Las centrales obreras no tienen nada que capitalizar del paro general de este jueves, aunque busquen desgastar al gobierno de Javier Milei
ATE Mendoza se sumó al paro general de la CGT.
Quizás le sirva para marcar un poco la cancha y decir "aquí estamos", pero la cúpula sindical no goza de prestigio ni de confianza como para sacar partido del conflicto.
Los años de silencio guardados durante el decadente gobierno de Alberto Fernández no le otorga credibilidad al elenco de dirigentes que han sido serviles mientras ha gobernado el peronismo, muchos de ellos enriquecidos no por su trabajo gremial, precisamente.
La población agobiada por la brutal pérdida de su poder adquisitivo no se siente representada por los burócratas que siguen encaramados en el poder gremial a través del paso de las décadas y de los gobiernos. Lo dicen todas las encuestas de opinión.
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Aun muchos de los adherentes al paro tienen sus reparos ante sindicalistas devenidos empresarios, pese a que están disconformes o afectados por el gobierno de Javier Milei.
Sumarse a la huelga por las motivaciones que fueren no implica linealmente empoderar a los líderes cegetistas ni, a la inversa, no adherir debe leerse como un aval explícito a la gestión libertaria.
El espectro de las motivaciones es amplio y bien debe contemplarse a todos los segmentos que más allá de sus preferencias entienden que la parálisis del país, una y otra vez, por las huelgas generales no es el camino para expresar el descontento ni mucho menos para remontar la cuesta de la depresión económica.
Un informe realizado por el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral da cuenta de la cantidad de paros que ha sufrido cada gobierno desde la vuelta de la democracia, y resalta que Milei ya tiene el récord de un paro cada 75 días, peor que Fernando De la Rúa y que Raúl Alfonsín, quien padeció 13 huelgas generales durante su mandato.
Pocos días ante del anuncio del paro, los líderes sindicales habían consensuado con el Gobierno cambios al capítulo de la reforma laboral que debía tratarse en Diputados para que no les tocaran la cuota que los gremios reciben de los trabajadores. Sin embargo, la protesta general fue programada para el mismo día que en el Senado debía firmarse el dictamen para la Ley Bases.
Con o sin esa norma en la que Milei cifra fuerte expectativa para avanzar en el rumbo que se ha propuesto, todo indica que el país ha entrado en una era de conflictos gremiales crecientes.
El Gobierno ostenta una clara minoría en el Congreso, donde para avanzar en sus proyectos tendrá que consensuar con los sectores que son proclives a darle las herramientas que pretende aunque revisando cada artículo. Desde el radicalismo, parte del PRO y otras agrupaciones con menos representantes han avisado que el bloque oficial puede contar con la aprobación en general, pero darán la discusión en particular.
Además del impuesto a las ganancias que objetan los legisladores patagónicos, el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) es el punto que más está dividiendo las aguas. El monto de 200 millones de dólares de inversión para recibir beneficios que no tendrán los que inviertan menos de esa cifra, es apuntado por discriminatorio para las pymes ligadas a la economía regional y hasta podría resultar inconstitucional.
Voces especializadas indican que no hay mejor promoción para la atracción de inversiones que un marco regulatorio estable y un régimen impositivo razonable e invariable en el largo plazo.
Eso es parte del debate que se está dando en el Congreso, mientras las centrales obreras y la dirigencia más hostil al gobierno libertario buscan detonar la Ley Bases y van por todo el proyecto mileísta desde afuera del ámbito institucional.
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El dato oficial de la inflación de CABA dio un dígito para abril y las consultoras privadas coinciden en que sigue bajando en los primeros días de mayo.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) también ha dado una proyección menor de la inflación alcanzando el 161 por ciento para el 2024. Como contracara, el consumo no repuntará hasta avanzar en el 2025 o a fin de este año en el mejor de los casos. La pérdida del poder adquisitivo del salario explica todo el malestar social: 60 por ciento el año pasado y 30 por ciento en los cuatro meses de la administración libertaria.
El reordenamiento de las variables macroeconómicas, la motosierra, la licuación del ingreso y, en definitiva los bolsillos castigados están ralentizando la suba alocada de los precios. El costo es mayúsculo para la población, que paradójicamente sigue bancando en alto grado de respaldo al gobierno que votó para un cambio radical de orientación.
Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen insistiendo con que todo lleva a eliminar el cepo tarde o temprano, tras lo cual se sentirá el envión de la actividad económica de la mano de la inversión, crecerá el empleo y los salarios le ganarán a la inflación. Su rol, entonces, es hacer el trabajo necesario para que después toda la tarea recaiga en el sector privado, con un mercado funcionando a pleno.
No son pocos los economistas filoliberales que puntualizan sobre el atraso cambiario y otras inconsistencias del programa, advertencias que ponen de mal humor al Presidente. Resumiendo el dilema: "estamos mal pero ¿vamos bien?"
El gobierno mendocino conducido por Alfredo Cornejo se muestra alineado en estas circunstancias con la gestión de Milei, ofreciendo matices y aportes en el Congreso en un marco colaborativo. En la discusión del Senado tanto Rodolfo Suarez como Mariana Juri han adelantado su voto favorable a la Ley Bases y la reforma impositiva, mientras que Anabel Fernández Sagasti será una de las voces más notables en contra del proyecto.
De la relación con la Nación, Cornejo ya sacó partido con la adenda del convenio por los 1.023 millones de dólares y sigue aceitando relaciones con el gabinete. Después de reunirse con Luis Caputo, el ministro de Economía declaró que van a "trabajar juntos para maximizar las inversiones en Mendoza." Se trata de una expresión de la buena sintonía de los gobiernos nacional y provincial, que también se hace palpable en el apoyo que se está articulando para la ampliación de la Aeroestación Francisco Gabrielli y el de San Rafael por parte de Aeropuertos Argentina.
En la reunión realizada con el embajador de EEUU, Marc Stanley, Cornejo también mostró el potencial de Mendoza en materia de inversiones, le presentó un informe sobre el sector petrolero, y habló de la situación de la minería, el turismo y otras áreas de la matriz productiva.
Con un rol del Estado más protagónico, el mandatario radical también apuesta a la iniciativa privada y a la necesidad de atraer inversiones para desarrollar la provincia.
Tal como lo ha expresado Cornejo cada vez que puede, la macroeconomía y las condiciones económicas generales escapan a los resortes provinciales que, no obstante, manejan la administración de los recursos que disponen capaces de promover o desalentar el clima de negocios.
Un ambiente de conflictos políticos y gremiales van a contramano de las buenas intenciones, lo que constituye un frente a atender prioritariamente si se pretende trabajar sobre inversiones y proyectos de largo plazo. Y es sabido, Mendoza puede ofrecer mejores posibilidades, pero mal que nos pese, no es una isla.