La primera causal: mal desempeño de sus funciones. Por no haber hecho lo necesario para que el acuerdo al que llegó con una ART para cobrar $4,5 millones por un accidente laboral se tramitara fuera de la Quinta Cámara del Trabajo, adonde empezó a trabajar como juez hace casi tres décadas.
La segunda: desorden de conducta. Por haber presionado a sus colegas de tribunal, Viviana Gil y Rolando Consolini, para que validaran el convenio.
El desenlace
Poco más de tres horas le llevó al tribunal integrado por 21 supremos, diputados y senadores provinciales arribar a una decisión. Fue a través de la virtualidad que estuvieron enlazados. Entre las 9.20 y las 12.30 aproximadamente.
Todos los miembros del Jury coincidieron en algo: Sánchez Rey debía ser responsabilizado únicamente por el desorden de conducta propia de la investidura de juez, no por mal desempeño. Por haber presionado a otros jueces y no por haber actuado fuera de la ley procesal.
El punto de quiebre fue determinar ¿cómo debería pagar esa conducta impropia de un togado?
Doce miembros del Jury (los 8 radicales y 4 representantes de la Corte) llegaron a la misma conclusión: Sánchez Rey debía pagarlo con el cargo de juez al que accedió durante la época dorada de La Naranja peronista (Bordón-Gabrielli-Lafalla).
Ya con 11 votos era suficiente para imponer una postura. Y así terminó el pleito.
Nueve representantes del Jury (los 6 peronistas y los otros 3 miembros de la Corte) hicieron todo lo posible por salvarlo de la destitución y propusieron que Sánchez Rey pagara con 6 meses de suspensión sin goce de haberes.
Esta moción, que finalmente no prosperó, encerraba otra especie de "bendición" para el magistrado: la posibilidad de renunciar y jubilarse con el 82% móvil cuando quisiera, lo que Alfredo Cornejo evitó cuando en 2018 le rechazó la dimisión con el escándalo por los $4,5 millones ya avanzado.
Por la destitución
Estos 12 miembros del Jury impulsaron la destitución del juez Sánchez Rey: Pedro Llorente, José Valerio, Teresa Day y Marcelo Gutiérrez del Barrio (como subrogante) en nombre de la Suprema Corte y los diputados y senadores radicales Adrián Reche, Cecilia Rodríguez, Jorge Sosa, Jorge López, Marcelo Rubio, Juan Carlos Jaliff, Lucas Quesada y Diego Costarelli.
A Sánchez Rey terminó condenándolo el hecho de que por ser un juez de tan larga trayectoria en la Justicia de Mendoza sabía perfectamente que presionar a jueces es una conducta reprochable no solo por la ley 4970 (que juzga la conducta de magistrados y funcionarios designados con acuerdo del Senado), sino por el decoro y la convivencia laboral.
Dicho de otro modo: Sánchez Rey no podía desconocerlo.
Por la suspensión por 6 meses
Estos son los 9 miembros del Jury que trataron de salvarlo: Omar Palermo, Mario Adaro y Laura Guajardo (como subrogante) en nombre de la Suprema Corte y los legisladores peronistas Néstor Márquez, Helio Perviú, Marisa Garnica, Alejandro Abraham, Lucas Ilardo y Samuel Barcudi.