En un clima caldeado y de mucha tensión, la causa que investiga la peor tragedia de en rutas, la de Tur-Bus, ocurrida el 18 de febrero, dio un paso fundamental en pos del esclarecimiento. Familiares de las víctimas se hicieron presentes en tribunales e increparon severamente al chofer acusado, a quien le dictaron la prisión preventiva y seguirá en el penal.
Cerca del mediodía, la atención se centró en el Sexto Juzgados de Garantías, ya que en el expediente que investiga la tragedia vial más grande de Mendoza debía ejecutar una medida clave: se definía si Francisco Sanhueza seguía detenido a la espera del juicio oral o accedía a alguno de los beneficios pedidos por la defensa -la libertad o el arresto domiciliario y el cambio de imputación-.
Más allá de estas definiciones, la audiencia fue utilizada por muchos familiares de los muertos y heridos de aquel accidente para escrachar al chofer imputado por las 19 víctimas en alta montaña.
A tomatazos y botellazos fue recibido el sospechoso en Tribunales, mientras cientos de personas gritaban en su contra y mostraban pancartas con los rostros de sus seres queridos. La integridad de Sanhueza fue preservada por la policía y los elementos que le arrojaron pegaron contra las puertas de vidrio.
Una vez en el interior de la sala de audiencias, el juez David Mangiafico valoró las pruebas aportadas por el fiscal Gustavo Pirrello y determinó dictar la prisión preventiva para el chofer y no hacer lugar a los pedidos de la defensa.
Los abogados del acusado habían solicitado el cambio de calificación y que su cliente quedara imputado por homicidio culposo y no por homicidio simple con dolo eventual, como actualmente está acusado. El planteo se basó en la intención del conductor del micro de asistir a las víctimas tras el vuelco, demostrando una actitud no coincidente con un homicida. El juez rechazó este punto.
Lo que también denegó Mangiafico fue la posibilidad de arresto domiciliario.
En un principio, se pidió que sea llevado a su país de origen -Chile- y luego se aportó un domicilio de calle Godoy Cruz, de Mendoza capital, pero las dos alternativas fueron desestimadas.
Los investigadores consideran que Sanhueza puede llegar a fugarse por la alta pena que arriesgaría, que es de 8 a 25 años.
De esta manera, el chofer seguirá detenido hasta el juicio. A la causa sólo le faltan detalles para la elevación a debate oral.
Últimas medidas. Los pesquisas esperan los informes médicos actualizados sobre el estado de los heridos y algunos testimonios más para cerrar la investigación y llevarla a juicio oral y público.
En contra del acusado. Peritajes de Policía Científica, el análisis del tacómetro del micro que marcó 97 kilómetros/hora y la declaración de los pasajeros pidiéndole que bajara la velocidad complican la situación del chofer.