Seis de los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia quedarían al margen de resolver los expedientes vinculados al destituido juez laboralista Antonio Vicente Sánchez Rey, actualmente en revisión en el máximo tribunal.
Tras el juicio político
El juez de los $4,5 millones quiere apelar y va contra la Corte
El juez Sánchez Rey, echado en 2020 por desorden de conducta, recusó al tribunal que lo destituyó. Tres camaristas civiles deciden ahora si tiene razón o no
Antonio Sánchez Rey, destituido del cargo de juez laboralista en 2020 tras un juicio político.
Se trata del presidente, Dalmiro Garay, Teresa Day y Julio Gómez -miembros de la Sala I- y Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio -de la Sala II-.
Se llegó a esta instancia porque Sánchez Rey, el magistrado que exige $4,5 millones por un accidente laboral, recusó a Garay, Day, Palermo, Adaro y Valerio para que se aparten de decidir si tendrá o no la posibilidad de apelar el fallo de destitución del Jury de Enjuiciamiento en la Corte nacional.
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El ex juez laboralista fue contra esos supremos porque, excepto Garay, fueron parte del juicio político que en noviembre de 2020 lo destituyó por desorden de conducta de su cargo en la Quinta Cámara del Trabajo.
La situación de Julio Gómez es distinta: se había inhibido de participar antes de que comenzara el Jury bajo el argumento de que su hijo, el juez laboralista Julio Mariano Gómez Orellano, miembro de la Segunda Cámara del Trabajo, había sido ofrecido como testigo del juicio contra Sánchez Rey.
La decisión de mantener o apartar a los seis supremos de esta parte del conflicto está en manos de tres camaristas del fuero Civil y Comercial, que intervienen a pedido del máximo tribunal.
Ellas son Silvina Miquel, Marina Isuani Casnati y María Alejandra Orbelli, integrantes de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial designadas por sorteo para intervenir en reemplazo de los supremos titulares.
El caso
Sánchez Rey fue destituido de su cargo en la Quinta Cámara del Trabajo del Poder Judicial de Mendoza al cierre de un juicio político que se desarrolló a fines de 2020 de modo semipresencial por la pandemia de Covid.
Desorden de conducta fue la causal que le atribuyó un sector del Jury de Enjuiciamiento que promovió y logró destituirlo luego de casi 30 años de carrera. Mientras, el ala peronista trató de salvarlo.
Es por haber presionado a sus colegas de tribunal para que validaran un acuerdo extrajudicial entre él y la ART para permitirle cobrar un mínimo de $4,5 millones por un accidente laboral sufrido en uno de sus brazos.
Ahora Sánchez Rey le pide a la Corte de Mendoza que le permita apelar en la Corte de la Nación, decisión que únicamente puede tomar el máximo tribunal de Justicia de Mendoza.
El reclamo de la plata
Independientemente de haber sido echado el juez, el acuerdo millonario entre Sánchez Rey y la ART sigue vigente y acumula intereses con el paso del tiempo.
Así, de los $4,5 millones pactados inicialmente la cifra final rondaría los $10 millones.
El expediente pasó de la Quinta Cámara del Trabajo (donde se produjo el choque entre el juez y sus colegas) a la Sexta Cámara, cuyos integrantes se apartaron y la enviaron a la Séptima Cámara Laboral.
Meses atrás, la Corte pidió ese expediente para revisar algunas cuestiones formales. Desde entonces sigue en veremos. Sin fecha de liquidación a la vista.
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