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Apuran la discusión para definir si el caso Aliaga debe salir de la Justicia Federal

Cuatro de los imputados en el caso Aliaga insisten con que el expediente pase a la Justicia provincial. La relación con la causa de las presuntas coimas

Hace casi 10 meses que el caso Aliaga sacudió el ámbito federal de Mendoza. No sólo porque el cruento asesinato del hombre, sino porque fue la punta del ovillo que por estos días desembocó en una causa que investiga presuntas coimas al juez Walter Bento. Ahora, la defensa de los sospechosos de matar a Diego Aliaga insiste con mudar el expediente al edificio de enfrente, esto es, en los tribunales provinciales.

Los abogados Gabriel y Antonio Carrizo volvieron a presentar un escrito pidiendo que el caso se pase a la Justicia provincial, más concretamente a la Unidad Fiscal de Homicidios. No es la primera vez que plantean esto los defensores de Diego Barrera –asesino confeso-, su esposa Bibiana Sacolle y los hijos de esta última, Lucas y Gastón Curi.

El primer antecedente al respecto fue el 2 de septiembre, cuando el juez del caso, Marcelo Garnica, ordenó que la causa pase al ámbito provincial ya que el móvil del crimen fue “particular” y descartó la existencia de una banda dedicada a realizar secuestros extorsivos que comprometa la seguridad del Estado nacional.

El fiscal federal Fernando Alcaraz apeló la medida argumentando que faltaban producir varias pruebas, que no se descartaba la participación de más personas –y hasta podrían ser de miembros de la fuerzas de seguridad- y que es un hecho que generó mucha conmoción en la opinión pública.

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El fiscal federal Fernando Alcaraz investiga el asesinato de Diego Aliaga.

El fiscal federal Fernando Alcaraz investiga el asesinato de Diego Aliaga.

La Cámara Federal de Apelaciones le dio la derecha al fiscal el 16 de octubre de 2020 considerando que la decisión del juez Garnica había sido prematura.

La defensa de Barrera y su familia llevaron la discusión hasta la Corte nacional el 19 de noviembre siguiente, pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Es por esto que el viernes pasado volvieron a presentar un escrito ante el juez Marcelo Garnica. Alegaron que ya han pasado casi 10 meses de investigación y que hace 2 meses que al expediente sólo se incorporan informes policiales.

Pero también relacionaron el caso Aliaga con la causa de las coimas federales, donde justamente Diego Aliaga sería uno de los punteros de juez Walter Bento para gestionar los sobornos a cambio de favores a presos. Los abogados plantearon que “la opinión pública sobre el caso ha cambiado ya que no tiene más la imagen de empresario. No podemos hablar de conmoción social. ¿Qué alarma social se puede transmutar de una familia que se codeaba con criminales de una red corrupción?”.

Pese a los planteos, este martes el juez Garnica rechazó el pedido ya que consideró que la misma discusión está todavía por resolverse en la Corte nacional, por lo que por el momento la causa seguirá en manos del fiscal federal Alcaraz.

Más allá de lo legal, la discusión sobre la competencia no es un tema menor. No sólo porque el caso Aliaga destapó la causa de las coimas en un ambiente tan cerrado como la Justicia Federal, sino porque Diego Barrera ya adelantó que ampliará su declaración sobre la forma y el motivo por el cual mató a Diego Aliaga una vez que se resuelva qué juez debe entender el caso.

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Diego Barrera tiene un rol clave en el caso Aliaga y en la causa de las coimas federales.

Diego Barrera tiene un rol clave en el caso Aliaga y en la causa de las coimas federales.

Caso Aliaga

El 28 de julio pasado, Diego Aliaga salió de su casa ubicada en el barrio Palmares a bordo de una camioneta que le había prestado un vecino. Según los datos que recabaron los pesquisas, el hombre se iba a reunir con su socio Diego Barrera en una propiedad ubicada en Rodeo de la Cruz pero nunca volvió. Al día siguiente, Gonzalo, hermano de Diego Aliaga, recibe un llamado extorsivo en la que le pidieron un millón de dólares como rescate pero los supuestos secuestradores nunca volvieron a llamar.

Con el avance del caso Aliaga las pruebas apuntaron contra Barrera -quien luego confesó haber cometido el hecho-, su pareja Bibiana Sacolle, sus hijos Lucas y Gastón Curi, y un empleado de la familia, Yamil Rosales.

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