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La Corte estudia el caso del juez echado y una indemnización millonaria

Todas las causas que involucran al laboralista Antonio Sánchez Rey, destituido hace 4 meses, están en el máximo tribunal de Justicia local en etapa de revisión

La Suprema Corte de Justicia tramita varios expedientes vinculados al destituido juez laboralista Antonio Vicente Sánchez Rey. Entre otros, el reclamo de indemnización varias veces millonaria por un accidente laboral; planteo que desató un escándalo en 2018 y le terminó costando el cargo y poniendo punto final a la carrera de casi 30 años de magistrado.

La lista de causas que en las últimas semanas han ingresado al máximo tribunal es extensa. La mayoría están inicialadas para que Sánchez Rey pase desapercibido. Pero siempre queda en evidencia. Repasemos qué tiene la Corte en sus despachos: la apelación a la sentencia de destitución del Jury de Enjuiciamiento del 19 de noviembre de 2020 bajo el cargo desorden de conducta por haber presionado a colegas del tribunal que integraba para que validaran en su favor el acuerdo indeminizatorio con la ART.

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Sánchez Rey quiere pelear en otro terreno: la Corte nacional. Para hacerlo deberá lograr que la Corte de Mendoza le habilite esa posibilidad. O se verá obligado a extremar recursos técnicamente más complejos.

Punto dos: hace un par de semanas la Séptima Cámara del Trabajo, donde finalmente recaló ese expediente iniciado en la Quinta Cámara que presidía Sánchez Rey, remitió al cuarto piso de los tribunales, donde funciona la Corte, el expediente que contiene el acuerdo indemnizatorio entre el ex usía y la ART Provincia por $4,5 millones por un accidente laboral. Esta cifra es orientativa ya que todo indica que podría subir y rozar los $10.000.000.

La Corte también quiere estudiar el expediente penal donde Sánchez Rey y tres abogados, entre ellos su hijo, fueron sobreseídos antes del juicio político del laboralista. Habían llegado a esa situación bajo sospecha de defraudar al Estado provincial en la elaboración del acuerdo varias veces millonario con la ART que atiende a los estatales de Mendoza. Al final de la pesquisa, el fiscal Ríos Ruiz concluyó que no hubo delito y pidió el sobreseimiento de todos. A continuación, la jueza Miriam Nuñez, sin otra chance posible, avaló el pedido del investigador. La denuncia había sido motorizada en Buenos Aires. En la Unidad de Prevención de Fraudes Laborales del organismo que supervisa a todas las ART del país.

Esa desvinculación fue para Sánchez Rey y su equipo una luz de esperanza de cara al Jury. Pero esa luz se apagó cuando el ala radical del juicio político lo echó del cargo al que había llegado en los ´90; haciendo inútiles todos los esfuerzos por salvarlo del ala peronista del politizado máximo tribunal de justicia de Mendoza.