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Los que echaron y los que trataron de salvar al juez Sánchez Rey

El Jury fue un ring entre radicales y peronistas para echar y ayudar al ahora destituido juez laboralista. La Corte votó dividida con dos conjueces subrogantes

Ocho legisladores radicales y cuatro representantes de la Suprema Corte de Justicia en el Jury de Enjuiciamiento reunieron los 12 votos que este jueves determinaron la destitución del juez laboralista Antonio Vicente Sánchez Rey por haber presionado a dos colegas para que lo favorecieran con una sentencia.

En la vereda de enfrente se aunaron 9 votos para salvarlo del despido impulsando que fuera suspendido por 6 meses sin cobrar ni un peso del sueldo. Los seis legisladores peronistas más los tres representantes de la Corte.

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Sánchez Rey, de 79 años y casi 30 de carrera como juez de la Quinta Cámara del Trabajo del Poder Judicial de Mendoza, llegó a la instancia definitiva del juicio político acusado de cometer dos conductas reprochables por la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento y que podían costarle el cargo o la suspensión. O el sobreseimiento y vuelta al despacho en el mejor de los casos para él.

La primera causal: mal desempeño de sus funciones. Por no haber hecho lo necesario para que el acuerdo al que llegó con una ART para cobrar $4,5 millones por un accidente laboral se tramitara fuera de la Quinta Cámara del Trabajo, adonde empezó a trabajar como juez hace casi tres décadas.

La segunda: desorden de conducta. Por haber presionado a sus colegas de tribunal, Viviana Gil y Rolando Consolini, para que validaran el convenio.

El desenlace

Poco más de tres horas le llevó al tribunal integrado por 21 supremos, diputados y senadores provinciales arribar a una decisión. Fue a través de la virtualidad que estuvieron enlazados. Entre las 9.20 y las 12.30 aproximadamente.

Todos los miembros del Jury coincidieron en algo: Sánchez Rey debía ser responsabilizado únicamente por el desorden de conducta propia de la investidura de juez, no por mal desempeño. Por haber presionado a otros jueces y no por haber actuado fuera de la ley procesal.

El punto de quiebre fue determinar ¿cómo debería pagar esa conducta impropia de un togado?

Doce miembros del Jury (los 8 radicales y 4 representantes de la Corte) llegaron a la misma conclusión: Sánchez Rey debía pagarlo con el cargo de juez al que accedió durante la época dorada de La Naranja peronista (Bordón-Gabrielli-Lafalla).

Ya con 11 votos era suficiente para imponer una postura. Y así terminó el pleito.

Nueve representantes del Jury (los 6 peronistas y los otros 3 miembros de la Corte) hicieron todo lo posible por salvarlo de la destitución y propusieron que Sánchez Rey pagara con 6 meses de suspensión sin goce de haberes.

Esta moción, que finalmente no prosperó, encerraba otra especie de "bendición" para el magistrado: la posibilidad de renunciar y jubilarse con el 82% móvil cuando quisiera, lo que Alfredo Cornejo evitó cuando en 2018 le rechazó la dimisión con el escándalo por los $4,5 millones ya avanzado.

Por la destitución

Estos 12 miembros del Jury impulsaron la destitución del juez Sánchez Rey: Pedro Llorente, José Valerio, Teresa Day y Marcelo Gutiérrez del Barrio (como subrogante) en nombre de la Suprema Corte y los diputados y senadores radicales Adrián Reche, Cecilia Rodríguez, Jorge Sosa, Jorge López, Marcelo Rubio, Juan Carlos Jaliff, Lucas Quesada y Diego Costarelli.

A Sánchez Rey terminó condenándolo el hecho de que por ser un juez de tan larga trayectoria en la Justicia de Mendoza sabía perfectamente que presionar a jueces es una conducta reprochable no solo por la ley 4970 (que juzga la conducta de magistrados y funcionarios designados con acuerdo del Senado), sino por el decoro y la convivencia laboral.

Dicho de otro modo: Sánchez Rey no podía desconocerlo.

Por la suspensión por 6 meses

Estos son los 9 miembros del Jury que trataron de salvarlo: Omar Palermo, Mario Adaro y Laura Guajardo (como subrogante) en nombre de la Suprema Corte y los legisladores peronistas Néstor Márquez, Helio Perviú, Marisa Garnica, Alejandro Abraham, Lucas Ilardo y Samuel Barcudi.

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