protectora, se unieron para presentar también un recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de Justicia.
En la misma línea de lo que le refutara el Fiscal de Estado, los legisladores peronistas insistirán este miércoles en que para poder refinanciar la deuda el Gobierno debe contar obligatoriamente con el aval de los dos tercios de ambas cámaras, y que no podría ampararse en la ley de administración financiera -como pretende Suarez-, porque esa ley prevé que la refinanciación se haga con el mismo acreedor.
Pero además, aseguran que para poder refinanciar la deuda a través de esa ley "debe sí o sí contar con la aprobación del órgano de contralor, es decir con el aval del Fiscal de Estado que ya se lo negó. Eso es lo que estipula la ley nacional de Administración Financiera" argumentan desde el PJ.
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El fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un dictamen negativo ante el plateo del Gobierno de refinanciar la deuda en dólares que vence este año sin pasar por la Legislatura, y amparándose en la ley de administración financiera.
De no ser así, refuerzan, "ningún acreedor podría aceptar la propuesta de refinanciar, porque sería una deuda riesgosa".
Ante la negativa, el mismo Ramón adelantó que llevarían el decreto a la Justicia.
"El decreto es inconstitucional debido a que la Constitución de la Provincia expresamente prohíbe la emisión pública sin autorización de la Legislatura, como le indicó el Fiscal de Estado al dictaminar sobre el carácter inconstitucional de este Decreto. Esta emisión de deuda sólo tiene por finalidad pagar los vencimientos de 2023, con la clara intención de tener más recursos en un año electoral, dejando un mayor endeudamiento a los futuros gobiernos de la Provincia. Por esto se presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte" adelantó a Diario UNO el diputado de Protectora, el pasado lunes.
El cuestionado decreto 2.502 que se publicó el pasado 29 de diciembre, el último día hábil del año, estipula que el Gobierno emitirá títulos públicos en pesos por el equivalente de 81.500.000 dólares con el fin de reestructurar la deuda que tomó Alfredo Cornejo y cuyos primeros vencimientos se deben afrontar en marzo y septiembre de este año.
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En los argumentos, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, expresó que la dirección de Asuntos Legales de su área y la Asesoría de Gobierno de la Provincia emitieron opiniones favorables y que éstas resultan suficientes para apartarse de la posición del fiscal de Estado, Fernando Simón.
Allí también se sostiene que es el artículo 68 de la Ley N° 8.706 de Administración financiera de la provincia, la que faculta al Poder Ejecutivo "a realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento".
Con esta autorización por decreto, el Ejecutivo "procura acceder al mercado local de capitales mediante una operatoria de emisión de títulos públicos en moneda local con el fin de reestructurar su deuda pública, por los montos que corresponden a los pagos de amortización de la deuda en dólares representada en los Bonos Mendoza 2029 emitidos por Decreto N° 1198/20 (en adelante “el PMM29”) cuyos vencimientos se produzcan durante el ejercicio 2023".
Para el Gobierno, contar con "flexibilidad" en las herramientas para administrar deuda respecto del tipo de acreedor es "básico" y tener esa opción es más necesaria en "mercados financieros volátiles, como lo es nuestro mercado local, consecuencia de una economía argentina que se caracteriza por presentar múltiples desequilibrios".
Sobre la interpretación del artículo 68, marca el decreto que el "espíritu de la norma de administración financiera es permitir a la Provincia un manejo eficiente de sus finanzas y de una administración eficiente de los pasivos públicos en condiciones convenientes para la Provincia".
El argumento constitucional que aplicará la oposición para cuestionar el decreto
Si bien el cuestionamiento legal del Peronismo mendocino se conocerá este miércoles cuando lo expliquen en una conferencia de prensa, todo apunta a que será muy similar al que ya argumentó el Partido Verde en el planteo que llevó a la Suprema Corte.
Para los opositores, el decreto del roll over de Suarez viola el artículo 41 de la Carta Magna mendocina.
Ese apartado establece que: “No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.
Por su lado, el Partido Verde, que tiene como representante al diputado Emanuel Fugazzotto, solicitó también que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad acuda a la Legislatura a explicar el cuestionado decreto.
