En un caso que generó gran repercusión en San Juan, la Justicia imputó formalmente por el delito de peculado a dos empleados del Poder Judicial. Juan José Gallardo (37) y Juan Pablo Albornoz (43) fueron acusados como coautores de robar 4 equipos de aire acondicionado del obrador judicial ubicado en pleno centro de esa provincia vecina.
Imputados por peculado
Trabajaban para la Justicia y terminaron acusados de robarse aires acondicionados del edificio
Tras el robo, dos empleados judiciales fueron acusados formalmente pero recuperaron su libertad
El hecho ocurrió en las primeras horas del viernes pasado. Cámaras de seguridad del edificio registraron una camioneta Toyota Hilux blanca, oficial del Poder Judicial y con el llamativo plot “Vehículo recuperado del delito”, ingresaba al predio.
Dos personas cargaron los aires acondicionados usando un carrito de mano. Los equipos, usados pero en condiciones de reparación o reutilización, estaban bajo custodia del área de Patrimonio y Servicios Generales de la Justicia sanjuanina.
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La detención tras el robo
Según la investigación de la Fiscalía de San Juan, los imputados no contaban con autorización ni documentación que respaldara el retiro de los bienes. Todos los elementos del Poder Judicial están inventariados, y cualquier traslado, donación o baja debe registrarse formalmente. La Fiscalía sostuvo que los empleados judiciales con acceso a las áreas involucradas utilizaron un vehículo oficial para trasladar los equipos al domicilio de uno de ellos.
En la audiencia de imputación realizada el lunes pasado, el juez otorgó la libertad a ambos empleados judiciales pero con medidas restrictivas: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de acercarse o contactar a personal. Además, la Corte de Justicia de san Juan fue notificada para suspenderlos de sus funciones en esos sectores mientras dure la investigación, que tiene un plazo de 8 meses.
Tanto Juan José Gallardo como Juan Pablo Albornoz declararon en la audiencia. Dijeron ser inocentes y apuntaron como responsable principal a un tercer empleado quien se desempeñaba en Patrimonio y Servicios Generales. Argumentaron que este hombre les dio órdenes de reparar los equipos y les aseguró que estaban autorizados.
El delito de peculado castiga a los funcionarios públicos que roban bienes cuya custodia o administración les fue confiada por su función. La Fiscalía de Estado se presentó como querellante, destacando la gravedad institucional del caso.
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